La propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum avanza en el Congreso entre apoyos ciudadanos y un escenario legislativo complicado que pone en duda su aprobación. Morena busca discutir el dictamen en comisiones y llevarlo al pleno aunque no cuenta con la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución
Redacción Más
La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum avanza en el Congreso entre apoyos ciudadanos, resistencias políticas y un complejo escenario legislativo que podría impedir su aprobación, pese a que Morena busca acelerar el proceso en la Cámara de Diputados.
De acuerdo con información de Animal Político, Morena perfila discutir el dictamen de la reforma electoral el próximo martes en comisiones unidas y enviarlo al pleno de la Cámara de Diputados el miércoles.
El presidente de la Comisión de Reforma Político-Electoral, Víctor Hugo Lobo, explicó que el proyecto ya fue circulado entre los legisladores, quienes tendrán cinco días para presentar observaciones antes de la discusión formal.
El legislador señaló que el documento incluye únicamente la iniciativa enviada por la presidenta Sheinbaum y no incorpora otras propuestas ciudadanas o legislativas para evitar que los partidos utilicen esos elementos como argumento para rechazar el proyecto. La intención, afirmó, es que las fuerzas políticas definan su postura de frente a los ciudadanos.
Sin embargo, el panorama legislativo es incierto.
El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, reconoció que el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para aprobar una reforma constitucional, requisito indispensable para concretar los cambios planteados.
Según información de Emeequis, en las comisiones Morena tiene mayoría simple para aprobar el dictamen, pero en el pleno se requiere una mayoría calificada de 334 votos. Actualmente el bloque oficialista cuenta con alrededor de 253, mientras que el Partido del Trabajo ya anunció que votará en contra y el Partido Verde aún no define su postura.
Monreal advirtió además que la posibilidad de trasladar algunos cambios a leyes secundarias –lo que en el debate público se ha llamado plan B– es inviable en varios puntos, ya que modificaciones como la reducción de plurinominales o el financiamiento a partidos requieren necesariamente cambios constitucionales.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo propone modificaciones a diversos artículos de la Constitución y busca transformar aspectos centrales del sistema electoral. De acuerdo con Verificado, entre los cambios más relevantes se encuentra la modificación del sistema para elegir diputaciones de representación proporcional.
Actualmente la Cámara de Diputados se integra por 500 legisladores: 300 elegidos por mayoría relativa en distritos electorales y 200 mediante representación proporcional a partir de listas regionales de los partidos. La reforma plantea mantener las diputaciones plurinominales, pero sustituir el sistema de listas por un esquema de “mejores perdedores”, es decir, candidatos que compitieron en distritos y obtuvieron altos porcentajes de votación.
En el Senado también habría modificaciones importantes. La propuesta contempla eliminar las 32 senadurías de representación proporcional, con lo que la Cámara Alta pasaría de 128 a 96 integrantes elegidos por mayoría relativa o primera minoría.
La reforma también plantea cambios en materia de propaganda y comunicación política, como la obligación de etiquetar contenidos generados con inteligencia artificial y la reducción del tiempo oficial en radio y televisión destinado a partidos y autoridades electorales, que pasaría de 48 a 35 minutos diarios.
Otro de los ejes de la iniciativa es la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. Actualmente se calcula multiplicando el padrón electoral por el 65 por ciento del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), mientras que la propuesta plantea reducir ese porcentaje al 48.75 por ciento.
De acuerdo con El País, la presidenta Sheinbaum decidió excluir de esta primera iniciativa algunos temas polémicos para evitar que el rechazo de aliados como el PT y el Partido Verde impidiera la aprobación del proyecto central. Entre los asuntos retirados están el aplazamiento de la elección judicial prevista para 2027 y el adelanto de la consulta de revocación de mandato.
La estrategia del Ejecutivo contempla dividir la reforma en varias etapas: primero los cambios constitucionales principales, después un paquete de leyes secundarias que reglamenten los ajustes y finalmente modificaciones adicionales relacionadas con el calendario electoral.
No obstante, si la reforma constitucional es rechazada, no podría volver a presentarse durante el mismo periodo legislativo ni en el siguiente, lo que obligaría a esperar al menos un año para retomarla.
Pese a las resistencias políticas, desde el Senado se ha llamado a mantener abierto el debate. Según Infobae, la presidenta de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo Juárez, pidió no cerrar las puertas a la discusión y construir consensos en torno a la iniciativa.
La legisladora afirmó que la reforma “está más viva que nunca” y consideró necesario analizar sus alcances mediante un debate plural que permita recoger distintas propuestas y responder a los desafíos del sistema democrático.
Mientras tanto, la iniciativa mantiene respaldo significativo entre la ciudadanía. De acuerdo con datos citados por Sin Embargo, una encuesta de Enkoll para El País y W Radio revela que más del 80 por ciento de los mexicanos apoya varias de las principales propuestas de la reforma.
El sondeo indica que el 83 por ciento de los encuestados está de acuerdo con que todas las diputaciones y senadurías se elijan directamente por voto ciudadano, mientras que el 82 por ciento respalda la reducción del financiamiento público a partidos y autoridades electorales. Además, el 87 por ciento apoya reforzar la fiscalización del dinero utilizado en campañas.
Otros cambios también registran respaldo mayoritario, como la regulación del uso de inteligencia artificial en campañas, la reducción del tiempo de propaganda política en radio y televisión y facilitar el voto de mexicanos residentes en el extranjero.
A pesar de ese apoyo social, la reforma enfrenta un escenario político complicado en el Congreso, donde la falta de votos suficientes y la división entre aliados del oficialismo amenazan con frenar uno de los proyectos centrales del nuevo gobierno.
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