Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila 22/04/26 (Más).- Lo más probable es que la intervención de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en México puede estar sucediendo en más estados del país aparte de Chihuahua, aunque no en Coahuila, donde las condiciones de seguridad son muy distintas, opinó el especialista en seguridad Víctor Manuel Sánchez Valdés.
A propósito del caso ocurrido en Chihuahua, donde se reveló la actuación de agentes estadounidenses en un operativo contra el narcotráfico tras un accidente automovilístico donde resultaron muertos, Sánchez Valdés consideró que este tipo de presencia no necesariamente es nueva sino que el accidente que la hizo pública terminó por exhibir una práctica que, hasta ahora, permanecía fuera del conocimiento abierto.
“Lo más probable es que en realidad se esté dando en muchos lugares y no es algo nuevo”, sostuvo el especialista, al señalar que otros episodios recientes de alto impacto, como el caso de Ismael “El Mayo” Zambada, también hacen plausible suponer algún grado de intervención o autorización estadounidense, aunque sin que necesariamente exista información pública suficiente para afirmarlo de manera concluyente.
De acuerdo con Sánchez Valdés, el caso Chihuahua abre un problema mayor porque no sólo involucra a autoridades estatales. Observó que, según lo conocido hasta ahora, los vehículos y uniformes estarían vinculados con la Fiscalía de Chihuahua, pero también se ha señalado la presencia de personal militar mexicano, por lo que el Gobierno federal tendría que explicar qué sabía y cuál fue el nivel de conocimiento o autorización institucional.
El especialista advirtió que, bajo el marco legal mexicano, la participación de elementos de seguridad o de fuerzas armadas de otro país en operativos dentro del territorio nacional no está permitida. Señaló que personal extranjero puede ingresar para capacitación, asesoría o intercambio de información, lo que llamó una cooperación “de escritorio”, pero no para participar en labores operativas, de inteligencia, espionaje o acciones de seguridad.
En ese sentido, consideró que lo ocurrido en Chihuahua no tendría justificación legal si se confirma la participación directa de agentes extranjeros en un operativo. A su juicio, para permitir formalmente ese tipo de acciones conjuntas sería necesario modificar la Constitución y la legislación aplicable en materia de seguridad nacional.
Sin embargo, Sánchez Valdés marcó una diferencia clara respecto de Coahuila. Dijo que ve complicado que un escenario similar se esté replicando en la entidad, porque las condiciones locales no corresponden al tipo de prioridades que actualmente mueven la intervención estadounidense: redes transnacionales de droga, laboratorios de drogas sintéticas y producción o trasiego de fentanilo hacia Estados Unidos.
“Yo veo complicado que sea en Coahuila”, señaló, al comparar la situación del estado con entidades como Chihuahua, Baja California o Tamaulipas, donde sí podrían existir condiciones más compatibles con operaciones enfocadas en narcotráfico transnacional o laboratorios clandestinos. En Coahuila, dijo, la incidencia de ese tipo de fenómenos es baja frente a otras entidades.
El especialista reconoció que Coahuila sí ha estado bajo observación de Estados Unidos desde hace años, especialmente por antecedentes vinculados con Los Zetas, seguridad fronteriza y colaboración institucional. No obstante, distinguió esos antecedentes de una eventual operación clandestina o directa de agentes extranjeros en territorio estatal.
Sánchez Valdés explicó que la presencia de personal diplomático, comercial o incluso especializado de Estados Unidos en Coahuila puede ocurrir dentro de marcos legales ordinarios. También dijo que pueden existir capacitaciones, asesorías, certificaciones e intercambio de información con corporaciones locales, como ha ocurrido con policías capacitados por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) o procesos de certificación tipo CALEA.
Pero insistió en que una cosa es la cooperación institucional permitida y otra muy distinta la participación directa en inteligencia, espionaje u operaciones de seguridad. Ese segundo supuesto, dijo, es el que tendría restricciones legales y el que se habría puesto en evidencia en Chihuahua.
Sobre la reacción del Gobierno federal, Sánchez Valdés consideró que la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un escenario complejo porque, aunque en términos de soberanía debería haber una postura más enérgica, en la práctica México se encuentra en una relación de alta dependencia económica y política con Estados Unidos, además de estar en un contexto sensible por la negociación del T-MEC.
A su juicio, el Gobierno federal ha concentrado buena parte del reclamo en las autoridades de Chihuahua como una forma de desplazar el foco principal, que sería la injerencia estadounidense. Sin embargo, estimó que el asunto probablemente tenderá a agotarse mediáticamente y que la relación bilateral impedirá una ruptura mayor.
Finalmente, al referirse a Coahuila, Sánchez Valdés dijo que la ruta para evitar que se generen condiciones que abran la puerta a intervenciones extranjeras es mantener la contención de los grupos del crimen organizado. Mientras el estado logre impedir la entrada y asentamiento de organizaciones criminales con capacidad transnacional, afirmó, será menos probable que existan escenarios que propicien acciones como las observadas en Chihuahua.
“Coahuila lo que tiene que seguir haciendo es generar condiciones para evitar la entrada de grupos del crimen organizado”, planteó el especialista, al advertir que las organizaciones criminales siempre intentarán ingresar a nuevos territorios, aunque hasta ahora el estado ha logrado contener ese riesgo.
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