Resolverán tribunales futuro de menores en redes sociales

Gobiernos y tribunales de distintos países analizan cómo reducir los riesgos que enfrentan niños y adolescentes en redes sociales sin vulnerar derechos como la libertad de expresión. Mientras Estados Unidos revisa mediante litigios las prácticas de plataformas como Meta, países como Francia y Australia han ensayado restricciones de acceso por edad con resultados y cuestionamientos distintos

Ciudad de México, 22/08/26 (Más).- El debate internacional sobre cómo proteger a niños y adolescentes de los posibles efectos perjudiciales de las redes sociales ha llegado a los tribunales, donde distintas autoridades analizan dos caminos principales: establecer obligaciones y controles para las plataformas o restringir directamente el acceso de los menores de edad.

De acuerdo con información de El País, un Eurobarómetro publicado en julio señala que 72 por ciento de los padres consultados manifiesta preocupación por los contenidos que consumen sus hijos en internet, mientras gobiernos y tribunales de distintos países han comenzado a adoptar medidas frente al uso de las plataformas digitales por parte de menores.

Uno de los procesos más relevantes se desarrolla en Estados Unidos, donde Meta enfrenta un juicio relacionado con el impacto de Facebook e Instagram en la salud de niños y adolescentes. El procedimiento busca determinar si la compañía conocía los posibles efectos de sus plataformas sobre los jóvenes y si utilizó mecanismos destinados a incrementar el tiempo que permanecían conectados.

Entre las características cuestionadas de las redes sociales se encuentran el desplazamiento o scroll infinito, los sistemas de recomendación, las notificaciones constantes y los mecanismos diseñados para mantener la atención de los usuarios. Estas herramientas forman parte de la arquitectura de plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y X.

Durante los últimos años, Meta y otras compañías tecnológicas han enfrentado litigios, acuerdos extrajudiciales e indemnizaciones relacionados con sus productos y con la protección de los menores. También han creado modalidades de cuentas para adolescentes con mayores restricciones, aunque los mecanismos fundamentales de funcionamiento de las plataformas se mantienen.

Frente a la dificultad de modificar estas características, algunos gobiernos han optado por restringir el acceso de los menores. Francia y Australia han adoptado medidas en esa dirección, mientras alrededor de una docena de países, entre ellos España, han trabajado en iniciativas para establecer límites de edad para el uso de redes sociales.

En Francia, sin embargo, el Consejo Constitucional anuló recientemente una ley promovida por el gobierno de Emmanuel Macron que establecía la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 15 años. El tribunal consideró que la medida implicaba una vulneración desproporcionada de la libertad de expresión.

La decisión francesa abrió una discusión sobre los alcances de las restricciones por edad. La socióloga especializada en sociedad digital Liliana Arroyo señaló que el fallo no cuestiona el objetivo de proteger a los menores, sino el mecanismo utilizado para conseguirlo, al considerar que una prohibición general puede limitar derechos vinculados con la expresión y la comunicación.

En España, las redes sociales forman parte de las principales vías de relación entre los jóvenes. El 79 por ciento de las personas de entre 15 y 29 años afirma utilizarlas de manera masiva para relacionarse, informarse y entretenerse, de acuerdo con los datos citados en el análisis.

Las plataformas también pueden desempeñar una función de conexión social para adolescentes que se sienten aislados por su ubicación, intereses, características personales o circunstancias sociales. En esos espacios pueden encontrar personas con experiencias similares o acceder a perspectivas diferentes.

El debate también está relacionado con el aumento de los problemas de salud mental entre adolescentes. Las tasas de depresión y ansiedad en este grupo de población han aumentado 50 por ciento desde 2010, mientras que las tasas de suicidio registraron un incremento de 32 por ciento, de acuerdo con las cifras referidas por El País.

La coincidencia temporal entre el aumento de estos problemas y la expansión de los teléfonos inteligentes y las redes sociales ha generado numerosos estudios sobre una posible relación. Sin embargo, la información disponible no permite establecer una relación causal única, por lo que existe una discusión entre especialistas sobre si el problema está en las redes sociales en sí mismas, en sus contenidos o en los mecanismos utilizados para captar y mantener la atención.

Durante el juicio contra Meta, la fiscalía de California sostuvo que la empresa conocía características del desarrollo cerebral de los jóvenes, incluida su sensibilidad a la aprobación social y sus dificultades para controlar impulsos, y que utilizó ese conocimiento para incrementar su permanencia en las plataformas.

Otro de los obstáculos para establecer prohibiciones generales es definir qué servicios deben ser considerados redes sociales. El experto en Derecho y Estrategia Digital Borja Adsuara Varela señaló que plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y X entran claramente en esa categoría, pero que servicios de mensajería como WhatsApp o videojuegos con sistemas de comunicación también pueden cumplir funciones similares.

La experiencia australiana muestra además las dificultades para hacer cumplir restricciones de este tipo. Cuatro meses después de la prohibición para menores, casi dos tercios de los usuarios de entre 12 y 15 años consultados afirmaron haber recuperado el acceso mediante distintos mecanismos, como proporcionar fechas de nacimiento falsas, utilizar redes privadas virtuales o recurrir al reconocimiento facial de personas mayores.

Otros adolescentes migraron hacia plataformas que no estaban sujetas a las mismas restricciones o que operaban desde otros países. El desplazamiento puede generar, según especialistas, el efecto contrario al buscado por las autoridades, al llevar a menores hacia espacios digitales con menor supervisión o regulación.

Ante este escenario, una de las alternativas planteadas consiste en trasladar parte de la regulación desde los usuarios hacia las empresas tecnológicas, mediante obligaciones relacionadas con el diseño de los productos, los algoritmos de recomendación, la protección de datos y los mecanismos para prevenir conductas adictivas.

El debate también involucra a las familias. Adsuara sostiene que las responsabilidades no pueden recaer exclusivamente en los gobiernos o en las compañías tecnológicas, ya que los padres también tienen un papel en la supervisión del uso que los menores hacen de internet.

Los procesos judiciales abiertos en Estados Unidos y Francia pueden influir en la manera en que otros países definan sus políticas sobre redes sociales y menores. Mientras una vía busca modificar las prácticas de las plataformas para hacerlas más seguras, otra pretende limitar el acceso por edad, una diferencia que ahora comienza a ser delimitada por tribunales y autoridades constitucionales.