Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 12/05/26 (Más).- Una iniciativa de ley presentada hoy en el Congreso del Estado plantea crear un marco de protección para maestros ante acusaciones falsas, quejas administrativas sin sustento y actos de intimidación que, según el diagnóstico del propio documento, han dejado al personal docente expuesto a separaciones del cargo, daños a su reputación, afectaciones emocionales y procesos sin suficiente acompañamiento jurídico o psicológico.
La propuesta, denominada Ley para la Protección de la Dignidad, Integridad y Derechos de las y los Trabajadores de la Educación en el Estado de Coahuila, parte de la premisa de que el personal docente enfrenta una creciente vulnerabilidad dentro y fuera de los planteles escolares, tanto por agresiones, insultos o humillaciones, como por señalamientos que pueden derivar en consecuencias laborales antes de que exista una investigación concluyente.
En su exposición de motivos, la iniciativa presentada por Magaly Hernández, diputada de Morena, sostiene que 5 de cada 10 estudiantes han presenciado agresiones hacia docentes y que hasta el 90 por ciento del profesorado ha reportado haber sido víctima de insultos, burlas o humillaciones, aunque no detalló la fuente de sus datos.
También refiere que, a nivel nacional, más de mil maestras y maestros habrían sido separados de sus cargos a partir de acusaciones anónimas, incluso sin investigación previa, y que en algunos casos más de seis de cada diez denuncias resultaron infundadas.
El documento señala que en Coahuila se han detectado casos en los que este tipo de señalamientos han sido utilizados para amedrentar o extorsionar a docentes, además de mencionar situaciones en las que maestras y maestros han enfrentado intimidaciones, omisiones de autoridades escolares, depresión, necesidad de atención psiquiátrica y daños a su estabilidad laboral y familiar.
Entre las medidas centrales, la iniciativa plantea reconocer la presunción de inocencia de los docentes mientras no exista una resolución administrativa firme, así como garantizarles debido proceso, notificación oportuna, conocimiento de las causas del procedimiento, derecho a presentar pruebas y acceso a defensa jurídica.
También propone crear mecanismos de apoyo institucional, incluyendo asesoría jurídica, atención psicológica y medidas de protección laboral durante los procedimientos administrativos, con el fin de evitar que una acusación sin sustento derive automáticamente en daños irreparables para la persona señalada.
La iniciativa contempla además una evaluación preliminar de las quejas, medidas de restitución cuando se determine que hubo acusaciones infundadas o maliciosas, reincorporación laboral, disculpa institucional, acompañamiento psicológico y jurídico, así como acciones para evitar la repetición de abusos o procedimientos simulados.
Otro punto relevante es que la propuesta no plantea dejar sin atención las denuncias que involucren a niñas, niños y adolescentes. Por el contrario, establece que cualquier procedimiento deberá respetar el interés superior de la niñez y canalizar los casos que lo requieran a las instancias competentes, como la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), a fin de garantizar representación, acompañamiento y atención psicológica.
La propuesta también prevé campañas de sensibilización, capacitación a directivos escolares, convenios de colaboración con instituciones públicas y evaluaciones periódicas del ambiente laboral en los planteles, con el objetivo de prevenir abusos de autoridad, hostigamiento, violencia institucional y afectaciones a la salud mental del personal educativo.
De acuerdo con el planteamiento de la iniciativa, el propósito no es encubrir conductas indebidas, sino establecer reglas claras para que las denuncias se atiendan con seriedad, sin cancelar los derechos de la niñez ni dejar en indefensión a maestras y maestros ante acusaciones falsas o procesos administrativos arbitrarios.
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