Ciudad de México, 16/04/26 (Más).- Víctimas de Naasón Joaquín García expresaron su indignación y frustración tras el cierre de la investigación en México contra el líder de La Luz del Mundo, al considerar que la decisión de la Fiscalía General de la República representa un acto de impunidad y una traición a su búsqueda de justicia.
De acuerdo con El País, testimonios como el de Sochil Martin reflejan el sentir de las denunciantes, quienes aseguran haber sido ignoradas por las autoridades. “Me siento engañada. Me robaron la esperanza”, afirmó la activista, quien junto a su esposo ha impulsado denuncias y acompañado a otras víctimas en México y Estados Unidos.
Las víctimas han señalado que, pese a años de denuncias y a la gravedad de los señalamientos –que incluyen abuso sexual, trata de personas y explotación–, la Fiscalía decidió no ejercer acción penal, lo que interpretan como una protección institucional hacia los líderes de la organización religiosa. Martin incluso acusó la existencia de un supuesto vínculo entre autoridades y la iglesia, lo que, a su juicio, ha obstaculizado el acceso a la justicia.
Asimismo, cuestionaron el papel de la actual fiscal Ernestina Godoy, a quien reprochan no haber tenido acercamiento previo con las víctimas antes de cerrar el caso. “No le importó”, afirmó Martin, quien también criticó declaraciones oficiales que califican a la funcionaria como defensora de derechos humanos.
Las denunciantes también relataron irregularidades durante el proceso, como falta de comunicación por parte de la Fiscalía, dificultades para asistir a citas oficiales y ausencia de avances sustanciales en la investigación durante varios años. Aseguran que, pese a contar con elementos, las autoridades no dieron seguimiento adecuado al expediente.
El caso ha estado marcado por la presión que, según las víctimas, ejerció la organización tras la detención de Naasón Joaquín en 2019 en Estados Unidos, donde fue condenado por delitos sexuales. Denuncian que existieron actos de intimidación, destrucción de pruebas y coerción para silenciar a quienes buscaban denunciar. Además, señalaron presuntos vínculos entre integrantes de la iglesia y actores políticos, lo que habría contribuido a mantener un manto de impunidad en México. En ese contexto, las víctimas insisten en que continuarán su lucha legal y pública para que el caso sea reabierto y se finquen responsabilidades contra los implicados.
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