Una emboscada contra la infancia

El Poder del Consumidor

Alejandro Calvillo

Nombrar algo por primera vez le da sentido a lo nombrado, ya que construimos nuestra realidad a través del lenguaje. En el ámbito de la salud pública, el nombre de un ingrediente, una advertencia o una instrucción de preparación en una etiqueta son el único cordón umbilical que une al consumidor con la verdad de lo que ingiere. Cuando esa comunicación se rompe bajo el pretexto de la «flexibilidad», lo que se vulnera no es un simple requisito, sino el derecho fundamental a la vida y a la salud.

Bajo este principio, se enciende una alerta máxima sobre lo que está por ocurrir la próxima semana: “Una emboscada contra la infancia”. En la 49ª sesión del Comité del Codex sobre Etiquetado de los Alimentos (CCFL49) en Ottawa, nuestros vecinos del norte han propuesto “Nuevas Directrices sobre la aplicación de las disposiciones al etiquetado de los alimentos en situaciones de emergencia”, bajo el pretexto de la «flexibilidad logística”, que esconden peligrosos caballos de Troya.

Esta maniobra de “ambigüedad” permite la omisión de ingredientes y advertencias sanitarias esenciales en productos de alto riesgo de consumo en situaciones de “emergencia” como las fórmulas infantiles. Además, lo que se propone permite que las grandes corporaciones omitan ingredientes y advertencias vitales, dejando a las familias en la oscuridad total justo cuando más protección necesitan, lo cual es inaceptable y criminal. Incluso, podría agudizar los casos recientes de contaminación por bacterias y metales pesados en marcas líderes de estos productos.

Imaginemos que, tras una inundación, llega la supuesta ayuda humanitaria. Una madre recibe una lata de leche en polvo para su bebé, pero, debido a esta «flexibilidad», la etiqueta está en un idioma ajeno. En medio del caos, ella se enfrenta a un objeto mudo: no puede leer cuánta agua se requiere, no comprende las advertencias vitales, no identifica la importancia del uso de agua hervida, y por el desastre hay pozos contaminados y ni siquiera puede verificar si el producto ha caducado. Lo que se vende bajo la idea de una «ayuda rápida y humanitaria» es, en realidad, un perverso ahorro de costos logísticos a cambio de un riesgo mortal.

O bien, pensemos en lo que habría ocurrido si estas reglas hubieran existido durante la pandemia: el impacto en nuestros lactantes pudo ser letal. Basta recordar la crisis de 2022, cuando la detección de la bacteria Cronobacter sakazakii en una planta de Abbott obligó a retirar fórmulas en 30 países. Sin un etiquetado estricto y transparente que permitiera identificar con precisión cada lote contaminado, miles de familias habrían estado ciegas ante un peligro mortal, alimentando a sus hijos con un producto infectado bajo el amparo de la «eficiencia logística». No es una medida administrativa; es una licencia para que la opacidad corporativa ponga en riesgo a nuestras niñas, niños y lactantes.

Entonces, ¿Cuáles es el riesgo real de lo que se propone y discute? La respuesta es tan clara como aterradora “impunidad en momentos de vulnerabilidad”. Quieren que, cuando haya una “emergencia” (como un huracán o una pandemia, por ejemplo), las grandes corporaciones puedan “relajar” las reglas de sus etiquetas bajo el pretexto de que «es difícil» cumplir con todo en medio del Caos.

Sin embargo, hagamos un paréntesis, La Red Internacional de Grupos pro-Alimentación Infantil (IBFAN) nos ha advertido que, el Codex no tiene por qué decidir qué es una “emergencia”, ya que eso le toca a expertas y expertos de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Si se permite esta «flexibilidad», las corporaciones podrían ocultar ingredientes de mala calidad o quitar advertencias vitales, tratando a las personas en crisis como si merecieran menos protección que los demás.

Esta falta de información es peligrosa y casi criminal. Recordemos, que ya se ha documentado con anterioridad, como las marcas usan las tragedias para regalar botes de leche bajo el esquema de “donación” con promesas falsas, engañando a las mamás y poniendo en riesgo la lactancia materna. No podemos permitir que usen la palabra «emergencia» como una excusa para que las transnacionales vendan productos a ciegas, descuidando la vida de los bebés por ahorrarse unos pesos en logística.

¿Quiénes se beneficiarían realmente?, grupos con incontables denuncias que van desde el uso de esclavitud infantil en sus campos, hasta la extracción voraz que termina por secar comunidades enteras para embotellar su agua. Mientras inundan nuestros ecosistemas con plásticos, nos recetan un cínico ‘doble rasero’, productos con menos azúcar para los países del Norte Global, pero dosis industriales para los nuestros. Si les permitimos relajar el etiquetado en lo que ellos determinen como “emergencias”, no sólo les estamos entregando la salud de nuestros hijos e hijas; les estamos firmando un permiso para seguir operando por encima de la ética y de la vida».

Ante este escenario de captura corporativa, cabe preguntarse: ¿Dónde está México? ¿Cuál es la postura de nuestras autoridades frente a esta emboscada? Resulta alarmante la aparente inacción de nuestra representación ante un comité donde se pretende normalizar que las empresas entreguen productos con etiquetas mudas o en idiomas extranjeros, complicando cualquier intento de retirar lotes contaminados.

Una vez más, surge la pregunta: ¿Nuestros representantes acuden al desgastado argumento de responder a las sombras del T-MEC y a los supuestos «obstáculos técnicos al comercio»? ¿O bien, este silencio es el reflejo de posibles conflictos de intereses y acuerdos bajo la mesa con las grandes transnacionales que operan en nuestro país? Sólo recordarles, NO se puede proteger a los más vulnerables si actúan más como gestores comerciales que como guardianes de la salud pública.

Hoy, el gigante que domina el mercado de ultraprocesados dirigidos a la infancia (Nestlé), enfrenta la mayor retirada de sus productos en toda su historia, alcanzando ya a más de 60 países. ¿La causa? La una vez más, presencia de cereulida, una toxina fulminante producida por la bacteria Bacillus cereus. Es profundamente paradójico que, mientras gastan millones en cabildear una supuesta «flexibilidad», estén fallando en lo más elemental, garantizar la inocuidad de un producto que, por naturaleza, no es estéril.

Resulta alarmante que, aunque la Organización Mundial de la Salud ya ha registrado 144 casos en el primer trimestre de 2026, el retiro masivo en 60 naciones deja ver un riesgo potencial incalculable ante la falta de cifras reales. Aquí nos preguntamos, si la industria y las autoridades ni siquiera han podido resolver el problema mundial de la contaminación de fórmulas en condiciones normales, ¿por qué proponer ahora una directriz de «flexibilidad» que sólo servirá para ocultar estas fallas? No se puede permitir que la opacidad corporativa se institucionalice mientras la vida de los lactantes sigue pendiendo de un hilo por la negligencia de los gigantes alimentarios.

México no puede ser cómplice de este silencio. La postura en Ottawa debe ser tajante, exigir la exclusión total y explícita de los alimentos para lactantes y niños pequeños de cualquier flexibilización. Para ello, ya contamos con un Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y una la Guía Operativa para la Alimentación de Lactantes y Niños Pequeños en Emergencias. Nombrar el peligro es la única forma de prevenir la tragedia. Si una corporación tiene la logística para enviar productos a una zona de desastre, tiene la obligación ética de etiquetarlos correctamente. La vida de un bebé no admite «flexibilidades» ni etiquetas a medias. El gobierno mexicano debe alzar la voz; de lo contrario, su silencio será el permiso para que el negocio de la opacidad triunfe sobre la supervivencia de nuestra infancia.