Por Leslie Zamora
Saltillo, Coahuila, 09/07/2026 (Más).- Las recientes reformas a la Ley de Aguas Nacionales pondrán fin al esquema en el que las empresas con pozos propios únicamente acreditaban el pago por la extracción del recurso y el cumplimiento de las normas de descarga, al exigir ahora que demuestren un uso eficiente y responsable del agua para mantener sus asignaciones y obtener prórrogas en sus títulos.
Ricardo Garza Blanc, director de Gestión Eficiente del Agua (GEA), exdirector local de la Comisión Nacional del Agua en San Luis Potosí, fundador del Instituto Mexicano del Agua Potable y expresidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, explicó que el cambio más importante es la incorporación del concepto de responsabilidad hídrica, mediante el cual las industrias deberán comprobar qué ocurre con el agua desde que ingresa a sus procesos productivos hasta que es reutilizada o descargada.
“Hoy, la ley ya busca que dentro de las empresas se conozca la trazabilidad del agua”, explicó. “Llamamos la huella hídrica, desde que entra al proceso industrial hasta que sale qué es lo que hacemos con el agua”.
Detalló que las modificaciones a la legislación establecen que las reasignaciones y prórrogas de los títulos de agua estarán sujetas a demostrar un uso racional, eficiente y con medidas de reúso, por lo que las empresas deberán respaldar ese desempeño mediante certificaciones nacionales e internacionales, entre ellas la Norma Mexicana NMX-184 y la ISO 46001.
En entrevista, precisó que el propósito de la reforma no es obligar a las industrias a construir más plantas tratadoras, sino reducir al máximo el desperdicio mediante el aprovechamiento continuo del recurso dentro de los propios procesos productivos.
“Se trata, al contrario, de dejar de descargar, de utilizar el agua y reutilizarla y seguirla utilizando, y no desperdiciar una gota”, dijo.
Garza Blanc añadió que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es la autoridad responsable de verificar el cumplimiento de estas disposiciones y que las empresas deben acreditar su eficiencia cuando soliciten la renovación de sus títulos de concesión, aunque la dependencia podrá realizar inspecciones en cualquier momento.
Garza Blanc indicó que, aunque la industria representa aproximadamente entre el 7 y el 8% del consumo nacional de agua, frente a más del 75% que utiliza el sector agrícola, considera indispensable que este sector fortalezca sus prácticas de eficiencia para contribuir a disminuir la presión sobre los acuíferos.
“Lo que apunta esta nueva medida es que se disminuyan las extracciones, porque como sabemos los acuíferos están sobreexplotados”, apuntó.
Asimismo, sostuvo que las nuevas obligaciones también representan una ventaja para las empresas, ya que un menor consumo de agua puede traducirse en ahorros operativos, mayor competitividad y cumplimiento de las exigencias ambientales que comienzan a demandar los mercados internacionales.
“Estas medidas van a reducir costos, van a crear una economía en donde al utilizar menos agua se generan beneficios”, consideró.
Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.