Ciudad de México, 24/03/26 (Más).- El Gobierno mexicano ha retirado a más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos, en una medida que, de acuerdo con Amnistía Internacional, forma parte de una estrategia que limita la operación de estos grupos mediante regulaciones fiscales más estrictas.
Según información publicada por El País, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó desde enero el permiso a 100 asociaciones civiles, mientras que a otras 13 les canceló de manera definitiva esta autorización, bajo el argumento de que no cumplieron con los requisitos legales para emitir comprobantes deducibles.
Entre las organizaciones afectadas se encuentran el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), México Evalúa y Mexicanos Primero, además de instituciones culturales como el Ateneo Español de México y asociaciones dedicadas a la asistencia social, como centros de atención a adultos mayores y grupos filantrópicos.
Amnistía Internacional ha advertido que estas acciones fiscales representan un mecanismo de presión contra la sociedad civil.
La directora ejecutiva del organismo en México, Edith Olivares, explicó que no es una sola ley, como ocurre en otros países, sino que es una gran legislación en términos fiscales y antilavado que acaba impactando en la operación de las organizaciones.
La organización internacional sostiene que existe un patrón más amplio que busca restringir el espacio cívico. En ese sentido, Olivares señaló que se van dando acciones que parecen aisladas, pero en conjunto se ven prácticas que paso a paso van restringiendo el acceso al espacio cívico de las organizaciones de la sociedad civil.
Diversas organizaciones han iniciado trámites para recuperar su estatus como donatarias autorizadas. México Evalúa y Mexicanos Primero informaron que desde diciembre de 2025 mantienen procesos en curso ante el SAT, mientras que el IMCO indicó que busca una nueva acreditación, luego de que el fisco rechazó su reconocimiento como centro de investigación.
Estas medidas se enmarcan en un endurecimiento de las regulaciones fiscales desde 2021. El SAT ha argumentado que algunas asociaciones fueron utilizadas para deducciones fiscales indebidas; sin embargo, también se ha señalado un contexto de tensión política, luego de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador cuestionara públicamente a estas organizaciones, acusándolas de desviar recursos y oponerse a su Gobierno.
El retiro de autorizaciones ha generado preocupación entre organismos defensores de derechos humanos, que advierten que estas restricciones pueden traducirse en una disminución de recursos para apoyar a poblaciones vulnerables y limitar la labor crítica de la sociedad civil en México.
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