Ciudad de México, 27/05/26 (Más).- Luego de acudir a la Fiscalía General de la República (FGR) por la investigación relacionada con la presencia de agentes de la CIA en un operativo antidroga realizado en su estado, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, denunció un presunto uso político de la justicia federal.
La mandataria panista acudió este miércoles a la sede de la FGR, en la colonia Doctores de la Ciudad de México, para atender un citatorio vinculado con el operativo en el que fue localizado un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, Chihuahua.
Campos Galván sostuvo que su presencia no correspondió a una comparecencia formal, sino a la entrega de un escrito en respuesta al citatorio recibido el sábado pasado. Afirmó que el documento contenía errores e inconsistencias y que su cargo como gobernadora cuenta con protección constitucional.
Al salir de la diligencia, acompañada por dirigentes y figuras del PAN, la mandataria acusó al Gobierno federal de utilizar instituciones contra opositores.
“Hoy estoy aquí de frente con ustedes, como siempre lo he hecho. Hoy en México es desgraciadamente evidente el uso político de las instituciones federales y yo salgo el día de hoy a dar la cara porque tengo la dignidad para hacerlo”, declaró.
La gobernadora aseguró que su administración ha colaborado sin reservas con la FGR y defendió el operativo al señalar que buscó impedir que droga llegara a niñas, niños y jóvenes.
“Yo hice mi trabajo, defendí que esa droga no llegara a nuestros niños”, expresó.
Campos Galván afirmó que fue citada bajo la simulación de ser un testigo, pero con la burda finalidad de fabricarle un caso y convertirla en inculpada. También acusó que en el procedimiento no se guardaron las formas, no se respetó la ley, atropellaron la protección constitucional del cargo que ocupa.
El caso se originó tras la muerte de dos agentes estadounidenses en un accidente ocurrido después de un operativo contra laboratorios clandestinos en Chihuahua. Medios de Estados Unidos reportaron que se trataba de agentes de la CIA, lo que abrió una investigación sobre una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional por la presencia de personal extranjero sin autorización del Gobierno federal.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que habrían participado cuatro agentes estadounidenses, dos de los cuales murieron y otros dos salieron del país a petición de su administración. El caso provocó tensiones con Washington y reavivó el debate sobre la participación de agencias extranjeras en operativos dentro de México.
La defensa de Campos Galván, encabezada por Roberto Gil Zuarth, sostuvo que ningún Ministerio Público puede imponer actos de molestia a la gobernadora como testigo o inculpada debido a la protección constitucional de su cargo. El abogado también cuestionó la falta de claridad del citatorio y reclamó que la mandataria sea tratada como autoridad estatal.
La gobernadora vinculó su caso con el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado en Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. Afirmó que mientras a ella no se le ha acusado formalmente de nada, a funcionarios señalados por autoridades extranjeras se les trata con “impunidad absoluta”.
Al acto acudieron dirigentes y representantes del PAN, entre ellos Jorge Romero, Ricardo Anaya, Germán Martínez, Mauricio Tabe y Alessandra Rojo de la Vega. Romero denunció una persecución política contra Campos Galván y advirtió que su partido respaldará a la mandataria ante cualquier intento de imputación.
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