Riquelme y la puerta giratoria

Palabras Mayores

David Guillén Patiño

El golpe de timón ejecutado por Miguel Ángel Riquelme Solís no solo termina de confirmar la existencia de un grupo compacto que sigue abriéndose paso desde la llegada de Manolo Jiménez Salinas a la gubernatura de Coahuila, entidad que, por si fuera poco, se consolida como el principal bastión del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el país.

Bajo esta lógica, la orden de introducir al senador en la puerta giratoria que lo conduce a la alcaldía de Torreón, la cual ocupa por segunda vez, no vino de la guarida de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas —quien seguramente está más ocupado en hacer desaparecer sus arrugas faciales—, sino directamente del Palacio de Gobierno en Saltillo.

Desde ahí, el “primer priista de Coahuila” habría encabezado la manipulación de las pasadas elecciones de diputados locales —a decir de sus adversarios, quienes por ello piden su cabeza—, y ahora le estaría marcando el paso a su alfil Carlos Humberto Robles Loustaunau, dirigente estatal del partido tricolor y líder de su bancada en el Congreso del Estado.

Precisamente el Pleno del Poder Legislativo ha aprobado por unanimidad el nombramiento de Riquelme Solís como alcalde sustituto de Torreón, en vista del deceso del presidente municipal de ese municipio, Román Alberto Cepeda González. Ello le permite asumir funciones a partir de este 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2027, una vez que rinda la protesta de rigor ante el cabildo.

Según se estila en la política tradicional mexicana, el hecho de que un funcionario suspenda sus funciones de senador para ocupar una alcaldía significa un retroceso o una degradación, a no ser que en la práctica del poder real esto represente un movimiento estratégico de consolidación política, sea personal o de grupo, con miras a escalar mejores posiciones.

Se trata, pues, de una apuesta territorial que implicó, desde luego, la disciplina partidista ejercida en la persona de Miguel Ángel Riquelme, ¿bajo qué promesa o arreglo? Al respecto, se especula que el exgobernador coahuilense, de triste memoria, se vio atraído por el hecho de que volverá a contar con presupuesto, estructura y control político de toda una región.

Esto no garantiza que Torreón tendrá mejores días a partir de este miércoles, pues no se debe perder de vista que durante el periodo en que se desempeñó como alcalde de Torreón (2014-2016) enfrentó acres señalamientos del PAN y grupos ciudadanos, más aún en la antesala de su campaña electoral por la gubernatura.

EL LASTRE QUE ARRASTRA RIQUELME

Entre los hechos de corrupción y errores que todavía se le adjudican, por no haber quedado suficientemente esclarecidos, destacan los siguientes:

Presuntas «empresas fantasma». Se trata de la acusación más mediática que tuvo lugar a lo largo de su gestión, particularmente en 2017. Bloques de oposición denunciaron penalmente ante instancias federales y estatales un presunto desvío de recursos públicos que ascendía a más de 180 millones de pesos. Se le acusó de utilizar una red de empresas de fachada o «fantasma» para asignaciones irregulares de contratos de obra y servicios, en complicidad con dependencias como la Dirección de Obras Públicas y el SIMAS.

Deficiencias del SIMAS. Al organismo operador se le señaló constantemente por problemas crónicos de desabasto: falta de presión de agua en numerosas colonias, asimismo, por el colapso de colectores y drenaje, es decir, graves inundaciones y brotes de aguas negras ante lluvias de mediana intensidad, lo que la oposición calificó como falta de planeación y de inversión efectiva en infraestructura pluvial y sanitaria.

Falta de transparencia en Obra Pública y proyecto del Metrobús. Se le señaló la falta de licitaciones claras y retrasos severos en obras clave. El ejemplo más señalado fue el inicio del proyecto del Metrobús Laguna, cuyas obras y planeación inicial bajo su alcaldía acumularon severos retrasos, fallas de socialización con los transportistas y sospechas sobre la transparencia en la asignación de los contratos de los corredores viales.

Aumento de la deuda pública y gasto corriente. Se le criticó un alza escandalosa en el gasto destinado al rubro de servicios personales (nómina municipal) y contratos de servicios externos, argumentando que se descuidaban áreas operativas básicas de la ciudad para inflar la estructura burocrática con fines políticos.

El Teleférico de Torreón. Las críticas sobre este desarrollo turístico fueron muy intensas desde que se anunció el proyecto en 2016 hasta su inauguración a finales de 2017. Esta obra insignia de su gobierno terminó por convertirse en un blanco central de debate político y social. Los cuestionamientos se centraron principalmente en la prioridad del gasto frente a necesidades básicas, la opacidad en la licitación y contratos, retrasos y sobrecosto por paridad cambiaria y el rechazo del gremio de arquitectos y diseño urbano.

Ante estos señalamientos, el equipo de Riquelme y las contralorías locales defendieron sistemáticamente que las cuentas públicas municipales contaban con las aprobaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE) —órgano del Congreso del Estado— y argumentaron que las denuncias de la oposición tenían un sesgo estrictamente electoral para descarrilar su candidatura a gobernador.

EL CAMBIO EN PESOS Y CENTAVOS

Riquelme Solís volverá a estar al frente del Ayuntamiento torreonense durante un año y seis meses, ahora con un sueldo mensual de 81 mil 145 pesos —libre de impuestos—, cantidad que había venido recibiendo su antecesor Román Alberto Cepeda desde el inicio de su administración, en 2022.

La dieta neta mensual que dejará de recibir al haber dejado su curul es de 131 mil 874 pesos, más lo que corresponde a apoyos para asistencia legislativa, gestorías y atención parlamentaria, que suman entre 73 mil y 80 mil pesos mensuales.

Ahora, estos más de 200 mil pesos serán recibidos durante 4 años y tres meses por Gabriel Elizondo Pérez, al suplir a Miguel Ángel Riquelme en la senaduría, tras dejar la coordinación estatal de Mejora Coahuila, donde había obtenido una percepción mensual de 92 mil pesos.

Tradicionalmente, los cargos relacionados con programas de asistencia social, como el desempeñado por Elizondo Pérez, han estado asociados con la promoción de políticos a cargos de mayor responsabilidad, como alcaldías y gubernaturas, incluso la presidencia de la república. Hasta ahora, dicha encomienda en la entidad se encuentra vacante.

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