Descubren cuestionables manejos de Catalina Monreal en el Inaes

Tres cooperativas creadas en 2026 obtuvieron poco después adjudicaciones directas por más de 76 millones de pesos. Los socios denunciaron que no fueron informados de las operaciones

Ciudad de México, 23/07/26 (Más).- Tres sociedades cooperativas constituidas a principios de 2026 ante Catalina Monreal Pérez, directora general del Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes), obtuvieron apenas dos meses después contratos por adjudicación directa superiores a 76 millones de pesos para prestar servicios de limpieza en dependencias federales, en medio de señalamientos sobre el control que el organismo habría mantenido sobre sus cuentas, contratos y recursos.

De acuerdo con una investigación publicada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), las cooperativas Dehe Sak Agua Limpia, Juntos por la Limpieza y el Bienestar, y Bienestar de Limpieza y Buen Servicio fueron creadas entre el 27 de enero y el 18 de febrero de 2026, y poco después recibieron contrataciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, así como de las secretarías del Trabajo y Previsión Social y Anticorrupción y Buen Gobierno.

La mayor contratación correspondió a Dehe Sak Agua Limpia, constituida el 27 de enero ante Monreal Pérez y beneficiada el 31 de marzo con un contrato por adjudicación directa de hasta 50 millones 559 mil 969 pesos. El acuerdo, con una vigencia de nueve meses, fue otorgado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para realizar labores de aseo en sus bienes muebles e inmuebles.

Cuatro días antes de la adjudicación, la dependencia elaboró un estudio de mercado en el que consideró como posibles proveedoras a las tres cooperativas recién creadas. La investigación periodística destaca que, al momento de la consulta, ninguna de ellas contaba todavía con contratos públicos en operación, por lo que se cuestionó que la comparación se realizara exclusivamente entre organizaciones surgidas bajo el mismo esquema.

Una situación semejante se habría presentado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que utilizó cotizaciones de las mismas cooperativas antes de contratar a Bienestar de Limpieza y Buen Servicio. Esta organización fue constituida el 18 de febrero y el 10 de abril recibió un contrato por un monto máximo de 20 millones 247 mil 878 pesos, menos de dos meses después de su creación.

La tercera cooperativa, Juntos por la Limpieza y el Bienestar, también fue constituida el 27 de enero de 2026 y obtuvo contratos de servicios de aseo con el DIF y otras dependencias federales. Uno de los convenios fue firmado el 31 de marzo por más de cinco millones de pesos, aunque la base de datos de ComprasMX registra que la organización recibió dos contrataciones por un total superior a 10 millones de pesos.

Los contratos fueron presentados como parte de la Estrategia de Compras Públicas Sostenibles, mediante la cual el Gobierno federal busca incorporar cooperativas y organismos del sector social como proveedores. El propósito anunciado oficialmente es aprovechar las adquisiciones gubernamentales para promover el desarrollo económico, el empleo y el bienestar, además de permitir que trabajadores anteriormente contratados por compañías privadas puedan organizarse y convertirse en propietarios de sus fuentes laborales.

No obstante, testimonios recabados por MCCI señalan que el Inaes no se habría limitado a constituir, registrar, capacitar y acompañar a las cooperativas, sino que presuntamente tomó el control de sus cuentas bancarias, la firma de contratos, el pago de nóminas, la compra de maquinaria y la administración de los recursos obtenidos mediante las adjudicaciones gubernamentales.

Integrantes de Juntos por la Limpieza y el Bienestar afirmaron que desconocían las decisiones tomadas antes de las contrataciones y que tampoco fueron informados oportunamente sobre los montos pactados con las dependencias. Según sus testimonios, personal del Instituto conservó la firma electrónica de la persona moral y la utilizó para formalizar contratos en las plataformas gubernamentales, aunque en los documentos aparecieran los nombres de representantes de la cooperativa.

Los trabajadores relataron que desde septiembre de 2025 fueron invitados por funcionarios del Inaes a dejar sus empleos en empresas privadas de limpieza para integrarse a sociedades cooperativas. Como parte del procedimiento, solicitaron un financiamiento de tres millones de pesos a la Financiera para el Bienestar, recursos que debían destinarse a la adquisición de uniformes, equipo y maquinaria necesaria para iniciar operaciones.

Uno de los cooperativistas aseguró que, después de recibir el cheque correspondiente al préstamo, éste fue entregado al personal del Instituto. Posteriormente se les informó que el dinero había sido utilizado para comprar los insumos requeridos, pero señaló que hasta la fecha de publicación de la investigación no había recibido comprobantes de esas operaciones. “Yo no recibí ese dinero (de los contratos), ni lo otro, los 3 millones (de Finabien), yo firmé pero no recibí lo del préstamo”, declaró el trabajador, cuya identidad fue protegida.

En una llamada telefónica presenciada por los periodistas, personal del organismo reconoció que el Inaes y su equipo contable administraban las cuentas y realizaban los pagos. Una funcionaria explicó que había 114 personas involucradas en el acompañamiento, entre contadores y especialistas encargados de atender obligaciones financieras, administrativas, laborales y de seguridad social.

Cuando uno de los socios preguntó si el Instituto se había convertido en su nuevo patrón, la respuesta fue que únicamente se encontraban en una etapa de acompañamiento. El personal indicó que el control administrativo sería entregado posteriormente a los cooperativistas y que se esperaba que, en aproximadamente un año y medio, estuvieran preparados para hacerse responsables de la operación de sus empresas.

La investigación sostiene que esas actividades podrían rebasar las atribuciones legales del Inaes. Conforme a la legislación en materia de adquisiciones, economía social y sociedades cooperativas, el organismo puede identificar, certificar, registrar, capacitar y fortalecer a las organizaciones del sector social, pero no tendría facultades expresas para abrir o controlar sus cuentas bancarias, administrar sus recursos, autorizar transferencias o firmar contratos en su representación.

El hecho de que Catalina Monreal aparezca en las actas constitutivas deriva de la facultad del Instituto para certificar que las organizaciones pertenecen al sector social. Sin embargo, esa atribución no permitiría sustituir a los órganos internos de las cooperativas ni asumir las decisiones que legalmente corresponden a sus socios, representantes y administradores.

Mientras la contratación de Dehe Sak Agua Limpia fue difundida públicamente por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno como un ejemplo de la estrategia de compras sostenibles, existe poca información oficial sobre las actividades de las otras dos cooperativas constituidas bajo el mismo modelo. El Inaes también publicó fotografías de una asamblea de Dehe Sak, pero no explicó el grado de participación que mantiene en el manejo de sus recursos.

MCCI también documentó que algunos trabajadores ni siquiera sabían en qué fecha habían sido formalmente inscritas sus cooperativas en el Registro Público de Comercio. Los socios señalaron que frecuentemente se les pedía firmar documentos sin permitirles leerlos por completo y que, a pesar de solicitar copias, éstas no les eran entregadas. “Ellos solo llegan y nos piden que firmemos papeles, pero no nos dejan leerlos y aunque les hemos pedido copias no nos las dan. La verdad solo cambiamos de patrón y ahora el Inaes es el que nos paga”.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad solicitó una postura a Catalina Monreal Pérez y a Azucena Hernández López, coordinadora general de Finanzas Populares, mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos. Hasta el cierre de la investigación, el Instituto Nacional de la Economía Social no había respondido a los cuestionamientos sobre la administración de las cuentas bancarias, los préstamos de Finabien y la firma de contratos en nombre de las cooperativas.