Ciudad de México, 06/05/2026 (Más).- La acusación formal presentada por la Fiscalía de Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve funcionarios y exfuncionarios, volvió a colocar en el centro del debate nacional la relación entre política y crimen organizado en México.
El caso ha reavivado cuestionamientos sobre el alcance de la infiltración del narcotráfico en los procesos electorales y en las estructuras de gobierno, particularmente en entidades donde los grupos criminales mantienen una fuerte presencia territorial.
De acuerdo con el podcast “Al habla… con Warkentin”, de El País, el exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo, advirtió que la llamada narcopolítica no puede entenderse únicamente como una suma de actos aislados, sino como el resultado de una progresiva descomposición institucional y de la complicidad de autoridades responsables de garantizar la seguridad y la legalidad en los procesos democráticos.
Durante la conversación, Jacobo sostuvo que el crimen organizado dejó atrás la etapa en la que solamente buscaba influir sobre autoridades ya electas y evolucionó hacia un esquema más sofisticado de intervención directa en campañas, candidaturas y estructuras partidistas.
Según explicó, esta operación alcanzó uno de sus momentos más visibles durante las elecciones intermedias de 2021, especialmente en estados de la costa del Pacífico, donde los grupos criminales habrían desplegado mecanismos de presión para alterar equilibrios políticos locales.
El exfuncionario detalló que la estrategia criminal no consistía en intervenir de manera masiva todas las casillas electorales del país, sino en focalizar acciones en puntos estratégicos. “Ingeniería electoral”, llamó Jacobo a esas operaciones dirigidas a inhibir votantes, secuestrar operadores políticos y obstaculizar la logística de campañas opositoras para asegurar resultados favorables en determinadas regiones.
En ese contexto, recordó que durante el proceso electoral de 2021 se instalaron alrededor de 170 mil casillas en todo México, lo que hacía inviable una operación criminal total sobre la jornada electoral. Sin embargo, consideró que sí resultaba posible ejecutar acciones selectivas en municipios o distritos clave, donde el control territorial del crimen organizado podía traducirse en ventajas políticas concretas.
La discusión retomada en el programa también hizo referencia al reportaje “El juego de los narcos por el poder total en Sinaloa”, publicado por Ríodoce en junio de 2021. Esa investigación documentó presuntas amenazas, secuestros y presiones contra operadores políticos del PRI, además de la retención de militantes y cuadros electorales en casas de seguridad para impedir la movilización de estructuras opositoras durante la jornada electoral en distintas zonas del estado.
Para Edmundo Jacobo, el avance del narcotráfico en la política mexicana ha seguido una ruta definida que comenzó con la cooptación de presidentes municipales y posteriormente escaló hacia el financiamiento de campañas y la definición de candidaturas. En su análisis, esta dinámica ha permitido a grupos criminales construir redes de protección e impunidad desde el ámbito local hasta niveles más altos de gobierno.
El exsecretario ejecutivo del INE recordó además que uno de los pocos antecedentes que derivó en consecuencias institucionales ocurrió en Michoacán, donde el Tribunal Electoral anuló elecciones en cuatro municipios por la intervención del crimen organizado.
No obstante, señaló que aquella resolución no alcanzó para invalidar la elección de gobernador, lo que evidenció las limitaciones legales y operativas del sistema electoral mexicano para enfrentar este tipo de fenómenos.
La conversación en el podcast también vinculó el caso de Sinaloa con el escenario político rumbo a las elecciones de 2027, cuando se renovarán 17 gubernaturas, el Congreso de la Unión y parte del Poder Judicial.
La preocupación central, según la discusión, es que mientras no existan investigaciones efectivas y coordinación real entre autoridades federales y estatales, la infiltración criminal continuará expandiéndose desde las estructuras locales hasta los niveles más altos del poder político en México.
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