Lázaro Cárdenas, Michoacán, 25/03/26 (Más).- Las investigaciones sobre el ataque armado ocurrido en la Preparatoria Anton Makarenko apuntan a que las dos profesoras asesinadas fueron el objetivo directo del agresor, un adolescente de 15 años que abrió fuego al interior del plantel la mañana del martes.
De acuerdo con información difundida por Infobae, el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que las cámaras de seguridad registraron el momento en que el joven ingresó a la escuela alrededor de las 7:30 horas y se dirigió específicamente contra las docentes que se encontraban en el área de recepción.
Las grabaciones muestran que una de las maestras estaba de espaldas en el mostrador cuando fue atacada primero. La segunda víctima, que se encontraba detrás, intentó resguardarse; sin embargo, el agresor insistió hasta en tres ocasiones para dispararle, logrando herirla con al menos siete impactos.
El material también permitió identificar que el estudiante ingresó el arma –un fusil tipo AR-15– oculta dentro de una funda de guitarra, la cual dejó en la entrada junto con aproximadamente 47 cartuchos adicionales. Durante el ataque, otras personas presentes en la zona lograron huir, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de una agresión dirigida.
Tras los hechos, el adolescente fue detenido.
Según el fiscal, el arma utilizada no cuenta con registro y el propio menor declaró haberla tomado de su domicilio. Las indagatorias señalan que vive con su madre y su padrastro, quien presuntamente colabora con la Secretaría de Marina en el puerto de Lázaro Cárdenas.
Las autoridades también buscan el teléfono celular del joven, ya que se investiga la difusión de videos en su cuenta de Instagram horas antes del ataque. En ese contenido, el adolescente se declaró “incel” y compartió mensajes en contra de las mujeres.
Se prevé que el menor sea entrevistado para esclarecer los motivos del crimen. Las víctimas fueron identificadas como María del Rosario N, de 36 años, y Tatiana N, de 37. Debido a su edad, el agresor podría enfrentar una pena máxima de hasta tres años de internamiento.
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