Ciudad de México, 11/03/26 (Más).- El Senado de la República pospuso la regulación de la figura de los llamados jueces sin rostro, prevista dentro de las leyes secundarias de la reforma judicial, debido a las dudas sobre su compatibilidad con estándares internacionales de derechos humanos.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, el senador Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, confirmó que los legisladores acordaron frenar el dictamen que pretendía establecer esa figura en el sistema judicial mexicano.
“Hemos acordado volver a posponer el dictamen quizá incluso en este periodo. Resulta muy complejo compatibilizar esta figura con el estándar internacional en materia de derechos humanos y con el estándar internacional, particularmente en la convención que México ha suscrito, la Convención Americana en relación con el derecho que toda persona tiene a un juez no solamente imparcial, competente, sino independiente, autónomo”, señaló.
El legislador también reconoció que la figura genera contradicciones con el propio modelo de la reforma judicial aprobada en 2024, que establece la elección popular de jueces. “Si la reforma judicial envía a los jueces elección popular. Luego, ¿cómo les tapamos el rostro?”, cuestionó.
La propuesta de jueces sin rostro, incluida en la Constitución tras la reforma judicial pero aún sin reglamentarse, contempla que la identidad de las personas juzgadoras permanezca reservada en casos de delincuencia organizada cuando exista riesgo para su integridad o la de sus familias.
Sin embargo, especialistas en derecho y derechos humanos han advertido sobre los riesgos de aplicar este mecanismo. Durante mesas de análisis organizadas por la Comisión de Justicia en febrero pasado, la mayoría de los participantes expresó su rechazo al anonimato judicial al considerar que puede afectar las garantías de un juicio justo.
Entre los argumentos planteados se señaló que esta figura impediría conocer quién emite una sentencia y verificar si la persona juzgadora cuenta con antecedentes disciplinarios o sanciones, lo que contraviene principios básicos de independencia e imparcialidad judicial.
El senador Corral indicó que actualmente existen instrumentos legales para proteger a jueces y funcionarios que participan en procesos penales, como la Ley federal para la protección a personas que intervienen en el procedimiento penal, por lo que consideró que dichas herramientas podrían reforzarse en lugar de crear mecanismos de anonimato.
Asimismo, planteó la posibilidad de impulsar una reforma integral al Código Nacional de Procedimientos Penales para modernizar su funcionamiento y ajustar distintos aspectos de la reforma judicial.
El legislador también sugirió que los cambios pendientes en el modelo judicial podrían discutirse en un periodo extraordinario del Congreso, con el fin de introducir ajustes antes de que se acerquen los plazos relacionados con futuras elecciones judiciales previstas rumbo a 2027.
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