Adela Navarro Bello
El partido oficialista Morena lleva cuatro de cuatro. En poco más de un año, cuatro casos han revolucionado la vida política pública de este partido que se hace llamar movimiento y puesto en entredicho la moralidad con la que han jurado gobernar bajo la consigna de no robar, no mentir, no traicionar.
En marzo de 2025, luego de un mega decomiso de huachicol en el puerto de Veracruz, quedó evidenciada una red criminal que operaba desde las entrañas de la Secretaría de Marina a partir del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando esa institución era encabezada por el Almirante Rafael Ojeda Durán, y la célula delictiva la encabezaban los sobrinos de este último, el Contralmirante Fernando Farías Laguna y el Vicealmirante Manuel Farías Laguna, ambos ya detenidos, pero que gozaron de protección e impunidad por el parentesco con el titular de la SEMAR. Se calcula que las ganancias ilícitas de esa red fueron arriba los 600 millones de pesos de marzo de 2024 a marzo de 2025 cuando fueron descubiertos.
Hace un año, en mayo de 2025, la Gobernadora Marina Ávila Olmeda informó que el gobierno de los Estados Unidos le había revocado, a ella y a su esposo, Carlos Torres, la visa de turista para ingresar al vecino país. Sería la primera ocasión en que un Gobernador en funciones era desprovisto del documento migratorio, y aunque no se han revelado las razones, el caso apunta a acciones del cónyuge, mencionado junto a su hermano Luis Torres, en otro caso de huachicol, pero en el puerto de Ensenada, también en marzo de 2025.
Cuatro meses después, en septiembre de 2025, fue detenido en Paraguay Hernán Bermúdez Requena, quien fuera Secretario de Seguridad de Tabasco cuando ese estado lo gobernaba el Senador morenista Adán Augusto López Hernández, después de ser señalado líder de La Barredora, grupo criminal en la esfera del Cártel Jalisco Nueva Generación. A la fecha, el juicio que entre otros delitos incluye los de narcotráfico y desaparición forzada, continúa en proceso.
Un día antes de que finalizara abril de 2026, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó y le fue admitida una acusación en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, contra el Gobernador en funciones de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve de sus colaboradores y excolaboradores, por delitos que incluyen tráfico de drogas, protección al cártel de Sinaloa y utilización de armas. Sería revelado también que un año atrás, como a la Gobernadora de Baja California, a Rocha le habrían revocado la visa para ingresar a la Unión Americana, aunque a diferencia de la política bajacaliforniana, el sinaloense nunca lo dio a conocer.
Dos gobernadores en funciones, dos destacados miembros de la Marina además sobrinos del Almirante, y un exsecretario de seguridad estatal, todos de administraciones morenistas, con visas revocadas, o ligados a investigaciones tanto en México como en los Estados Unidos. La degradación de Morena en el Gobierno ha sido a paso galopante, en ocho años cargan con acusaciones y acciones en contra.
El 12 de mayo de 2026 Terry Cole, jefe de la Agencia Antinarcóticos de los Estados, DEA por sus siglas en inglés, declaró a pregunta expresa de un Senador de su país, que la acusación contra Rocha Moya y sus colaboradores y excolaboradores, incluido el Alcalde de Culiacán, era apenas el inicio, textualmente respondió: “No cabe duda que los narcotraficantes y altos funcionarios del gobierno mexicano han estado involucrados durante años, pero ahora de repente le estamos prestando atención a esto… son igualmente responsables de la muerte y destrucción de una cantidad récord de estadounidenses al cooperar, conspirar y ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera”, y sentenció sobre la acusación al Gobernador sinaloense: “le aseguro que esto es sólo el comienzo de lo que está por venir en México”.
El mismo 12 de mayo, la nueva lideresa del partido oficialista, Morena, Ariadna Montiel, informó que su partido con mayoría en el Poder Legislativo, solicitaría formalmente un juicio político contra la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por la intervención de elementos de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, en territorio chihuahuense y en apoyo a la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado, para combatir al narcotráfico en la localización y aseguramiento de un mega narcolaboratorio, cuya presencia fue conocida debido a que dos de los cuatro agentes de la CIA que se encontraban operando, fallecieron en un accidente.
Ya la FGR había anunciado la apertura de carpetas de investigación para determinar quién en Chihuahua, permitió la participación de agentes de la CIA en territorio mexicano.
También el 12 de mayo, el Secretario de Seguridad del Gobierno federal, Omar García Harfuch, informó que no hay ninguna investigación en contra del Gobernador de Sinaloa, ya con licencia, Rubén Rocha Moya, y que no detectaron actividad ilícita alguna por parte del morenista señalado en los Estados Unidos, “No se detectó y no sólo eso, estuvimos operando en todo lo que va de la administración de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, con resultados que ustedes conocen, que aquí se han informado”, dijo.
Por un lado, Morena intenta llevar a juicio político a la Gobernadora de Chihuahua, y por otro, desde el gobierno de la República, intentan deslindar de cualquier investigación al de Sinaloa, lo cual era evidente que sucedería, la defensa a ultranza de uno de los suyos, que por lo menos tuvo la prudencia o fue obligado a solicitar licencia.
Y mientras las “estrategias” de Morena avanzan, porque el partido oficialista tiene todo el poder desde Palacio Nacional hasta el Poder Legislativo y el Judicial, rezagadas, minimizadas e ignoradas quedan las solicitudes de los partidos de oposición presentadas para el desafuero y el juicio político de Rubén Rocha Moya, como la denuncia inicial del 30 de abril que hizo el dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, o la que el 11 de mayo de 2026 presentó el Partido Acción Nacional para un juicio político contra el mismo Rocha.
La respuesta de Morena son patadas de ahogado en un lodazal que ya les llega al cuello: enjuiciar políticamente a una Gobernadora panista, exonerar a Rocha Moya, y detener las solicitudes de la oposición para enjuiciar o desaforar al sinaloense, y efectivamente, esta historia criminal apenas comienza.
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