Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila 16/06/26 (Más).- Sanciones y fincamiento de responsabilidad a funcionarios públicos son dos aspectos que persigue la iniciativa de nueva Ley de Archivos para Coahuila que, además, cerrará puertas para evitar que la respuesta a solicitudes de información sea “no se encontró” el o los documentos, adelantó la coordinadora de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Guadalupe Oyervides.
La diputada local explicó que uno de los puntos centrales de la propuesta enviada por el gobernador es obligar a las dependencias, poderes y organismos públicos a ordenar, conservar y digitalizar sus archivos, de manera que el acceso a la información no dependa de si una oficina localizó o no un documento físico.
Oyervides señaló que la iniciativa contempla sanciones y una corresponsabilidad directa de los servidores públicos encargados del manejo de archivos, con el objetivo de que la documentación pública esté disponible y pueda respaldar las respuestas a las solicitudes de acceso a la información.
“Luego hay tanta cantidad de documentos que cuando se pide acceso a la información en alguna duda la respuesta es ‘no se encontró’. Eso, por ejemplo, se elimina”, explicó la legisladora, al referirse al sentido de la nueva ley.
De acuerdo con Oyervides, la iniciativa también establece la obligación de que cada instancia digitalice sus documentos para que exista un verdadero acceso a la información a través de archivos digitales, y no sólo una disposición legal sin aplicación práctica.
La legisladora sostuvo que la reforma busca que la nueva Ley de Archivos no quede como letra muerta, por lo que el proceso deberá involucrar al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al Poder Legislativo y a otros cuerpos de gobierno en el ordenamiento de sus archivos.
“Ahora sí trae una corresponsabilidad ante el funcionario y lo que estamos de alguna manera capturando”, indicó.
La propuesta forma parte del seguimiento a la reforma en materia de acceso a la información que ya fue aprobada en el estado desde el año pasado, por lo que ahora corresponde adecuar el marco legal de archivos a los nuevos nombramientos y estructuras institucionales.
En ese sentido, indicó que la iniciativa plantea la modificación del marco vigente e incluso la derogación de la ley anterior, para ajustarla a las nuevas disposiciones derivadas de la reforma en materia de transparencia y acceso a la información.
Oyervides detalló que el turno de la iniciativa ya fue recibido, pero deberá analizarse en comisiones unidas, particularmente en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y en la Comisión de Transparencia.
Sobre el uso de inteligencia artificial en el manejo de archivos, Oyervides señaló que hasta el momento no hay una disposición específica ya definida, pero tampoco se trata de una herramienta prohibida, pues el estado ya contempla el uso de tecnologías digital.
La diputada mencionó que se ha hablado de una aplicación web y de un bot que auxiliaría en la organización y consulta de archivos, aunque aclaró que todavía no están definidos todos los alcances de esas herramientas.
“Se habla de un bot que va a estar auxiliando, entonces yo te diría, no está prohibido”, expresó, al señalar que estas herramientas podrían ayudar a dar forma al sistema de archivos digitales.
Oyervides pidió paciencia para conocer los detalles definitivos del dictamen, pues dijo que todavía deben realizarse los turnos y desahogarse los trabajos correspondientes en las comisiones legislativas.
Estimó que la iniciativa podría estar lista en un plazo aproximado de un mes, debido a que requiere coordinación entre los distintos poderes e instancias públicas para ordenar los archivos antes de la aprobación definitiva.
La legisladora también señaló que, con la homologación federal realizada previamente, se contempla una estructura adicional, presupuesto adicional y un plazo suficiente para que las instituciones puedan cumplir con las nuevas obligaciones.
Respecto a la vigilancia, indicó que los órganos de control sí cuentan con elementos para dar seguimiento al cumplimiento de la ley, dentro del nuevo esquema que se plantea para fortalecer el manejo documental y garantizar el acceso a la información pública.
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