El Callejón

25/03/26

Por Juan Ciudadano

Un resbalón

Se cumplieron dos meses de la muerte de Christian Hernán Pérez Rentería y, en Torreón, el caso ya tiene la forma clásica del expediente que “sigue abierto”… pero ya no conduce a nada. Abierto para la estadística, cerrado para la justicia.

El joven salió a celebrar su cumpleaños al bar Mr. Rabbit en el centro de Torreón la noche del fin de semana del 18 de enero. Ahí vino el primer quiebre: protesta por la cuenta, discusión, versiones de redes que aseguran que lo golpearon los guardias. Luego llegó la patrulla y la Policía Municipal se lo llevó por “alterar el orden público”.

Segundo quiebre: el traslado y la entrega “intacta”. Los policías sostienen que lo entregaron completo al Centro de Justicia Municipal (Tribunal Municipal Administrativo). ¿Qué pasó entre el antro y la barandilla? Según ellos, pero todos sabemos que los policías no son blancas palomas, esa versión es difícil de creer, por decir lo menos.

Tercer quiebre: la celda. Horas después, Chris terminó trasladado a la Cruz Roja y luego al Hospital General, donde murió el 20 de enero por traumatismo craneoencefálico severo, de acuerdo con la versión oficial. La Fiscalía sostuvo que no hubo agresión homicida, sino una caída dentro de las celdas. Y aquí entra el elemento que, desde el primer día, hace que la historia no cuadre: el cuerpo de Chris.

Porque el relato de la familia —y en particular lo que publicó su hermana en redes— habla de un cadáver con fractura en un brazo, marcas de golpes en piernas, señales de forcejeo a la altura de la clavícula: lesiones múltiples que no se explican con el “resbalón” ¿Un resbalón con fractura incluida? ¿Un tropiezo que deja marcas de objeto contundente? Está bueno el encaje, pero no tan ancho.

La Fiscalía, sin embargo, decidió administrar la verdad. En enero, los padres dijeron que les mostraron un video donde se observa que Chris “resbala”; quedaron conformes con esa versión. Pero el video no se hizo público, no se explicó la cronología completa, no se exhibió el examen médico de ingreso que debió existir, ni la necropsia, ni el porqué de las lesiones descritas por la familia.

Ayer, ya con dos meses encima, el fiscal Federico Fernández Montañez remató la historia: la carpeta “sigue abierta”, sí… pero no han surgido responsabilidades penales; que si las hubiera, ya las habrían informado; que el caso queda reservado hasta que se cierre (sin plazo); y que la ruta que sigue es administrativa, a cargo del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Torreón para sancionar faltas u omisiones del personal municipal.

O sea: Chris murió bajo custodia, con un cuerpo que la familia describe golpeado y fracturado, pero el Estado concluye que no hay delito que perseguir, no hay expediente que consignar, no hay juez que conozca el caso. Sólo “faltas administrativas”. El muerto al pozo.

El caso es de interés público. Coahuila se adhirió al Protocolo de Minnesota (ONU) para investigaciones de muertes potencialmente ilícitas bajo custodia, y ese estándar exige investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales, pero también transparentes: el derecho a la verdad no es nada más para los padres en una reunión privada; es para la sociedad.

En el papel, el Protocolo de Minnesota también habla de reparación integral, compensación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición cuando hay violaciones a derechos humanos. En la realidad, lo que se ve es que algo se “arregló” hacia adentro —porque el reclamo público se apagó—, pero la transparencia no llegó a la plaza.

Si todo termina en “faltas administrativas”, entonces el mensaje para los demás jóvenes es brutal: aquí te pueden detener vivo y devolverte muerto… sin que pase nada.

Solo fue un resbalón