Astillero
Julio Hernández López
Un seco golpe de Estados Unidos coloca en circunstancias difíciles a la presidenta Sheinbaum, al proceso llamado Cuarta Transformación y a su partido en ruta de cambio dominical de dirigencia y posterior designación de candidatos a puestos de elección popular.
No se trata solamente de Rubén Rocha Moya, indefendible en absoluto: es un jaque trumpiano que busca someter (aún más) a México en cuanto a su intento de diversificación de alianzas (el encuentro progresista de Barcelona), que rescata del escenario a la pro yanqui gobernadora panista María Eugenia Campos y, en ese lance vengativo, reivindica a la CIA y su “derecho” a intervenir en México, además de intentar el remache de la etiqueta de narcopartido a Morena y de narcopresidentes a los dos recientes (esa etiquetación ha sido machaconamente sostenida desde antes de las elecciones de 2024) y que busca doblegar (aún más) a México en el proceso del rediseño comercial que supla al T-MEC.
Cierto es que se está frente a una fase de un proceso judicial estadunidense en forma. Es decir, en la forma que se puede idealizar peliculescamente, aunque haya un gran contraste con la realidad de un sistema que permite a un delincuente sentenciado ser presidente de Estados Unidos. El inicio de ese proceso judicial fue el 4 de abril de 2023, en el contexto de las acusaciones contra Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar ( chapitos) en la Corte para el Distrito Sur de Nueva York. Lo dado a conocer ayer es la novena ampliación de la acusación formal en el expediente S9 23 Cr. 180 c, que en esta versión incluye al gobernador de Sinaloa, a un senador en funciones y a funcionarios y ex funcionarios de diversos niveles.
Desde luego, no son la instancia “justiciera” medianamente aceptable ni Estados Unidos (principal consumidor de drogas, con sus propios cárteles internos y tráfico de armas hacia el sur) ni Donald Trump (con el expediente Epstein a cuestas, y los crímenes, no sólo de guerra, que ha ordenado o propiciado; casablanqueador naranja que indultó al ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, sentenciado que cumplía en Estados Unidos su condena como narcotraficante).
El disparo de los halcones gringos va dirigido al corazón del sistema que ha ido construyendo el obradorismo en sus dos etapas, primero y segundo piso. Ha de reiterarse que Rocha Moya es indefendible, por su elección en la que personas armadas secuestraron el día de las urnas al equipo operativo del opositor priísta, Mario Zamora, y por el posterior ejercicio deplorable del poder, con un episodio determinante el 25 de julio de 2024, cuando fue secuestrado Ismael Zambada, El Mayo, para llevarlo a Estados Unidos, y asesinado el principal opositor al gobernador, Héctor Melesio Cuén Ojeda (incluso se fingió un asalto a una camioneta para “explicar” el crimen).
Trump o quienes definen y deciden este tipo de acciones buscan entrampar a la Presidenta, pues si no cede a la petición de extradición de Rocha Moya será duramente atacada mediática y políticamente por el poder gringo y sus aliados en México. La confrontación escalaría, según versiones en curso promovidas desde la embajada boina verde, contra otros personajes políticos, de alto nivel, y sus familiares y allegados. La etiquetación de narcoestado daría combustible a la pelea contra el nuevo Poder Judicial y a los grupos opositores que hasta ahora no han podido recuperarse política y electoralmente.
Finalmente: no pareciera que el estilo tradicional de comunicados de gobernadores y partido, de disquisiciones jurídicas (la FGR ya está en eso) y cierre de filas de la élite morenista sea eficaz ante la acometida mayor del trumpismo, de la CIA. La Presidenta está ante un dilema de cuya resolución dependerá buena parte del futuro del proceso 4T y de la aspiración de soberanía y progresismo en las cuotas que la aplastante realidad permita. ¡Hasta el próximo lunes!
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