La entrega de Abel N a Estados Unidos evidenció la rapidez con que avanza la cooperación judicial mexicana en casos de menor perfil criminal o político. La FGR lo extraditó tras una solicitud de una corte federal de Oregon por asociación delictuosa y delitos contra la salud, luego de que fue detenido en Tijuana
Ciudad de México, 06/06/26 (Más).- La extradición de Abel N a Estados Unidos volvió a exhibir el contraste entre la cooperación judicial que México activa contra delincuentes de menor perfil y la cautela política frente a funcionarios y exfuncionarios señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico.
De acuerdo con información de EFE, la Fiscalía General de la República entregó este viernes a Abel N, requerido por una corte federal de Oregon por asociación delictuosa y delitos contra la salud, en un procedimiento realizado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
El caso se remonta a julio de 2022, cuando el mexicano se declaró culpable ante la justicia estadounidense. Aunque quedó en libertad mientras esperaba sentencia, no acudió a la audiencia posterior, por lo que Washington solicitó su localización y entrega.
La FGR tramitó la orden de detención con fines de extradición ante un juez federal mexicano, quien autorizó la captura. El hombre fue detenido en febrero pasado en Tijuana, Baja California, y después de completar el proceso legal fue entregado a agentes estadounidenses.
La Fiscalía no detalló la sustancia relacionada con el caso, la pena que podría enfrentar ni posibles vínculos con alguna organización criminal. Esa falta de información pública refuerza la lectura de que se trata de un extraditado sin el peso político o criminal de los grandes objetivos binacionales.
El contraste surge porque, mientras este tipo de entregas avanzan, Estados Unidos acusó en abril de 2026 al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos delitos de narcotráfico y armas, al señalarlos de haber colaborado con Los Chapitos.
Entre los acusados figuran perfiles de alto rango, como el senador Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, el exsecretario de Seguridad Pública estatal Gerardo Mérida Sánchez y otros mandos políticos, financieros y policiales de Sinaloa. La acusación estadounidense sostiene que habrían protegido operaciones del Cártel de Sinaloa a cambio de beneficios.
Sin embargo, el gobierno mexicano ha respondido con reservas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha exigido a Estados Unidos más pruebas antes de proceder y ha enmarcado el caso en la defensa de la soberanía y del debido proceso, postura que sus críticos interpretan como protección política mientras no se ejecutan las solicitudes contra los señalados de mayor rango.
Hasta ahora, el avance más visible en ese expediente ha sido la entrega voluntaria en Estados Unidos del general retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, quien enfrenta cargos por presuntamente recibir sobornos y alertar a Los Chapitos sobre operativos. El resto de los acusados no ha seguido la misma ruta judicial.
La paradoja es que México mantiene activa la maquinaria de extradición para casos como el de Abel N, mientras los expedientes que involucran a presuntos narcopolíticos avanzan entre tensiones diplomáticas, exigencias de pruebas y cálculos internos. En ese escenario, la cooperación bilateral contra el narcotráfico parece operar con mayor rapidez contra eslabones menores que contra quienes, según Washington, habrían abierto la puerta institucional al crimen organizado.
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