Ciudad de México, 17/03/26 (Más).- La iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum entró en una nueva etapa tras el rechazo de su proyecto original en la Cámara de Diputados, lo que dio paso a una versión alterna conocida como plan B, con alcances más limitados pero orientada a lograr su aprobación legislativa.
De acuerdo con Infobae, la propuesta inicial fue desechada al no alcanzar la mayoría calificada, tras obtener 259 votos a favor y 234 en contra. Ante este escenario, el bloque oficialista anunció una nueva iniciativa que retoma algunos objetivos, pero evita modificaciones constitucionales de gran calado.
El proyecto original planteaba una transformación estructural del sistema electoral mexicano, incluyendo cambios en la integración y elección del Congreso, así como ajustes al financiamiento político y al funcionamiento del sistema electoral. Entre sus ejes destacaban la reconfiguración de la Cámara de Diputados, la reducción del gasto electoral en 25%, mayor fiscalización de recursos, regulación del uso de tecnologías en campañas y la prohibición del nepotismo electoral.
En contraste, el denominado plan B concentra sus propuestas en medidas de carácter administrativo y en la reducción de privilegios, principalmente en el ámbito local. La nueva iniciativa descarta modificar la estructura del Congreso federal y se enfoca en ajustes que no requieran reformas constitucionales profundas.
Otra diferencia clave radica en el alcance: mientras la reforma original implicaba cambios amplios al sistema político, el plan B se limita a acciones como la disminución de costos en congresos locales y municipios, así como la reducción del número de regidores bajo ciertos criterios poblacionales.
En materia de participación ciudadana, ambas propuestas coinciden en fortalecer mecanismos como consultas públicas; sin embargo, el nuevo plan propone que temas específicos, como el financiamiento a partidos, puedan someterse directamente a la ciudadanía. Asimismo, introduce la posibilidad de realizar la revocación de mandato en el tercer o cuarto año de gobierno.
El rechazo de la iniciativa original evidenció divisiones en el Congreso de la Unión, tanto entre fuerzas políticas como al interior del bloque oficialista. En este contexto, la discusión del plan B se perfila como un nuevo capítulo en el debate legislativo, donde se definirá si las medidas propuestas logran el respaldo necesario.
La mandataria ha insistido en que ambas iniciativas comparten el mismo objetivo, al señalar que el plan B busca disminuir privilegios y ampliar la participación ciudadana.
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