Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 29/07/26 (Más).- A una semana de la muerte de Rocky, el caso originado en Saltillo continúa entre las conversaciones sociales de mayor alcance surgidas recientemente en Coahuila, pero ahora la exigencia de castigo se concentra en la llamada ley Rocky, nombre con el que activistas, funcionarios y usuarios promueven penas más altas contra el maltrato animal.
La propuesta ha prolongado la viralidad mediante videos que acumulan, solamente en dos publicaciones de Instagram, alrededor de 82 mil reacciones y más de 7 mil comentarios.
El reel difundido por el activista Arturo Islas registraba aproximadamente 65 mil “Me gusta” y 5 mil 190 comentarios, mientras que el mensaje del secretario general de Gobierno de Nuevo León, Miguel Ángel “Mike” Flores Serna, sumaba cerca de 17 mil reacciones y mil 829 comentarios. Una versión del video de Flores en Facebook aparecía además con alrededor de 1.2 millones de reproducciones.
La publicación compartida por el usuario de Facebook La Ranita de Nogales es una amplificación del video original de Arturo Islas, quien resume la campaña con un llamado a imponer penas más severas. El mensaje pasó así de exigir justicia por un perro agredido en Saltillo a promover una modificación penal, pero no en Coahuila, donde ocurrió el penoso caso de Rocky, sino en Nuevo León.
En el otro video proporcionado, Flores Serna sostiene: que Rocky dio una lección y asegura que la iniciativa busca establecer penas más severas, inmediatas y reales, con castigos que llegarían hasta 12 años de prisión. El funcionario presenta la protección animal no sólo como un asunto de bienestar, sino de seguridad pública, al argumentar que prevenir la violencia contra los animales también puede ayudar a detectar y reducir otras formas de violencia.
Formalmente, el paquete de reformas fue presentado el 23 de julio por Miguel Ángel Flores Serna ante el Congreso de Nuevo León. Lo acompañaron la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, y los activistas Arturo Islas Allende, Alexs Ventura y José Alberto Velázquez. El Gobierno de Nuevo León informó que se entregaron dos iniciativas, una para reformar el Código Penal y otra para crear un registro público de agresores de animales.
La reforma penal propuesta por el Gobierno plantea castigar de uno a tres años de prisión el maltrato o la crueldad animal y elevar la sanción hasta cinco años cuando esas conductas provoquen la muerte. También pretende crear una figura distinta denominada “abuso animal”, aplicable cuando exista dolo, brutalidad, maldad, sufrimiento extremo o agonía prolongada. En ese supuesto, la pena sería de dos a ocho años y podría llegar hasta 12 años cuando el animal muera.
Además, propone castigar con seis meses a dos años de cárcel el abandono de animales y crear un registro estatal de maltratadores y agresores animales, que incluiría a personas con sentencia firme; su finalidad sería dar seguimiento a los agresores, impedir que vuelvan a tener animales y reducir la reincidencia.
El aumento sería considerable respecto de las reglas vigentes en Nuevo León. Actualmente, su Código Penal establece de seis meses a tres años de cárcel por maltrato o crueldad animal y de seis meses a cuatro años cuando se provoca la muerte.
La legislación ya contempla la pérdida de derechos sobre los animales y la inhabilitación para trabajar en lugares relacionados con su manejo, pero la propuesta ampliaría las prohibiciones y crearía un delito agravado de abuso animal.
Sin embargo, la revisión de las publicaciones y notas sobre el tema muestra que bajo el nombre de ley Rocky circula también otra iniciativa ciudadana, presentada por Rodrigo Zepeda como vocero de diversas asociaciones.
Ese proyecto contiene diez modificaciones al Código Penal y propone elevar hasta ocho años la pena cuando el maltrato provoque la muerte, así como inhabilitar a los responsables para poseer, criar, reproducir, comercializar, alojar o trabajar con animales.
Esa versión es la que aparece explicada en publicaciones que enumeran diez puntos: penas proporcionales a la gravedad de los hechos, aumento de la sanción cuando muera el animal, prohibición para volver a tener mascotas y nuevas obligaciones para las personas condenadas. Por su parte, el paquete impulsado directamente por el Gobierno estatal agrega la categoría de abuso animal con dolo y eleva el máximo hasta 12 años.
La existencia de ambos planteamientos explica por qué algunas publicaciones hablan de ocho años y otras de 12. No necesariamente se trata de información falsa, sino de dos propuestas que comparten nombre, origen político y momento de presentación, pero que no establecen exactamente los mismos castigos.
En el Estado de México, la Secretaría de Medio Ambiente y Protección Animal del PRI estatal, encabezada por Rosana Guadalupe Richard, presentó la iniciativa denominada ley Rocky, cuyo propósito es reforzar la protección de los animales y evitar que los actos de crueldad queden impunes.
La llamada ley Rocky tampoco es todavía una ley vigente. Las propuestas deberán ser turnadas, dictaminadas, discutidas y aprobadas por el Congreso de Nuevo León. Además, su alcance sería exclusivamente para delitos cometidos en esa entidad y no modificaría las penas ni el proceso penal abierto en Coahuila por la muerte de Rocky.
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