El Centro Fray Juan de Larios denunció que la familia fue revictimizada por demoras, falta de sensibilidad. Recuerdan que la identificación es sólo un paso para llegar a la verdad y a la justicia
Saltillo, Coahuila, 21/07/26 (Más).- El Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios denunció presuntas negligencias, demoras y un trato indigno por parte de autoridades de Coahuila durante la notificación y entrega de los restos de José Francisco Juárez Adriano, quien permaneció desaparecido durante más de 18 años y fue localizado sin vida en una fosa desde hace más de un año.
Los familiares de José Francisco fueron notificados de su identificación apenas el pasado 16 de julio, pese a que sus restos habían sido encontrados con más de un año de anticipación.
La organización cuestionó la tardanza y la manera en que las instituciones estatales condujeron un procedimiento que debía garantizar respeto, sensibilidad y acompañamiento a las víctimas.
José Francisco era buscado desde hace 18 años por su familia en Matamoros, Coahuila. Sus familiares forman parte de las agrupaciones pioneras que integraron Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México, colectivo que durante casi dos décadas ha exigido la localización de personas desaparecidas, el esclarecimiento de los casos y la sanción de los responsables.
El Centro Fray Juan de Larios señaló que esta sería la primera ocasión en que una familia integrante de Fuundec-M recibe la noticia de la identificación y recuperación de uno de sus seres queridos; sin embargo, consideró que el momento estuvo marcado por irregularidades institucionales que impidieron que el cierre de la búsqueda se realizara bajo condiciones de dignidad.
La organización sostuvo que la notificación revictimizó a los familiares debido al lenguaje técnico empleado por los funcionarios responsables y a la falta de sensibilidad para comunicar el fallecimiento.
“A José Francisco lo encontraron en una fosa hace más de un año, eso nos dijeron en la notificación realizada el pasado 16 de julio. Una notificación que revictimizó a la familia al utilizar un lenguaje con tecnicismos que no ayudaron en ese momento, violentando así el Protocolo de Actuación Nacional de Notificación y Entrega Digna de Persona Identificada”, expone la organización.
Además de la demora en la identificación y entrega, el organismo manifiesta que el caso continúa sin respuestas claras sobre las circunstancias en las que José Francisco fue asesinado.
La recuperación de sus restos, agrega, no representa el acceso pleno a la verdad y a la justicia mientras no exista una investigación efectiva que permita conocer lo ocurrido y determinar responsabilidades.
El Centro de Derechos Humanos también cuestionó que la familia no pudiera planear adecuadamente la entrega ni utilizar en condiciones apropiadas las instalaciones del Centro Regional de Identificación Humana pues las autoridades buscaron apresurar el proceso en lugar de ofrecer un acompañamiento integral después de tantos años de búsqueda.
“Tampoco pudimos planear una notificación digna y una entrega en el CRIH que lleva el nombre de nuestra querida asesora (Blanca Martínez Bustos) ni usar sus salas con las que nos nombran como –las familias– porque hacen todo para sacarnos lo más posible y no atendernos con dignidad y respeto y para que no demos a conocer lo que pasa en realidad en el estado que presume ir a pasos de gigante”, señala la agrupación en su pronunciamiento.


Las irregularidades continuaron durante la preparación del entierro, pues los familiares habrían sido contactados con premura ante el próximo inicio del periodo vacacional de funcionarios e instituciones públicas. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas solicitó a la familia seleccionar un ataúd mediante fotografías enviadas por teléfono, sin que existiera un proceso presencial y adecuado para tomar esa decisión.
“Desde la CEAV contactaron a la familia para que, a través de unas fotos enviadas por teléfono, escogiera un ataúd, el cual fue enviado en una camioneta deteriorada, por lo que se tuvo que pedir el cambio, lo que originó que se prolongaran las horas y terminar la inhumación en el panteón municipal a las 10:00 de la noche del sábado 18 de julio, todo porque a partir de ayer, 20 de julio, iniciaban período vacacional las instituciones públicas. ¿Eso es digno después de tantos años desaparecido y que informaran que había sido asesinado?”, reclama el organismo.
El retraso ocasionado por el cambio de ataúd prolongó durante varias horas la entrega y obligó a que la inhumación concluyera a las 10 de la noche en el panteón municipal. Para la organización, la premura relacionada con las vacaciones institucionales puso las necesidades administrativas de los funcionarios por encima del derecho de la familia a despedir dignamente a José Francisco.
Ante estos hechos, el Centro Fray Juan de Larios solicitó abrir investigaciones administrativas para identificar y sancionar a los servidores públicos que incumplieron los protocolos de notificación y entrega digna. También demandó medidas institucionales que eviten la repetición de este tipo de actuaciones en otros casos de personas desaparecidas e identificadas.
La agrupación advirtió que la entrega de los restos no elimina el daño acumulado durante más de 18 años ni sustituye la obligación del Estado de esclarecer el crimen. La familia, añadió, perdió años de convivencia, celebraciones y momentos personales mientras buscaba a José Francisco sin recibir información oportuna sobre su paradero.
“¿Qué sentimos? Rabia, indignación, impotencia porque, aunque ya se identificó a José Francisco, no existe una investigación que nos lleve a saber la verdad y a obtener justicia y los procesos por los que hemos luchado tantos años carecen de total transparencia ¿Quién nos regresa los años perdidos? ¿Las celebraciones de cumpleaños, navidades, día del padre, día de la madre? ¿Los logros profesionales o simplemente un domingo de descanso en la tranquilidad del hogar?”, concluye el Centro de Derechos Humanos.
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