Suspenden jueces por “diferencia de criterio”

El ministro en retiro Javier Laynez Potisek se refiere a la actuación del Tribunal de Disciplina Judicial. Critica las facultades inatacables de organismo que sanciona a juzgadores

Ciudad de México, 11/08/26 (Más).- El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, afirmó que el Tribunal de Disciplina Judicial ya ha suspendido a jueces por decisiones que, desde su perspectiva, corresponden a diferencias de criterio jurídico, situación que puede generar un efecto inhibidor entre juzgadores.

De acuerdo con información de Aristegui Noticias, Laynez señaló que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial cuenta con atribuciones para fincar responsabilidades y suspender a jueces y magistrados cuando considere que alguna de sus resoluciones es contraria al interés general o al orden público, conceptos que calificó como jurídicamente indeterminados.

El ministro en retiro explicó que durante la discusión de la reforma judicial se puso mayor atención al mecanismo para elegir a jueces, magistrados y ministros, mientras que las facultades otorgadas al Tribunal de Disciplina recibieron menor análisis. A su juicio, estas atribuciones pueden intervenir en decisiones que deberían corresponder al ámbito de interpretación jurídica de cada juzgador.

Laynez mencionó que ya se han presentado casos de jueces suspendidos por resoluciones que posteriormente fueron recurridas ante tribunales colegiados. Entre ellos, señaló el de un juzgador que concedió una suspensión o amparo relacionado con la prisión preventiva oficiosa.

También refirió el caso de un juez que redujo una sanción penal dentro de un procedimiento abreviado. Según explicó, la decisión era jurídicamente posible y el juzgador había mantenido diferencias de criterio con la Fiscalía, mientras que algunas de sus resoluciones habían sido confirmadas por tribunales colegiados.

Posteriormente, otras dos resoluciones fueron revocadas por tribunales colegiados y, después de una queja presentada por la Fiscalía, el juez fue suspendido.

Laynez consideró que el caso corresponde a una diferencia de interpretación jurídica y cuestionó que un órgano distinto a una instancia jurisdiccional pueda sancionar a un juez por la decisión que adoptó inicialmente.

El ministro en retiro señaló que el Observatorio de la Justicia ha comenzado a identificar y documentar alrededor de cuatro casos de este tipo durante el primer año de vigencia de la reforma judicial. Aunque reconoció que numéricamente no representan una cantidad elevada, sostuvo que adquieren relevancia por el posible efecto que pueden producir entre otros jueces y magistrados.

Afirmó que los juzgadores pueden observar estos procedimientos y preguntarse qué consecuencias enfrentarían si adoptan una interpretación jurídica que posteriormente sea considerada incorrecta por otra instancia. En su opinión, esa posibilidad puede generar que los integrantes del Poder Judicial actúen con mayor cautela al resolver determinados asuntos.

Laynez también cuestionó que las resoluciones del Tribunal de Disciplina Judicial sean definitivas e inatacables. Recordó que anteriormente existían mecanismos para impugnar determinadas sanciones del entonces Consejo de la Judicatura Federal y, en algunos casos, los asuntos podían llegar a la Suprema Corte.

Según el jurista, la propia SCJN había establecido que una diferencia de interpretación jurídica no podía convertirse por sí misma en motivo para destituir a un juzgador. Consideró que la ausencia de mecanismos similares de defensa representa un cambio relevante en el funcionamiento de la disciplina judicial.

El ministro en retiro también señaló que la actual Suprema Corte ha dado vista al Tribunal de Disciplina en al menos tres asuntos para que se proceda contra integrantes de tribunales colegiados. Uno de los casos mencionados estuvo relacionado con una sentencia de la ministra Loretta Ortiz sobre los derechos de una persona con discapacidad.

En ese expediente, un tribunal colegiado había respaldado la posición del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) respecto a la obligación de proporcionar un aparato que no estaba contemplado dentro de su cobertura. La Suprema Corte modificó esa decisión y determinó que debía garantizarse el apoyo correspondiente a la persona con discapacidad.

