Sinaloa: reino de impunidad y violencia

Razones

Por Jorge Fernández Menéndez

Desde la caída de Ismael El Mayo Zambada, de la que se cumplieron dos años el sábado pasado, ha habido en Sinaloa tres mil 45 homicidios dolosos y cuatro mil 635 desapariciones, lo que representa un promedio de 4.2 homicidios diarios a lo largo del periodo. El mes más violento fue junio de 2025, cuando hubo 207 homicidios (6.9 casos al día). Unas 80 mil personas se han visto desplazadas de sus viviendas de zonas rurales y urbanas. Hay 14 mil elementos de las Fuerzas Armadas asesinados en Sinaloa, pero la violencia y la operación criminal continúan.

La afectación económica ha sido brutal: han cerrado o han sido seriamente afectadas cuatro mil 500 unidades de negocio en todo el estado. La Coparmex ha advertido sobre la posibilidad de una quiebra masiva tanto en el sector formal como informal. Unas 40 mil personas han perdido su empleo. Tanto Culiacán como Mazatlán son ciudades muertas, donde existe una suerte de estado de sitio virtual, a las 6 de la tarde se frena casi toda la actividad (Mazatlán, además, desde hace 15 días está viviendo enfrentamientos violentos constantes que se interpretan como un intento de La Mayiza de apoderarse de un territorio que tradicionalmente fue de Los Chapitos).

Los robos de vehículos con violencia aumentaron en forma geométrica: son más de cuatro mil los coches robados en estos dos años. El bloqueo de carreteras, las balaceras en rutas rurales y la quema de camiones de carga paralizaron el flujo logístico de mercancías y de pasajeros hacia el norte y sur del país. 

Todo ello ha provocado una fuerte distorsión en los precios, afectados no sólo por la contracción de las actividades legales, sino también por la falta de flujo del dinero ilícito.

Mientras ese desastre cotidiano se vive en el estado, su gobernador, Rubén Rocha Moya, acusado abiertamente por Estados Unidos de complicidad con el narcotráfico, lo mismo que el senador Enrique Inzunza, lleva tres meses de licencia con goce de sueldo y ahí están, uno apareció bailando el mismo día del aniversario del secuestro de El Mayo, y el otro se pavonea en redes y juega golf. 

La decisión del gobierno federal de no tocar a ningún funcionario del estado por su complicidad con el crimen organizado tiene como consecuencias la prolongación de los enfrentamientos, por la decisión de no realizar una estrategia de depuración del virtual narcoestado, donde los grupos criminales se apoderaron del Ejecutivo, de las fiscalías, de las fuerzas de seguridad, de la economía y de buena parte de las dirigencias partidarias, donde la convivencia con los criminales se había vuelto tan cotidiana como lo son ahora los asesinatos y desapariciones. 

Decía López Obrador, y a veces repite la presidenta Sheinbaum, que la captura de El Mayo fue lo que disparó la violencia. En realidad lo que la generó fue el empoderamiento criminal que propició la política de abrazos y no balazos, la complicidad para permitir que personajes como Rocha o Inzunza (y muchos otros) terminaran en el poder en abierta colusión con los grupos criminales. Y que una vez exhibido todo ese entramado, el gobierno simplemente se niegue a desmantelarlo.

Lo ocurrido con la extracción de El Mayo es una muestra evidente de esa complicidad y negligencia: Zambada fue secuestrado cuando llegó a una reunión con el gobernador Rubén Rocha y Héctor Melesio Cuén, convocada por su ahijado e hijo de El Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López. La reunión era para tratar de componer las divisiones internas, porque Rocha estaba apoyando a Los Chapitos en su ya iniciada confrontación con Zambada, mientras que Melesio Cuén apoyaba a su amigo de toda la vida, el propio Mayo. Rocha y Cuén habían sido cercanísimos hasta la división en el cártel de Sinaloa. Ambos apoyaron las aspiraciones de Adán Augusto López en la precampaña de 2023. 

Según las versiones más o menos oficiales de lo sucedido ese 25 de julio en la finca Huertos del Pedregal, los guardaespaldas de Zambada (dos integrantes de la Policía Judicial del estado, uno de ellos comandante) fueron eliminados al llegar, lo mismo que Héctor Melesio Cuén, en ese momento diputado electo, y El Mayo fue reducido, llevado a un aeropuerto semiclandestino cercano y desde allí trasladado junto con Joaquín a Estados Unidos. Esa misma noche la Fiscalía General del Estado realizó un montaje en video para intentar mostrar que Cuén había sido asesinado en una gasolinería, durante un intento de robo de vehículo. Era falso, pero no tuvo costo alguno, la fiscal, Sara Bruna Quiñonez, una mujer muy cercana a Inzunza, renunció con el público agradecimiento de Rocha y nadie volvió a molestarla. Después de una corta investigación de la FGR, que comprobó que todo fue un montaje y que Cuén y los guardaespaldas fueron asesinados en la finca, no volvió a pasar nada. Esta semana se dijo que la información sobre el caso queda embargada hasta 2031. 

Por cierto, sólo para ejemplificar hasta dónde llegan el cinismo y la complicidad, el líder del Partido Sinaloense (PAS), Robespierre Lizárraga, el hombre que sucedió a Cuén al frente del partido que fundó el propio exrector, declaró el sábado que el PAS estaba analizando aliarse con Morena (donde están los asesinos de su líder histórico) para las elecciones de 2027, en un escenario donde lo único que ha cambiado es que todo indica que La Mayiza se está imponiendo en la guerra interna a Los Chapitos. Sinaloa es el reino de la impunidad.