Ciudad de México, 03/10/26 (Más).- La confrontación política en México ha registrado en los últimos años episodios de descalificaciones, amenazas, intimidaciones, enfrentamientos entre legisladores, ataques contra periodistas y agresiones simbólicas, con casos que han ocurrido en conferencias de prensa, redes sociales, el Congreso, espacios públicos y durante movilizaciones.
De acuerdo con información publicada en medios nacionales y en redes sociales, durante las últimas semanas se han acumulado distintos episodios que muestran las diferentes formas que ha adquirido la confrontación política, desde mensajes considerados amenazantes hasta denuncias de intimidación y actos de violencia simbólica. El organismo electoral ha señalado que las amenazas, agresiones e intimidaciones forman parte de las conductas denunciadas en materia de violencia política.
Uno de los antecedentes de esta discusión se encuentra en las conferencias matutinas del expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde durante su administración se realizaron señalamientos contra opositores, periodistas, organizaciones civiles y miembros del Poder Judicial. La sección “Quién es quién en las mentiras” se convirtió en uno de los espacios recurrentes para responder a publicaciones periodísticas y confrontar a voces críticas.
En esas conferencias se utilizaron expresiones como “conservadores”, “corruptos”, “traidores” y “partido del dinero” para identificar a sectores considerados adversarios. Los mensajes fueron posteriormente reproducidos en redes sociales, donde el intercambio político incorporó publicaciones, memes, acusaciones y expresiones agresivas contra distintas figuras.
El tema también llegó a los tribunales. Un Tribunal Colegiado de Circuito determinó que determinadas prácticas relacionadas con “Quién es quién en las mentiras” vulneraron derechos constitucionales de comunicadores y advirtió sobre los riesgos de utilizar recursos públicos para denostar a personas disidentes. El pronunciamiento colocó nuevamente en el debate la responsabilidad de los funcionarios al referirse públicamente a periodistas y críticos.
Las expresiones de confrontación también derivaron en amenazas contra integrantes del Poder Judicial. En el caso de la entonces presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, circuló en X una publicación en la que aparecía su fotografía bajo la leyenda “el problema”, acompañada de la imagen de una bala con el mensaje “la solución”.
La publicación provocó el rechazo de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces (JUFED), que la consideró un acto de incitación a la violencia. Días después, durante un mitin en el Zócalo, manifestantes fabricaron y prendieron fuego a una efigie de Piña Hernández. El Ejecutivo se deslindó de las amenazas difundidas en redes sociales y planteó que algunas podían provenir del propio Poder Judicial o de sectores de la oposición.
En el ámbito legislativo, uno de los episodios más recientes ocurrió en septiembre, cuando el senador de Morena por Coahuila, Luis Fernando Salazar, publicó un mensaje dirigido al periodista Enrique Acevedo después de la difusión de un reportaje sobre la senadora con licencia Julieta Ramírez. Salazar escribió “vamos a ir tras de ti”, además de calificar al periodista como “vulgar mentiroso” y “corriente”. Posteriormente eliminó la publicación.
El senador explicó después que la expresión se refería a recurrir a las vías legales y ofreció una disculpa pública. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó la forma en que se expresó y señaló que un servidor público puede discrepar de un periodista o de un medio, pero que no deben utilizarse palabras que puedan interpretarse como amenazas.
El episodio generó además reacciones dentro de Morena y del Partido del Trabajo. El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, planteó que el partido debía sancionar al senador si correspondía, mientras que Reginaldo Sandoval también se pronunció contra las amenazas a periodistas. Artículo 19 pidió al legislador recibir capacitación en derechos humanos y abstenerse de expresiones amenazantes hacia comunicadores.
La confrontación verbal también se presentó entre legisladores. Durante la glosa del segundo informe presidencial, la senadora del PRI Paloma Sánchez confrontó al senador Enrique Inzunza y lo responsabilizó de la violencia en Sinaloa. La discusión subió de tono cuando la priista colocó frente al escaño del legislador varias carpetas relacionadas con sus señalamientos y uno de los documentos terminó en el piso después de que el morenista Alfonso Cepeda Salas lo arrojara.
En otro episodio reciente, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que comenzaría a grabar y exhibir públicamente a personas que lo confrontaran o increparan en lugares públicos. La decisión ocurrió después de que fuera increpado en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde personas le gritaron “corrupto” y “fuera Morena”. Noroña dijo que no emprendería acciones legales contra las jóvenes involucradas, pero que documentaría futuras confrontaciones para que la ciudadanía pudiera conocer las distintas versiones.
Otro frente de confrontación se ha desarrollado mediante publicaciones partidistas en redes sociales. En septiembre, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó retirar publicaciones realizadas por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, el propio partido y otros integrantes de esa fuerza política, luego de que Morena denunciara expresiones como “narcogobierno”, “narcopartido”, “narcoestado”, “narcopolíticos”, “mafiosos” y “Morenacos”. El organismo determinó de manera preliminar que algunas de esas expresiones podían constituir imputaciones de hechos o delitos falsos al no existir pruebas o sentencia que acreditaran tales afirmaciones.
