Adela Navarro Bello
Aunque el origen del cuento suele ubicarse en la Edad Media, el relato ha sido harto utilizado aún en tiempos modernos, como un recurso en la literatura, la cinematografía o la narrativa de hechos ficticios, para demostrar la agudeza mental de un protagonista que, con una mentira imposible de verificarse como lo contrario, se sale con la suya: llega un pequeño cuerpo de seguridad y reúne a todos los sospechosos frente a un hecho ilícito, de no identificarse el culpable, empezarán a matar a uno por uno. Ante el silencio, cae el primer cuerpo, y a la pregunta de nueva cuenta a los sobrevivientes para que el culpable se entregue, uno de ellos levanta la mano, dice que él no fue, pero sabe quién lo hizo, y cuando los soldados le preguntan el nombre del infractor, este señala al muerto.
Entre la incapacidad del difunto para defenderse y la “delación” del sobreviviente, la premisa es trasladar la culpa, sin ética, a una tercera persona que ya no está para defenderse.
Justo eso es lo que sucedió en el caso de los elementos de la CIA que colaboraron con la Agencia Estatal de Investigaciones de Chihuahua para la ubicación de un laboratorio de metanfetaminas en la Sierra Madre Occidental y que perdieron la vida en un accidente, extraño, pero oficialmente accidente, en el trayecto de regreso.
Cuando la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, excediendo sus facultades, nombró a Wendy Paola Chávez Villanueva, Fiscal de la unidad especial para investigar el hecho en el que fallecieron cuatro personas, dos de ellos agentes de la CIA, una de las primeras revelaciones que Chávez hizo fue que la única persona que tenía contacto con los investigadores extranjeros y conocía el motivo de su presencia en el operativo para descubrir e inutilizar un laboratorio aparentemente del Cártel de Sinaloa, era el director de la Agencia Estatal de Investigaciones de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes. Precisamente, uno de los cuatro fallecidos en el accidente donde perdieron la vida los dos elementos de la Agencia Central de Inteligencia de la Unión Americana.
Pedro Oseguera ya no está para defenderse y refutar la versión oficial de la Fiscalía de Chihuahua, pero la utilización de su nombre para responsabilizarlo por la presencia de los agentes de la CIA operando en territorio mexicano, deslinda a la Gobernadora panista Maru Campos de, en detrimento de la Ley y sin notificar al Poder Ejecutivo Nacional, permitir la intervención de los norteamericanos en suelo nacional. Esto calma los ánimos de la Presidencia de la República, dado que Claudia Sheinbaum Pardo, quien, desde el lunes 20 de abril, aunque el fatal accidente sucedió el 18 de abril, se ha dicho desconocedora de la presencia de los agentes de la CIA operando en México, y a su vez confirma la versión que dio posteriormente el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, sobre que la Gobernadora no estaba al tanto de la operación de los estadounidenses.
El hecho, ha estado plagado de una serie de eventos desafortunados desde un inicio, como la participación de la CIA en un operativo que, ciertamente encabezó la AEI de Chihuahua, pero contó también con la colaboración de por lo menos 40 elementos del Ejército Mexicano.
De entrada, el ahora exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui -después de echarle la culpa al fallecido, el hilo siempre se rompe por lo más delgado- en una conferencia de prensa efectuada el domingo 19 de abril, mintió deliberadamente (luego reconoció o pretendió justificarse con que no tenía toda la información), al decir que el operativo para identificar el mega narcolaboratorio, lo habían realizado entre 40 elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua y 40 del Ejército, y que cuando descendían por la Sierra Madre Occidental, se encontraron a dos agentes de la CIA, quienes les pidieron un aventón a la ciudad de Chihuahua porque debían tomar un vuelo a Ciudad de México. Los subieron a uno de los vehículos, el que era tripulado por el director de la AEI, Pedro Oseguera Cervantes, y el Agente Manuel Genaro Méndez.
Entre un convoy integrado, ahora se sabe, por 15 unidades, la que tripulaban los dos agentes estatales y los de la CIA, perdieron el control de la unidad, salieron del sinuoso camino y cayeron a un precipicio. Tres de los agentes, los dos mexicanos y uno de la Agencia Central de Inteligencia, salieron expulsados en el trayecto de descenso del fatal accidente, y uno de ellos, extranjero, quedó en la unidad que al caer por el vacío y tocar tierra, explotó. Los cuatro cuerpos fueron recuperados del área, uno de ellos, calcinado.
Después de esa “versión oficial”, empezó el golpeteo entre gobiernos y partidos. Los de Morena desde Palacio Nacional ponderando el desconocimiento sobre los hechos, la participación de agentes extranjeros, de manera particular centrada la Presidenta en la que ha sido su política del no intervencionismo norteamericano a raíz de que el Presidente de los Estados Unidos lo sugiriera para el combate a los cárteles, especialmente aquellos que clasificó como organizaciones terroristas. Por otro lado, la oposición panista se volcó en apoyo a la Gobernadora de Chihuahua, justificando que ella hacía todo lo que debía hacer para combatir la inseguridad, aun cuando la Fiscalía General del Estado que gobierna, se supone que es autónoma.
Pero después de defenderse y asegurar que ella como gobernadora haría lo que estuviese a su alcance para garantizar la seguridad de los gobernados, ahora resulta, que al igual que la Presidenta de la República, la mandataria de Chihuahua también desconocía que agentes (ya se reveló que fueron cuatro, y dos de ellos fallecieron en el accidente) de la CIA laboraban con la Agencia Estatal de Investigaciones de su estado.
Total, que ninguna de las dos ejecutivas, la nacional y la estatal, está enterada de lo que sucede en los operativos, particularmente en este, encabezado por una Agencia Estatal y por elementos del Ejército Mexicano, quienes evidentemente, aun cuando los agentes norteamericanos utilizaran uniformes de la AEI, debieron percibir que se trataba de elementos de extranjeros, que eran, además, especialistas en el manejo de drones, herramienta con la cual localizaron el mega laboratorio del narco.
Todo el enredo revela el desaseo gubernamental y político con el cual se ha manejado este caso, en el desorden, la ignorancia de los gobernantes, y el desgobierno, lo cual han demostrado al admitir públicamente, las principales actoras, que desconocían lo que agentes de los Estados Unidos hacían en territorio mexicano, pues basta con echarle la culpa al fallecido.
Como si los agentes de la CIA, y el extinto director de la Agencia Estatal de Investigaciones se mandaran solos, actuaran por su cuenta, al margen de las oficinas centrales de dos países. Y si fuese así, que mal están los gobiernos en México.
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