Durante la discusión de la sentencia se incorporó un resolutivo para dar vista al Tribunal de Disciplina debido a afirmaciones consideradas discriminatorias en la resolución del tribunal colegiado. Laynez recordó que algunos ministros se opusieron a esa determinación, aunque finalmente fue aprobada por mayoría.

El ministro en retiro sostuvo que este tipo de actuaciones también puede generar un efecto inhibidor, debido a que una instancia superior podría remitir al Tribunal de Disciplina decisiones de órganos jurisdiccionales cuando exista desacuerdo con la manera en que resolvieron un asunto.

Respecto a la implementación de la reforma judicial en los estados, Laynez señaló que el proceso aún no ha concluido en todas las entidades. Mencionó que Querétaro y Nuevo León analizan establecer filtros para que los aspirantes a cargos judiciales acrediten previamente conocimientos y capacidades mediante exámenes.

Aclaró que estos mecanismos no sustituirían la elección popular de juzgadores, debido a que esta se encuentra establecida en la Constitución, sino que funcionarían como una acreditación previa para determinar la idoneidad de quienes puedan llegar a las boletas electorales.

Sin embargo, Laynez mantuvo sus críticas al mecanismo de elección popular y sostuvo que las campañas pueden generar compromisos entre candidatos y personas, instituciones públicas o privadas que los respalden. Consideró que el periodo previo a las siguientes elecciones, previstas para 2028, debe utilizarse para evaluar el funcionamiento del nuevo modelo y documentar sus efectos.

El ministro en retiro calificó la reforma judicial como un error histórico y sostuvo que sus consecuencias podrían tardar años en corregirse debido a la salida de cientos de perfiles profesionales que habían desarrollado carreras dentro del Poder Judicial.

También consideró que la reforma no atendió el principal problema identificado previamente en el sistema de justicia mexicano: el ámbito local. Señaló que ahí se concentra la mayoría de los asuntos que afectan directamente a la población, incluidos homicidios, feminicidios, violencia intrafamiliar y una parte importante de los procesos civiles y familiares.

Laynez recordó que 8 de cada 10 delitos corresponden al fuero local y señaló como problemas pendientes la atención en las fiscalías, la preparación de los ministerios públicos, los recursos disponibles, los salarios de los policías y las condiciones de los poderes judiciales estatales.

Sobre la antigua Suprema Corte, rechazó los señalamientos de que hubiera ocultado expedientes para favorecer fiscalmente al empresario Ricardo Salinas Pliego. Afirmó que un análisis de las resoluciones del máximo tribunal mostraría que los asuntos fiscales del empresario y de otros grupos fueron resueltos conforme a los argumentos jurídicos planteados en cada caso.

Reconoció que algunos expedientes pudieron permanecer durante periodos prolongados sin resolución y mencionó asuntos en los que el entonces ministro Luis María Aguilar fue ponente. Explicó que Aguilar había optado por acumular diversos casos fiscales que estaban llegando a la Corte para resolverlos conjuntamente.

Laynez consideró que esa decisión pudo haber sido un error político porque posteriormente generó la percepción de que los expedientes se mantenían “en el cajón”, pero negó que hubiera existido una estrategia para beneficiar al grupo empresarial.

Finalmente, al referirse a la actual integración de la Suprema Corte, Laynez señaló que uno de sus principales retos es la falta de experiencia acumulada de la mayoría de sus integrantes. Explicó que anteriormente la llegada de uno o dos ministros nuevos permitía que estos se apoyaran en integrantes con una trayectoria de 10 o 15 años dentro del máximo tribunal.

Mencionó que Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz ya contaban con experiencia previa, aunque consideró que la actual integración enfrenta una curva de aprendizaje distinta debido al número de ministros que ingresaron recientemente.

Laynez también cuestionó algunas decisiones institucionales de la nueva Corte y sostuvo que su conducción debe establecer una dirección que permita enfrentar los problemas y evitar situaciones que puedan afectar su imagen pública. Consideró que el nuevo modelo requiere seguimiento y evaluación antes de las elecciones judiciales de 2028.