En Chiapas se destapa la cloaca

La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por más de 740 millones de pesos en el manejo de recursos públicos del gobierno chiapaneco durante 2024. Las observaciones incluyen contratos sin evidencia de servicios, pagos a trabajadores dados de baja o fallecidos y discrepancias en registros financieros y de obra pública

Redacción Más

Irregularidades en contratos, pagos sin respaldo documental, sueldos otorgados a trabajadores dados de baja e incluso remuneraciones a personas fallecidas forman parte de las anomalías detectadas en el manejo de recursos públicos en Chiapas durante 2024, por un monto que asciende a 740 millones 338 mil 358.34 pesos y que ahora deberá ser aclarado por el gobierno estatal.

De acuerdo con información publicada por Emeequis, las observaciones fueron realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tras revisar tres fondos federales administrados por el estado durante el último año del gobierno del morenista Rutilio Cruz Escandón Cárdenas, actualmente cónsul general de México en Miami.

Los recursos auditados corresponden a las Participaciones Federales a Entidades Federativas, el Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación y el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública.

La mayor cantidad de recursos observados corresponde a las Participaciones Federales a Entidades Federativas, con 685 millones 362 mil 506.47 pesos pendientes de aclarar. De ese total, 91 millones 850 mil pesos fueron señalados como probable daño a la Hacienda Pública federal, mientras que 593 millones 512 mil 506.47 pesos deberán justificarse mediante documentación adicional.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran pagos por 36 millones 250 mil pesos relacionados con un contrato para pruebas de laboratorio del cual no se presentaron evidencias. Asimismo, la ASF no encontró entregables que acrediten “servicios integrales” contratados para actos conmemorativos de carácter social durante 2024, correspondientes a nueve contratos que, en conjunto, suman 55 millones 600 mil pesos.

Los auditores también detectaron inconsistencias en los tiempos de contratación, ya que algunos pagos se realizaron en junio pese a que los contratos fueron firmados hasta un mes después y establecían que los servicios se prestarían entre julio y septiembre.

Otra de las observaciones relevantes corresponde a 561 millones 30 mil 773.41 pesos que deberán justificarse debido a discrepancias entre la información contractual de obras a cargo de la Secretaría de Obras Públicas y los registros financieros del gasto, incluidos datos contables, presupuestales y movimientos bancarios.

Además, la ASF solicitó comprobar el destino de 1 millón 598 mil 624.83 pesos entregados como estímulo del “Premio Maestro Rafael Ramírez”, debido a que no se presentó la documentación completa que permita verificar que los pagos a 29 trabajadores se realizaron conforme al método de cálculo autorizado.

La auditoría también detectó pagos irregulares en nóminas. Entre ellos, 956 mil 864.72 pesos pagados a 12 trabajadores después de su baja definitiva, así como 3 millones 354 mil 296.73 pesos otorgados a 217 empleados en circunstancias similares y a otros durante periodos de licencia sin goce de sueldo. A esto se suman 23 millones 902 mil 349.91 pesos por discrepancias en adquisiciones, arrendamientos y servicios, además de 2 millones 669 mil 596.87 pesos por transferencias bancarias incompletas relacionadas con contratos de infraestructura.

Las irregularidades también alcanzan el Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación. En este caso, la ASF detectó pagos en exceso por 35 millones 808 mil 831.85 pesos en sueldos correspondientes a las quincenas 17 a 23 del año, los cuales fueron considerados como posible daño al erario federal.

A ello se agregan 3 millones 513 mil 732.01 pesos por falta de documentación que respalde el perfil académico de 50 trabajadores, así como 200 mil 640.65 pesos pagados a empleados que al mismo tiempo tenían cargos de elección popular, estaban con licencia sin goce de sueldo, habían sido dados de baja o incluso habían fallecido.

En total, las observaciones en este programa ascienden a 39 millones 523 mil 204.51 pesos. La ASF también pidió al Servicio de Administración Tributaria revisar el Registro Federal de Contribuyentes del gobierno estatal para verificar la cancelación de comprobantes fiscales.

En el caso del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, la auditoría detectó un posible daño al erario por 15 millones 452 mil 647.36 pesos relacionados con irregularidades en la adquisición de vehículos para corporaciones de seguridad.

Según el informe, 11 unidades no cumplieron con el balizamiento obligatorio y en dos vehículos la evidencia fotográfica proporcionada no coincidía con los números de matrícula registrados. Además, otra unidad facturada tampoco cumplió con las características establecidas en la normativa.

Las revisiones forman parte del tercer informe de la Cuenta Pública 2024 entregado por la ASF a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el pasado 17 de febrero. El organismo también emitió promociones de responsabilidad administrativa para investigar a servidores públicos que autorizaron obras mediante adjudicación directa en el 97% de los casos, práctica que, según el órgano fiscalizador, vulneró los límites establecidos y restringió la competencia entre contratistas.

La actual administración estatal, encabezada por Eduardo Ramírez Aguilar desde diciembre de 2024, deberá ahora aportar las pruebas documentales que permitan aclarar el destino de los recursos observados por el órgano de fiscalización federal.