La discusión sobre la violencia política también ha llegado directamente al INE. En una sesión de septiembre, el organismo reportó que entre las conductas denunciadas se encontraban ataques en redes sociales, ataques en medios de comunicación, amenazas, intimidación, agresiones y obstaculización del ejercicio de funciones. En el periodo revisado se registraron 84 personas sancionadas, 71 hombres y 13 mujeres, mientras que las denuncias involucraban a diputadas, una senadora, servidoras públicas, una militante y una consejera electoral.
El propio INE ha advertido que la violencia y las amenazas representan un riesgo para el desarrollo de los procesos electorales. Durante una sesión del 29 de septiembre, representantes partidistas plantearon que el Estado debe contar con mecanismos para evitar que organizaciones criminales puedan intimidar a quienes participan en política, condicionar candidaturas o alterar las condiciones de competencia. En esa misma sesión se expuso el caso de la dirigente panista de Tabasco, Kathia María Bolio Pinelo.
Bolio Pinelo denunció haber recibido llamadas telefónicas con amenazas contra ella y sus familiares después de sus críticas contra los hijos del expresidente López Obrador y contra el gobierno de Tabasco. El representante del PAN ante el INE, Víctor Hugo Sondón Saavedra, informó que la dirigente presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y solicitó medidas de protección.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco señaló que serán las autoridades judiciales las encargadas de investigar las amenazas, aunque explicó que el organismo cuenta con convenios con instituciones de seguridad para gestionar medidas de protección para actores políticos que las requieran. El caso fue presentado ante el INE como un asunto relacionado con las condiciones de seguridad de la participación política.
La violencia contra periodistas también aparece relacionada con disputas políticas fuera de la Ciudad de México. En Yucatán, la Fiscalía General de la República abrió una investigación por la agresión y amenazas contra el reportero Alexis Uicab Pantí, quien había publicado una nota de crítica política relacionada con aspiraciones electorales en el municipio de Dzidzantún. El comunicador denunció una agresión física y amenazas de muerte, mientras que el caso fue canalizado a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.
En Oaxaca, el periodista Rey David Jiménez García, director de un medio digital de Salina Cruz, recibió protección temporal después de denunciar amenazas de muerte relacionadas con sus publicaciones sobre un alcalde. El gobierno estatal le asignó protección durante 60 días mientras se determinaba su incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La confrontación también se manifestó recientemente en el Complejo Cultural Los Pinos, donde extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro participaron en una protesta contra Felipe Calderón. Durante la movilización fue dañada una estatua de bronce del expresidente y se desprendió la cabeza de la figura. El hecho ocurrió después de que Calderón participara en el Foro América Libre y realizara críticas contra el gobierno de Morena.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la acción contra la estatua y también la forma en que los manifestantes ingresaron a Los Pinos. Señaló que podía comprender el enojo de los extrabajadores por la extinción de Luz y Fuerza del Centro, pero sostuvo que los actos violentos no deben justificarse. Ricardo Monreal, en cambio, describió la acción como una “manifestación popular” y una “expresión popular”.
Felipe Calderón calificó el ataque contra su estatua como un delito y vinculó el episodio con un ambiente de violencia y hostigamiento hacia quienes piensan diferente. El caso generó además una discusión sobre los límites de la protesta y la manera en que los símbolos de personajes políticos son utilizados durante movilizaciones.
Los distintos episodios han generado respuestas que no siempre coinciden entre integrantes de una misma fuerza política. Mientras algunos legisladores han condenado amenazas o agresiones y pedido sanciones, otros han interpretado determinados actos como expresiones de protesta. En otros casos, los propios protagonistas han eliminado publicaciones, ofrecido disculpas o aclarado el sentido de sus expresiones después de recibir críticas.
El escenario también se ha trasladado a las instituciones electorales, donde las publicaciones en redes sociales forman parte de procedimientos y solicitudes de medidas cautelares. El INE ha señalado que la rapidez con la que se difunden los contenidos digitales representa un reto adicional para atender denuncias de violencia política y determinar cuándo una expresión rebasa los límites de la libertad de expresión.
Así, la confrontación política ha acumulado episodios de distinta naturaleza: señalamientos desde tribunas oficiales, ataques y amenazas en redes sociales, enfrentamientos verbales entre legisladores, intimidaciones denunciadas por dirigentes partidistas, agresiones contra periodistas y actos contra símbolos políticos. Los casos no tienen necesariamente el mismo origen ni involucran a los mismos actores, pero forman parte del debate actual sobre la manera en que se desarrolla la disputa política en México.
El inicio del proceso electoral federal 2026-2027 añade otro elemento a esta discusión. El INE ha advertido que las condiciones de seguridad de candidaturas, dirigentes, autoridades electorales y ciudadanos forman parte de la integridad del proceso, particularmente frente a amenazas, violencia, financiamiento ilícito o posibles intentos de grupos criminales de intervenir en la competencia electoral.
La suma de estos casos mantiene en el centro del debate la relación entre discurso político, libertad de expresión, confrontación partidista, seguridad de periodistas y actores políticos y condiciones para la participación electoral, en un escenario donde las diferencias entre adversarios han encontrado distintos espacios de expresión, desde el Congreso y las conferencias de prensa hasta las redes sociales y las calles.
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