La infiltración criminal en la política vuelve a encender alertas rumbo a las elecciones de 2027. Partidos y especialistas advierten que las revisiones actuales no bastan para cerrar el paso a aspirantes con posibles nexos delictivos. Como respuesta, el gobierno federal impulsa una comisión del INE que evaluaría riesgos con información financiera, judicial y de inteligencia
Ciudad de México, 23/05/26 (Más).- A poco más de un año del arranque formal del proceso electoral de 2027, los partidos políticos mexicanos continúan sin contar con mecanismos eficaces para impedir que perfiles ligados al crimen organizado lleguen a candidaturas y cargos públicos, un problema que especialistas y dirigentes partidistas reconocen como una de las principales vulnerabilidades del sistema político nacional.
De acuerdo con una investigación de Animal Político, actualmente los procesos internos de selección de candidatos se limitan prácticamente al cumplimiento de requisitos legales básicos, como cartas de antecedentes no penales, actas y documentación electoral, sin que existan revisiones profundas sobre posibles nexos criminales, redes financieras o vínculos territoriales con organizaciones delictivas.
La publicación advierte que el tiempo para modificar las reglas electorales antes de los comicios de 2027 prácticamente se agota y que diversas iniciativas presentadas en el Congreso permanecen congeladas.
En ese escenario, dirigentes de partidos políticos reconocieron que la llamada “autorregulación” resulta insuficiente para detectar infiltraciones del crimen organizado.
Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México, admitió que los controles actuales no alcanzan para garantizar candidaturas libres de vínculos delictivos. “Yo creo que hacen falta otros mecanismos”, señaló al reconocer que los partidos no tienen control total sobre perfiles que cumplen formalmente con los requisitos legales.
En la misma línea, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, sostuvo que es “imposible” que los partidos puedan realizar por sí solos evaluaciones profundas de todos sus aspirantes debido a limitaciones económicas, operativas y de tiempo. El político argumentó que se trata de un problema sistémico que debe involucrar a instituciones del Estado.
Animal Político también retomó las advertencias de la investigadora Sandra Ley, especialista en violencia política y crimen organizado, quien aseguró que los partidos tienen pocos incentivos para investigar a sus propios aspirantes, particularmente en regiones donde los grupos criminales ejercen control territorial e incluso determinan quién puede competir electoralmente.
“Los partidos no van a tener muchos incentivos a hacerlo porque hay lugares en donde, de hecho, no pueden postular candidatos”, advirtió la investigadora, quien además explicó que la infiltración criminal en gobiernos municipales y estructuras políticas es un fenómeno que lleva décadas reproduciéndose en México.
La especialista sostuvo que el problema no sólo ocurre antes de las elecciones, sino también durante y después de que los funcionarios asumen los cargos públicos, mediante redes de protección política construidas por organizaciones criminales. Según sus estimaciones, alrededor de 60 millones de mexicanos viven en municipios donde grupos delictivos han intentado influir en la política local.
La investigación también recordó que en febrero pasado el gobierno federal informó sobre la detención de 14 alcaldes presuntamente relacionados con delitos como homicidio, secuestro y extorsión, como parte de la Operación Enjambre. Entre los detenidos había funcionarios vinculados a Morena, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, PRD, Partido Verde y partidos locales.
En medio de ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un órgano que dependería del Instituto Nacional Electoral y que tendría como función revisar posibles riesgos de vínculos criminales entre aspirantes a cargos públicos.
Según explicó el Gobierno federal, la propuesta busca evitar que candidatos de cualquier partido político tengan nexos con la delincuencia organizada. Para ello, los partidos entregarían voluntariamente listas de aspirantes a una comisión integrada por consejeros electorales, la cual consultaría información con la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.
Con base en esa información, las autoridades determinarían si existe o no un “riesgo razonable” sobre determinado perfil y posteriormente los partidos decidirían si mantienen o retiran la candidatura. El Gobierno federal aseguró que el mecanismo respetará la presunción de inocencia y que toda la información se manejará bajo criterios de confidencialidad.
La iniciativa será discutida durante el próximo periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, en un contexto marcado por el crecimiento de la violencia política y los constantes señalamientos sobre la presencia del crimen organizado en procesos electorales y administraciones municipales de distintas regiones del país.
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