Carrizalillo, Guerrero 18/03/26 (Más).- En el poblado de Carrizalillo, la vida cotidiana está marcada por los efectos de la actividad minera que, desde hace más de dos décadas, ha dejado secuelas graves en la salud de sus habitantes, especialmente en los niños.
Casos como el de una menor que nació con altos niveles de metales pesados en la sangre reflejan las consecuencias de vivir en un entorno contaminado, donde las enfermedades, malformaciones y afectaciones crónicas se han vuelto frecuentes.
De acuerdo con el reportaje de El País, la comunidad atribuye esta situación a la operación minera iniciada por la empresa Goldcorp y continuada por Equinox Gold, cuya presencia ha generado daños ambientales documentados por autoridades e investigadores.
Entre los principales problemas destacan la contaminación del agua con arsénico, enfermedades en la piel y padecimientos que obligan a las familias a destinar gran parte de sus ingresos a tratamientos médicos y compra de agua potable.
En marzo de 2025, el ejido de Carrizalillo decidió no renovar los convenios de ocupación de tierras y apoyo social con la empresa minera, luego de que esta propusiera reducir significativamente los pagos.
La falta de acuerdo derivó en la suspensión de actividades por parte de la compañía, lo que dejó a la comunidad sin ingresos por renta de tierras y sin posibilidad de utilizarlas para otras actividades productivas.
Autoridades como la Procuraduría Agraria han señalado que existen evidencias de más de 20 años de afectaciones a la salud y al medio ambiente, por lo que instancias como Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales participan en investigaciones sobre el caso.
Sin embargo, habitantes y asesores denuncian que no ha habido sanciones efectivas contra la empresa, pese a que la mina fue clausurada.
Además del conflicto ambiental y económico, los ejidatarios han denunciado presiones, amenazas y actos de intimidación durante las negociaciones, lo que ha incrementado la tensión en la región.
La comunidad mantiene protestas y exige la aplicación de la ley para que, en caso de que la empresa abandone el proyecto, se realicen trabajos de remediación ambiental, indemnizaciones y el cierre adecuado de la mina.
El caso de Carrizalillo se ha convertido en un ejemplo de los conflictos derivados de la actividad minera en México, donde comunidades buscan mejores condiciones de vida, reparación de daños y garantías para la protección de su salud y su territorio.
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