Pemex ocultó derrame

Con evidencia satelital, organizaciones civiles ubican a principios de febrero el inicio del vertido de hidrocarburos. Consideran que la versión oficial no solo es falsa, sino que constituye una negligencia

Ciudad de México, 31/03/26 (Más).- El derrame de hidrocarburos que ha contaminado cientos de kilómetros del litoral del Golfo de México no comenzó en marzo de 2026, como sostuvo el gobierno federal, sino desde febrero en instalaciones activas de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la Sonda de Campeche, de acuerdo con una investigación respaldada por evidencia satelital y operativa presentada por más de 17 organizaciones civiles.

Según información publicada por Infobae, agrupaciones como Greenpeace México, CartoCrítica, Geocomunes y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) documentaron que desde el 6 de febrero comenzaron a detectarse manchas de hidrocarburo en aguas marinas frente a Campeche, específicamente sobre el ducto denominado OLD AK C, una línea de 36 pulgadas que transporta crudo entre la plataforma AKAL-C y la Terminal Marítima Dos Bocas.

El seguimiento cronológico elaborado por las organizaciones detalla que el 7 de febrero arribó al sitio el buque especializado Árbol Grande, operado por Constructora Subacuática Diavaz bajo contrato con Pemex Exploración y Producción, lo que sugiere que la empresa ya tenía conocimiento de un incidente en el ducto.

La embarcación permaneció en la zona durante al menos ocho días realizando trabajos técnicos. Para el 13 de febrero, imágenes satelitales mostraban embarcaciones adicionales desplegando cañones de agua para dispersar el hidrocarburo, sin que existiera comunicación oficial o alerta a las comunidades costeras.

Seis días después, el 19 de febrero, la mancha de petróleo alcanzaba una extensión cercana a los 300 kilómetros cuadrados, lo que evidencia, según las organizaciones, que el derrame ya representaba una contingencia ambiental de gran escala.

A pesar de ello, durante todo ese periodo no se activaron mecanismos públicos de advertencia ni se informó sobre la magnitud del evento, lo que habría limitado la capacidad de respuesta temprana.

El impacto se hizo visible en tierra a inicios de marzo, cuando el hidrocarburo comenzó a arribar a playas de Tabasco y Veracruz, extendiéndose posteriormente hacia Tamaulipas.

Para el 21 de marzo, los colectivos documentaron afectaciones en al menos 630 kilómetros de costa, con presencia de residuos de chapopote en 51 puntos distintos. Los daños alcanzaron ecosistemas sensibles como manglares y arrecifes, así como especies marinas y actividades económicas clave, particularmente la pesca en comunidades del corredor arrecifal del suroeste del Golfo de México.

Habitantes de las zonas afectadas han reportado consecuencias directas tanto ambientales como económicas. La suspensión de jornadas de pesca, la contaminación de playas y la afectación a especies marinas han impactado los ingresos de numerosas familias, al tiempo que se incrementa la preocupación por los efectos a mediano y largo plazo en la biodiversidad de la región.

En contraste, la versión oficial presentada durante una conferencia presidencial situó el inicio del derrame el 2 de marzo y atribuyó su origen a tres posibles fuentes: un buque no identificado en las cercanías de Coatzacoalcos y dos filtraciones naturales, una de ellas en la zona de Cantarell. Esta narrativa, según las organizaciones, intenta desvincular la responsabilidad directa de infraestructura de Pemex y plantea un origen incierto o natural del vertido.

Las agrupaciones rechazaron de manera categórica dicha versión y señalaron que no es una simple diferencia de versiones: “Es una falsedad oficial sobre la cronología y el origen probable del vertido”, dijeron al considerar que la evidencia recabada demuestra una secuencia clara de eventos iniciados semanas antes de lo reconocido por las autoridades.

Asimismo, advirtieron que la omisión de información tuvo consecuencias graves. El Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos establece la obligación de notificar de inmediato a las autoridades y a la población, identificar la fuente del derrame y coordinar acciones interinstitucionales para contener los daños. Sin embargo, de acuerdo con las organizaciones, estos protocolos no se aplicaron de forma oportuna.

Finalmente, los colectivos plantearon cuestionamientos sobre la toma de decisiones dentro de las autoridades y la empresa productiva del Estado, particularmente en torno a quién determinó no informar sobre el incidente desde febrero y quién asumirá la responsabilidad por los daños ocasionados a los ecosistemas y a las comunidades costeras. “No se trata solo de una mentira. Se trata de una negligencia con consecuencias”, concluyeron.