La narcored de Rocha Moya

La red política que llevó a morenista al gobierno de Sinaloa quedó bajo escrutinio: una investigación periodística apunta a operadores de Morena, colaboradores de campaña y funcionarios estatales que habrían intervenido en su nominación y posterior administración. Entre los señalados aparecen figuras partidistas y miembros del gabinete que, según el reporte, ocuparon posiciones estratégicas tras la elección de 2021

Culiacán, Sinaloa, 09/05/26 (Más).- La estructura política que impulsó la candidatura de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa en 2021 enfrenta hoy una ola de señalamientos internacionales que vinculan a la administración estatal con presuntos vínculos con el crimen organizado.

De acuerdo con investigaciones recientes de Emeequis, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a Rocha Moya y a varios de sus colaboradores de colusión con la facción delictiva conocida como Los Chapitos, señalando la existencia de una red que habría utilizado el aparato público para favorecer intereses ilícitos.

Emeequis documenta que este entramado de poder no solo incluyó al candidato y su equipo de campaña, sino también a operadores políticos de alto nivel, entre ellos figuras como el entonces expresidente de Morena, Mario Delgado, la secretaria general Citlalli Hernández, el delegado electoral en Sinaloa Américo Villarreal, y el senador Ricardo Monreal, señalado por Rocha Moya como su enlace directo con Palacio Nacional.

La investigación resalta que esta red habría cogobernado el estado junto con la organización criminal, consolidando posiciones clave en el gabinete estatal y municipal.

El mismo Rocha Moya ha reconocido que su nominación a la gubernatura fue promovida directamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de no liderar las encuestas internas de Morena frente a Luis Guillermo Benítez, conocido como El Químico.

Según el gobernador, su amistad con Andrés Manuel López Obrador desde 1998 facilitó esta designación, mientras que Monreal habría jugado un papel crucial para posponer y reorganizar el anuncio del candidato oficial, garantizando que Rocha resultara favorecido en el proceso.

Mario Delgado Carrillo, entonces presidente nacional de Morena, aparece como operador central del proceso de nominación.

Registros de la investigación de Emeequis muestran al menos tres visitas oficiales de Delgado a Sinaloa entre diciembre de 2020 y febrero de 2021 para supervisar reuniones con aspirantes y consolidar la candidatura de Rocha Moya.

Citlalli Hernández y Américo Villarreal también participaron activamente en la supervisión del proceso, asegurando la alineación de los aspirantes con la estrategia nacional del partido.

El equipo formal de campaña de Rocha Moya estuvo encabezado por Alejandro Higuera Osuna, conocido como Diablo Azul, quien asumió la coordinación general.

Su experiencia política incluyó tres períodos como alcalde de Mazatlán y cargos legislativos locales y federales.

El equipo incorporó tanto operadores formales como informales, entre ellos Enrique Inzunza, quien mantenía un rol oficial en el Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, pero según la acusación del Departamento de Justicia, habría fungido como enlace con Los Chapitos y participado en la neutralización de opositores mediante intimidación y violencia.

Luis Guillermo Benítez, El Químico, denunció públicamente que fue removido de la contienda por presiones de Enrique Inzunza y Rocha Moya, lo que evidencia la presunta instrumentalización del aparato partidista y judicial para favorecer a Rocha.

La investigación señala que los miembros del equipo de campaña ocuparon posteriormente puestos estratégicos en la administración estatal, desde áreas de comunicación y agenda gubernamental hasta secretarías de bienestar, desarrollo sustentable y educación.

Entre otros colaboradores destacan Adriana Margarita Ochoa del Toro en comunicación social, Juan de Dios Gámez Mendívil en programas federales y presidencia municipal de Culiacán, y Sthefany Rea Reatiga en la subsecretaría de Bienestar, mientras que Alonso Ramírez Reyes y María Martina Salazar Rodríguez encabezaron áreas de juventud y coordinación de mujeres, respectivamente.

Cada uno de ellos habría consolidado su influencia durante la gestión de Rocha, según los reportes de prensa y la investigación de Emeequis.

El entramado político de Rocha Moya, según la radiografía de Emeequis, refleja un patrón de interconexión entre operadores formales del partido, funcionarios estatales y presuntos vínculos criminales. Las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense colocan bajo escrutinio no solo la campaña electoral de 2021, sino también la posterior ocupación de cargos clave en Sinaloa.