Allende, Coahuila, 18/03/26 (Más).- A 15 años de la masacre ocurrida en Allende, Coahuila, familiares de personas desaparecidas denunciaron que persiste la impunidad y la falta de justicia, mientras continúan sin respuestas claras sobre el paradero de sus seres queridos ni una reparación integral del daño.
Integrantes del colectivo Alas de Esperanza señalaron que, pese al tiempo transcurrido, los avances en México han sido prácticamente nulos. “Pues fueron muchas personas las que fueron desaparecidas y asesinadas, entonces pues no, no ha habido justicia para ellos”, expresó Reina Elizabeth Martínez Guerrero, quien consideró que los procesos judiciales en Estados Unidos podrían representar un avance, aunque insuficiente frente a la magnitud de los hechos.
Entre el 18 y el 20 de marzo de 2011, el municipio de Allende, Coahuila, fue escenario de una de las peores masacres de la violencia del narcotráfico en México, cuando sicarios del cártel de Los Zetas irrumpieron en la localidad y poblados cercanos para perpetrar secuestros, asesinatos y la destrucción de viviendas, en represalia por una supuesta traición interna.
Aunque cifras oficiales hablan de decenas de desaparecidos, investigaciones y testimonios apuntan a que las víctimas podrían ascender a cientos, en un episodio que permaneció oculto durante años y evidenció la colusión de autoridades y la impunidad en la región.
Las familias subrayaron que la violencia en Allende no fue un evento aislado ni de corta duración, sino parte de un periodo prolongado en el que grupos del crimen organizado operaron con violencia extrema en la región. Los hechos, ocurridos entre el 18 y el 20 de marzo de 2011, dejaron un número indeterminado de víctimas, ya que muchas desapariciones no fueron denunciadas por miedo o desconfianza hacia las autoridades.
“Pero pues falta lo más importante que en nuestros familiares que fueron desaparecidos, pues que se han regresados a casa… No hay una cifra exacta”, indicó Martínez Guerrero, al explicar que las cifras oficiales se basan únicamente en denuncias formales, lo que no refleja la dimensión real de la tragedia.
Además del dolor por la ausencia, las víctimas enfrentan consecuencias que se han prolongado durante más de una década, como desplazamiento forzado, afectaciones a la salud y dificultades económicas. Sobrevivientes como Silvia Eugenia Garza Villarreal relataron que muchas familias abandonaron la comunidad tras los ataques y no han podido regresar debido al temor y la desconfianza en las autoridades.
Los testimonios también apuntan a una posible colusión entre autoridades y grupos criminales durante los hechos, al señalar la falta de intervención de fuerzas de seguridad pese a la cercanía de retenes militares, así como la desaparición de personas que acudieron a denunciar.
En el ámbito judicial, las familias criticaron que, aunque existen órdenes de aprehensión y algunas personas detenidas, no hay funcionarios de alto nivel sancionados, lo que consideran una muestra clara de impunidad. Asimismo, denunciaron obstáculos en los procesos de reparación del daño, incluyendo recursos legales que han retrasado la compensación a las víctimas.
A la par, cuestionaron propuestas de indemnización que consideran insuficientes y señalaron que las autoridades han intentado minimizar el impacto de los hechos. También acusaron exclusión de espacios de diálogo con el gobierno estatal, encabezado por Manolo Jiménez Salinas.
Entre sus principales demandas se encuentran el acceso efectivo a la justicia, la localización de sus familiares, una reparación integral del daño y garantías de no repetición. “Queremos… sensibilizar a las personas… seguimos en esta lucha, seguimos en la búsqueda”, reiteraron.
Las víctimas también hicieron un llamado a la sociedad para colaborar con información y a las autoridades para atender una deuda pendiente que, aseguran, sigue sin resolverse. A más de 15 años, el caso de Allende permanece como uno de los episodios más graves de violencia en Coahuila, con secuelas que continúan marcando a las familias y a toda la comunidad.
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