Por Marco Campos Mena
Ya no nos sorprende que la llamada Cuarta Transformación vuelva a atentar contra la educación. A estas alturas resulta evidente que existe un resentimiento profundo contra quienes destacan académicamente, contra quienes sí estudian, contra quienes sí se preparan y contra quienes entienden que el conocimiento requiere disciplina, esfuerzo y capacidad intelectual. Pareciera incluso un complejo de inferioridad que viene desde Palenque, desde aquel personaje que tardó catorce años en terminar una carrera universitaria y sobre el cual siempre existieron sospechas de haber sido ayudado para concluirla.
Eso es precisamente lo que ocurre cuando personas sin el nivel suficiente llegan a ocupar puestos de alto mando: terminan rodeándose de perfiles igual de limitados para no sentirse exhibidos por quienes sí tienen preparación técnica, jurídica, científica o administrativa. La mediocridad necesita destruir el mérito para sobrevivir.
El deterioro educativo no comenzó ayer. Desde el sexenio pasado comenzó una política peligrosa: dejar pasar alumnos sin importar su desempeño, eliminar la exigencia académica y convertir la reprobación en una especie de violencia institucional”. El resultado fue que la calidad educativa cayó de manera dramática. Los libros de texto gratuitos entraron en un declive vergonzoso, llenos de errores ortográficos, ideologización política y contenidos cada vez más pobres para desarrollar habilidades reales de comprensión, análisis y pensamiento crítico.
Pero… en este sexenio la ofensiva contra la educación se volvió todavía más agresiva y parece no tener visión de futuro, o al menos parece que esta es deteriorar tanto como puedan el sistema para que los alumnos no aprendan a pensar libremente.
Uno de los primeros focos rojos apareció incluso en el ámbito profesional y médico. Claudia Sheinbaum llegó a declarar que los exámenes para ingresar a especialidades médicas eran demasiado difíciles y que por eso había pocos especialistas. Desde esa lógica simplista, el problema no era bajar el nivel educativo general ni fortalecer la preparación previa de los estudiantes, sino flexibilizar el acceso para producir más especialistas, aunque fueran de menor nivel.
Y ahí es donde aparece el problema de fondo: una especialidad médica no existe para cumplir cuotas políticas. Existe porque se está trabajando con la salud y la vida de las personas. Un médico especialista debe ser un verdadero experto. Debe dominar criterios clínicos, diagnósticos complejos y toma de decisiones bajo presión. Pero el nuevo modelo parece privilegiar la cantidad sobre la excelencia, aunque eso termine poniendo en riesgo la calidad de la atención médica futura.
Después vino otra medida absurda: las vacaciones extendidas disfrazadas de reorganización escolar. Sin análisis serio ni consulta suficiente, se determinó que el ciclo escolar terminaría el 5 de junio. Y sí, es cierto, hace décadas las vacaciones eran más largas. Pero también es cierto que las exigencias educativas del mundo actual son completamente distintas. Hoy los estudiantes compiten en un entorno globalizado, tecnológico y altamente competitivo.
El problema no es únicamente que las vacaciones sean largas. El problema es que el periodo se volvió exagerado y sin planeación. Padres de familia, especialmente en educación privada, comenzaron a protestar porque seguirán pagando colegiaturas completas mientras sus hijos pasarán meses enteros sin recibir formación académica real.
Y aquí aparece otra realidad incómoda: desde hace años, quien realmente quiere una educación sólida suele verse obligado a recurrir a instituciones privadas porque la educación pública ha sufrido un deterioro constante derivado de la falta de inversión, infraestructura y profesionalización, pero incluso eso se está agravando.
Los propios maestros comienzan a notar cada vez menos recursos, menos apoyo y menos capacidad operativa. Y resulta inevitable comparar lo que ocurre en México con otros países. Nayib Bukele, en El Salvador, un país muchísimo más pequeño y con menos recursos, ha impulsado constantemente la construcción y modernización de escuelas. Mientras tanto, en México tenemos casos tan absurdos como el de la refinería Dos Bocas, donde la cercanía con centros educativos viola cualquier lógica mínima de seguridad y planeación urbana. Aun así, no son capaces de trasladar la escuela que está pegada a la refinería a una zona segura.
La indolencia hacia la educación ya ni siquiera se disimula y el deterioro no termina ahí.
También hemos visto resoluciones y criterios impulsados desde la Suprema Corte donde prácticamente se elimina la exigencia académica. La idea de que una calificación mínima de 6 basta para aprobar absolutamente todo, junto con la eliminación de requisitos estrictos de asistencia, manda un mensaje devastador: ya no importa aprender; importa únicamente avanzar estadísticamente.
