Auditorías federales y procesos judiciales en Estados Unidos aumentaron la presión sobre el entorno político del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en recursos públicos destinados a salud, educación, infraestructura y obra pública, con observaciones por más de 160 millones de pesos
Culiacán, Sinaloa, 16/05/2026 (Más).- El manejo del presupuesto público durante la administración del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, volvió a colocarse bajo escrutinio luego de que auditorías federales detectaran irregularidades, posibles desvíos y fallas administrativas en distintos rubros del gasto estatal, mientras exfuncionarios cercanos al mandatario enfrentan investigaciones y procesos judiciales en Estados Unidos.
De acuerdo con información publicada por La Silla Rota, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado en diversos ejercicios fiscales inconsistencias relacionadas con recursos sin comprobar, pagos en exceso, expedientes incompletos y posibles irregularidades en el uso de transferencias federales destinadas a áreas como salud, educación e infraestructura.
Uno de los principales focos observados por el órgano fiscalizador corresponde a la contratación de obra pública. Las revisiones identificaron anomalías por más de 160 millones de pesos en muestras auditadas, principalmente por adjudicaciones directas sin sustento suficiente, ausencia de documentación de empresas participantes y fallas en los procedimientos de licitación.
A estos señalamientos se suma un patrón de concentración de contratos en pocas compañías, así como proyectos con posibles sobreprecios e irregularidades en su ejecución. También se han documentado vínculos entre empresas beneficiadas con contratos públicos y actores cercanos a distintos niveles de gobierno estatal.
Mientras continúan las observaciones sobre el gasto público, las declaraciones patrimoniales de Rubén Rocha Moya revelan ingresos acumulados por hasta 2.3 millones de pesos anuales desde el inicio de su administración en 2021. Los recursos reportados incluyen el salario como gobernador y tres pensiones provenientes del ISSSTE, el IMSS y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), institución de la que fue rector entre 1993 y 1997.
La pensión más elevada corresponde a la Universidad Autónoma de Sinaloa, la cual alcanzó en 2025 un monto superior a los 731 mil pesos. En sus declaraciones también aparecen una vivienda adquirida en 1984, un vehículo Volkswagen obtenido mediante una rifa y posteriormente un automóvil Mercedes Benz valuado en 850 mil pesos, además de créditos automotrices e hipotecarios.
En paralelo a las observaciones financieras, dos exfuncionarios de la administración estatal quedaron bajo la mira de autoridades estadounidenses: Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, se entregó a autoridades de Estados Unidos tras ser detenido en un consulado norteamericano en Europa, mientras que el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, fue detenido al ingresar por la garita de Nogales, Arizona.
Las acusaciones contra Díaz Vega incluyen presunta colaboración con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Según documentos judiciales estadounidenses, el exfuncionario habría participado en conspiraciones relacionadas con narcotráfico, tráfico de armas y presuntos actos de intervención política durante el proceso electoral de 2021.
La acusación sostiene que Díaz Vega habría fungido como enlace entre integrantes del grupo criminal y actores gubernamentales, además de presuntamente recibir recursos provenientes del narcotráfico. También se señala que buscó negociar con autoridades estadounidenses para convertirse en testigo colaborador dentro de las investigaciones relacionadas con Rocha Moya y otros funcionarios.
Por su parte, Gerardo Mérida Sánchez compareció ante una corte en Nueva York y se declaró no culpable de los cargos en su contra. Las autoridades de Estados Unidos lo acusan de recibir pagos mensuales superiores a los 100 mil dólares por parte de Los Chapitos a cambio de facilitar operaciones del narcotráfico y advertir sobre operativos contra laboratorios clandestinos.
La especialista en seguridad Ana María Salazar explicó que, tras entregarse voluntariamente en territorio estadounidense, el proceso legal de Mérida Sánchez quedará sujeto exclusivamente a las leyes de ese país. Añadió que su cooperación podría formar parte de una estrategia para negociar beneficios judiciales o una eventual reducción de condena.
Enrique Díaz Vega había dejado la Secretaría de Administración y Finanzas en febrero de 2024. Su salida ocurrió después de que investigaciones periodísticas documentaran un crecimiento considerable de su patrimonio, incluyendo la adquisición de propiedades y vehículos de lujo durante el tiempo que permaneció como funcionario estatal.
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