Opera y ataca con drones el CJNG en 5 estados

Ciudad de México, 26/08/26 (Más).- El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene una unidad especializada en el uso de drones que ha ampliado su presencia a por lo menos cinco estados del país, donde estos dispositivos han sido empleados para labores de vigilancia y para ejecutar ataques contra fuerzas de seguridad, vehículos y edificios.

La célula ha sido identificada en Michoacán, Guanajuato, Chihuahua, Jalisco y Baja California.

De acuerdo con información publicada por Infobae, Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime, explicó que el CJNG no desarrolla drones propios, sino que adapta equipos disponibles en el mercado para incorporarlos a sus operaciones criminales.

Esa capacidad de modificación y despliegue ha permitido al grupo utilizar tecnología comercial en distintos escenarios de confrontación.

El investigador señaló que los aparatos han sido empleados para transportar y lanzar artefactos explosivos contra instalaciones y posiciones de cuerpos policiales, así como contra agentes que se desplazan en vehículos.

También refirió un episodio en el que un helicóptero del Ejército fue alcanzado durante un ataque que combinó disparos con un artefacto explosivo improvisado transportado por un dron.

La evolución de estas operaciones no se limita al empleo de explosivos convencionales. McDermott recordó incidentes registrados en Michoacán en los que drones transportaron dispositivos con sustancias químicas que provocaron afectaciones respiratorias entre habitantes, lo que muestra una diversificación en las formas en que este tipo de tecnología puede ser utilizada por organizaciones delictivas.

Uno de los puntos que más preocupa a especialistas es la rapidez con la que el CJNG ha incorporado equipos de uso comercial a sus actividades.

La disponibilidad de drones en el mercado reduce las barreras para adquirirlos y modificarlos, mientras que la difusión de conocimientos técnicos facilita que otras organizaciones, incluso con menores recursos, puedan replicar prácticas similares.

InSight Crime había documentado desde 2025 la existencia de una célula identificada como Operadores Droneros, especializada en el manejo de estos aparatos y de artefactos explosivos. Según esa investigación, la unidad comenzó sus actividades alrededor de 2020 y concentró inicialmente sus ataques en Jalisco y Michoacán, principalmente contra grupos rivales y comunidades ubicadas en zonas disputadas.

Con el paso del tiempo, el uso de drones fue incorporado a las confrontaciones por el control territorial. La organización no sólo habría empleado los dispositivos como herramientas ofensivas, sino también como un elemento propagandístico, ya que algunos ataques fueron difundidos en redes sociales para exhibir su capacidad operativa e intimidar tanto a grupos rivales como a poblaciones de las zonas donde mantiene presencia.

Los integrantes de esa unidad fueron identificados además por el uso de un parche circular con una calavera, el nombre de Operadores Droneros y las siglas CJNG.

La investigación de 2025 ubicaba ataques con artefactos explosivos improvisados principalmente en Michoacán, Chihuahua y Guanajuato, mientras que la información más reciente amplía la operación de esta estructura a Jalisco y Baja California.

La expansión de los drones con fines criminales ya no estaría limitada al CJNG.

McDermott señaló antecedentes de su utilización por parte de Cárteles Unidos y Los Ardillos, lo que evidencia que esta tecnología comienza a extenderse hacia organizaciones de menor tamaño y con recursos más limitados.

La disponibilidad comercial de los aparatos y el acceso a información sobre su modificación permiten que sean utilizados para distintas tareas. Además de servir como plataforma para transportar explosivos, pueden emplearse en vigilancia y reconocimiento, con lo que los grupos delictivos pueden observar movimientos de las fuerzas de seguridad, vigilar rutas, proteger posiciones y ubicar objetivos antes de realizar un ataque.

Esta capacidad representa un desafío adicional para las autoridades porque la tecnología evoluciona de manera constante. Conforme aparecen equipos con mayor alcance, autonomía o capacidad de carga, las organizaciones criminales pueden incorporar nuevas funciones sin necesidad de desarrollar sistemas desde cero, aprovechando productos inicialmente diseñados para actividades civiles.

Ante ese escenario, México y Estados Unidos han comenzado a reforzar su cooperación en materia de drones y sistemas antidrones.

De acuerdo con InSight Crime, ambos gobiernos firmaron el 17 de agosto una declaración de intenciones destinada a profundizar la colaboración tecnológica frente al uso criminal de estos dispositivos.

Como parte de ese entendimiento, Estados Unidos permitirá que el sector de Defensa mexicano tenga acceso a una plataforma digital de adquisiciones del Ejército estadounidense para obtener sistemas aéreos no tripulados y equipos diseñados para detectarlos, interferirlos o neutralizarlos.

McDermott explicó que la estrategia mexicana mantiene diferencias frente a la aplicada en países como Colombia, donde se han planteado mecanismos de mayor escala para enfrentar drones empleados por organizaciones armadas. En México, la respuesta contempla tanto herramientas tecnológicas como disposiciones legales dirigidas a perseguir el uso ilícito de drones y explosivos.

Sin embargo, uno de los principales obstáculos es que estos dispositivos tienen múltiples aplicaciones legales y se encuentran ampliamente disponibles en el mercado. Esa característica dificulta restringir de manera generalizada su comercialización y obliga a las autoridades a concentrarse en detectar su utilización con fines delictivos y fortalecer los mecanismos de respuesta.

El análisis de InSight Crime advierte finalmente que neutralizar drones no significa desarticular a las organizaciones criminales que los emplean. Estos aparatos constituyen sólo una herramienta adicional dentro de estructuras que los utilizan para proteger negocios ilícitos, disputar territorios y enfrentar a las autoridades, por lo que el reto para el Estado incluye tanto contener los ataques como anticiparse a la velocidad con la que los grupos criminales adoptan nuevas tecnologías.