Ciudad de México, 14/09/26 (Más).- La Autoridad Investigadora de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) inició una investigación para determinar si existen posibles prácticas anticompetitivas o un abuso de poder de mercado en el futbol profesional mexicano, en particular por las condiciones relacionadas con el ascenso y descenso entre la Liga MX y la Liga de Expansión MX.
De acuerdo con información de Infobae, la autoridad llevaba varios meses monitoreando reportes periodísticos y denuncias de aficionados sobre posibles conductas que podrían afectar la competencia en el futbol mexicano. La apertura de la indagatoria ocurrió aproximadamente un mes después de que Jorge Álvarez Máynez presentó una solicitud ante la CNA para analizar el tema.
La Comisión Nacional Antimonopolio no ha precisado cuáles son los hechos específicos que motivaron el inicio del procedimiento ni ha confirmado si la investigación incluye otros asuntos relacionados con la estructura de la Liga MX.
Uno de los temas que podría ser analizado es la eliminación o suspensión indefinida del ascenso y descenso entre las principales categorías del futbol mexicano. La controversia aumentó después de declaraciones de Francisco Iturbide Cera, presidente ejecutivo de la Liga MX, quien reconoció que el modelo deportivo planteado por la Federación Mexicana de Futbol contempla una “liga cerrada de franquicias”.
A partir de esa situación, Álvarez Máynez solicitó a la autoridad revisar posibles actos monopólicos y eventuales violaciones a principios de competencia derivados de la desaparición del sistema que permite a los clubes ascender a la Primera División o descender a una categoría inferior.
El ex candidato presidencial y actual coordinador nacional de Movimiento Ciudadano argumentó que mantener una Liga MX sin ascenso y descenso podría representar una barrera de entrada para otros clubes, inversionistas e instituciones interesadas en competir en la máxima categoría del futbol mexicano.
De acuerdo con el planteamiento presentado ante la CNA, esta situación también podría tener efectos sobre jugadores, patrocinadores, proveedores y aficionados, debido a las restricciones que implicaría para otros participantes acceder a la Primera División.
Otro asunto que podría estar relacionado con la indagatoria es la multipropiedad, esquema mediante el cual una misma persona o grupo empresarial mantiene participación en más de un club dentro de la competencia profesional.
Después de la reciente venta del Atlas, los casos que permanecerían bajo este modelo serían los de Pachuca y León, pertenecientes al mismo grupo propietario. Sin embargo, la Comisión Nacional Antimonopolio no ha confirmado que la multipropiedad forme parte de la investigación actualmente abierta.
La autoridad aclaró que el inicio del procedimiento no significa que haya determinado la existencia de prácticas monopólicas ni que haya establecido responsabilidad contra la Liga MX o algún otro agente económico.
La investigación busca determinar si existen prácticas monopólicas relativas que puedan vulnerar disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica. Para ello, la autoridad podrá solicitar información, realizar visitas de verificación, citar a personas para declarar y efectuar las diligencias que considere necesarias.
El procedimiento tendrá una duración inicial de entre 30 y 120 días hábiles. Este periodo podrá ampliarse hasta en tres ocasiones por lapsos de hasta 120 días hábiles cada uno, conforme avance la investigación y las necesidades de la autoridad.
Durante el periodo de indagatoria, cualquier persona podrá aportar información que considere relevante para el análisis de las posibles conductas anticompetitivas. La información será valorada por la autoridad dentro del procedimiento correspondiente.
En caso de que la investigación y un eventual procedimiento posterior acrediten la existencia de una conducta contraria a la legislación de competencia económica, el Pleno de la Comisión Nacional Antimonopolio podrá imponer sanciones de hasta 10 por ciento de los ingresos anuales de los responsables.
Además de las sanciones económicas, la autoridad podría ordenar la corrección o eliminación de las prácticas que eventualmente sean consideradas contrarias a la competencia.
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