¿La consecuencia? Estudiantes que podrían terminar ciclos completos sin preparación real, sin conocimientos sólidos y sin haber desarrollado disciplina académica mínima. Y esto agrava todavía más un problema que ya venía creciendo.
Lo más grave es que el daño ya ni siquiera podrá medirse correctamente. El sexenio pasado también atentó contra los mecanismos de evaluación eliminando la prueba PISA, precisamente el instrumento internacional que permitía medir el nivel educativo mexicano frente al resto del mundo. La justificación oficial siempre fue ideológica, pero el trasfondo parecía evidente: evitar que quedara documentado el deterioro educativo provocado tanto por la pandemia como por las malas decisiones gubernamentales.
La reforma educativa original tenía defectos, sí, pero también tenía un objetivo central: obligar a que los maestros demostraran capacidades técnicas y conocimientos suficientes para impartir educación de calidad. Sin embargo, el populismo obradorista decidió desmontarla porque resultaba más rentable políticamente eliminar la evaluación que elevar el nivel profesional del magisterio.
Incluso se han impulsado criterios donde alumnos pueden avanzar de grado aunque reprueben prácticamente todas las materias del ciclo escolar. El esfuerzo dejó de ser requisito para acreditar las materias, la disciplina dejó de ser un valor eje de la educación y la excelencia académica pasó a considerarse elitista.
¿Dónde quedó la cultura del mérito?
Tal parece que ese mismo sentimiento de inferioridad de quienes no tienen la capacidad intelectual suficiente terminó convirtiéndose en política pública. Lo vemos incluso en perfiles de altos funcionarios y ministros cuestionados por irregularidades académicas, por inconsistencias en sus trayectorias o por deficiencias evidentes en conocimientos básicos. Y cuando quienes gobiernan sienten resentimiento hacia quienes sí están preparados, terminan expulsando a los capaces para rodearse únicamente de perfiles obedientes.
La reforma judicial es otro ejemplo clarísimo. Se vendió como una democratización del Poder Judicial, cuando en realidad abrió la puerta para destruir la carrera judicial y remover perfiles técnicamente preparados para sustituirlos por personas políticamente alineadas. El Poder Judicial no existe para representar al pueblo como un órgano de popularidad electoral. Su función es precisamente ser un contrapeso autónomo que limite abusos de los otros poderes.
Por eso existe la independencia judicial, por eso existe la carrera judicial, por eso los jueces no deberían depender de campañas políticas ni de patrocinadores porque en el momento en que jueces, magistrados y ministros necesitan respaldo político para llegar al cargo, el sistema deja de obedecer al derecho y comienza a obedecer a intereses y eso inevitablemente abre la puerta a corrupción, servilismo y hasta infiltración criminal.
Basta ver ciertos casos locales para entender el tamaño del problema. En Coahuila, por ejemplo, está el caso de un juez cuyo desconocimiento técnico ha provocado que abogados busquen diferir audiencias o solicitar cambios de juzgador ante niveles alarmantes de incompetencia.
Y todo esto ocurre porque se olvidó algo fundamental: sin adversidad no existe crecimiento.
El ser humano crece cuando enfrenta retos. El músculo se desarrolla bajo resistencia. La mente funciona exactamente igual. El pensamiento crítico surge cuando existe exigencia intelectual, presión académica y disciplina constante. Un estudiante al que jamás se le exige, jamás desarrollará capacidad analítica real.
Por eso estas políticas parecen diseñadas para mantener a la población en el nivel intelectual más bajo posible. Una sociedad que no cuestiona es más fácil de controlar. Una sociedad sin pensamiento crítico acepta cualquier narrativa oficial sin resistencia.
No fue casualidad que López Obrador alabara constantemente a los seguidores incondicionales mientras despreciaba a sectores profesionistas, académicos y clases medias críticas. El pensamiento crítico siempre representa un riesgo para los proyectos populistas.
Y aquí aparece la paradoja más brutal: incluso regímenes de izquierda autoritaria como Cuba entendieron que necesitaban una población altamente preparada técnicamente para sostener ciertas áreas estratégicas. México ni siquiera parece aspirar a eso. Aquí el objetivo parece mucho más simple y peligroso: mano de obra barata, políticamente dócil y académicamente limitada.
Podemos decir que ya sabemos hacia dónde va la educación mexicana, pero, la pregunta es: ¿cuánto tiempo tardaremos en revertir el daño que se está causando? Quienes realmente quieran que sus hijos tengan oportunidades competitivas probablemente tendrán que invertir cada vez más dinero en formación complementaria, cursos especializados, idiomas, tecnología y educación extracurricular para compensar las enormes deficiencias de un sistema educativo que parece haber renunciado deliberadamente a la excelencia.
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