Ciudad de México, 06/05/2026 (Más).- México se mantuvo en 2025 como el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo, en medio de un escenario marcado por asesinatos, desapariciones, amenazas, agresiones físicas, hostigamiento institucional y obstáculos crecientes para acceder a información pública.
De acuerdo con Infobae, el informe “Estructuras del Silencio: censura, opacidad y vigilancia”, elaborado por Artículo 19, advierte que informar sigue implicando riesgos extremos para periodistas y medios, debido a la combinación de violencia letal, impunidad y mecanismos de presión desde el poder público.
Durante 2025, la organización documentó siete asesinatos de periodistas, una desaparición y 451 agresiones contra comunicadores y medios en México. Con esas cifras, el país ocupó el primer lugar regional en violencia letal contra la prensa, por encima de otras naciones latinoamericanas con condiciones graves de inseguridad.
El informe señala que las agresiones no corresponden a hechos aislados, sino a un patrón estructural. De los 451 casos registrados, 199 fueron clasificados como ambiente hostil, 151 como abuso del poder público y 53 como violencia física o ataques directos.
Las amenazas se mantuvieron como una de las formas más frecuentes de intimidación, con 112 casos documentados durante el año. Esto significa que, en promedio, cada cuatro días un periodista fue amenazado en México, mientras que la estigmatización también tuvo un peso relevante, con 65 casos, de los cuales 60 por ciento provinieron de autoridades o actores políticos.
Artículo 19 advirtió que los discursos contra periodistas no constituyen expresiones neutrales, pues en contextos de violencia pueden convertirse en detonantes de nuevas agresiones. Desde el año 2000, al menos 176 periodistas han sido asesinados en México por posibles vínculos con su trabajo, mientras que 32 permanecen desaparecidos.
El informe también identificó el uso de mecanismos legales como forma de presión. En 2025, 67 periodistas y medios enfrentaron procesos judiciales o administrativos, entre ellos 29 electorales, 17 penales, 13 civiles y ocho administrativos. En la mayoría de los casos, estas acciones fueron promovidas por funcionarios o actores políticos.
La organización sostuvo que este uso del aparato institucional busca inhibir el trabajo periodístico. “El objetivo no es necesariamente ganar, sino castigar mediante el proceso”, advirtió el documento, al señalar que la judicialización puede convertirse en una forma de censura indirecta.
Otro foco de alerta fue el acceso a la información pública. El informe detectó respuestas incompletas, inexistentes o injustificadas en solicitudes oficiales, además de prácticas reiteradas de opacidad. También señaló que la instancia “Transparencia para el Pueblo” desechó cerca del 99.6 por ciento de los recursos de revisión en sus primeros meses.
En el ámbito territorial, Ciudad de México, Puebla y Veracruz concentraron el mayor número de agresiones contra la prensa. En contraste, Artículo 19 advirtió que en estados con bajos registros, como Sinaloa, podrían existir escenarios de autocensura. Además, documentó al menos dos casos de desplazamiento forzado interno de periodistas en Michoacán, con graves consecuencias personales, económicas y psicológicas.
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