Culiacán, Sinaloa, 05/05/26 (Más).- Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, se encuentra en un escenario complejo tras las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Aunque dejó el cargo y perdió su fuero, el Gobierno federal le asignó escolta como medida de protección, sin que exista evidencia de amenazas directas ni sospecha de colaboración con organizaciones criminales, según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
En conferencia desde Culiacán, García Harfuch puntualizó que el gobernador al dejar el cargo, no tiene fuero, y explicó que la protección oficial asignada a Rocha Moya fue resultado de evaluaciones de riesgo y recomendación del Gabinete de Seguridad, no de una solicitud directa del exmandatario.
Agregó que se trata de pocos elementos para su resguardo y enfatizó que no hay indicios de que haya obstruido labores de seguridad.
La situación de Rocha Moya contrasta con la de otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales involucrados en las mismas acusaciones, entre ellos el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
García Harfuch aclaró que sólo quienes tienen fuero, como el senador morenista Enrique Inzunza, cuentan con la inmunidad constitucional que les protege de ciertos procesos legales.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, denunciaron un linchamiento mediático por parte de Estados Unidos al hacer públicas las acusaciones contra Rocha Moya y los demás funcionarios.
Alcalde subrayó que la confidencialidad acordada fue vulnerada, y Sheinbaum criticó el manejo del caso en medios internacionales, recordando que un principio que no es negociable bajo ninguna circunstancia es la soberanía.
En cuanto al proceso legal, la posible extradición a Estados Unidos se mantiene en pausa. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sólo presentó una solicitud de detención provisional con fines de extradición, sin acreditar urgencia, lo que impide que la FGR avance ante un juez hasta recibir la documentación y pruebas requeridas por la SRE.
A pesar del contexto internacional y las tensiones diplomáticas, García Harfuch resaltó que el Gabinete de Seguridad mantiene su presencia en Sinaloa, respaldando a la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde y fortaleciendo la estrategia de seguridad estatal.
Entre las acciones previstas se incluyen la reducción de homicidios y delitos de alto impacto, así como la entrega de 100 patrullas a la policía estatal.
“El Gobierno de México está presente, no se va a retirar y seguirá trabajando todos los días por la seguridad de las familias sinaloenses”, afirmó el secretario, reiterando que la protección otorgada a Rocha Moya no implica sospecha de delitos, sino medidas preventivas ante un escenario de alto perfil mediático y político.
Mientras tanto, Rocha Moya mantiene su postura de defensa, rechazando los señalamientos y asegurando que carecen de fundamento, mientras las autoridades mexicanas revisan las solicitudes internacionales y continúan con las indagatorias correspondientes.
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