El arte de la manipulación política

Ernesto Hernández Norzagaray

Josep Colomer, el prestigiado politólogo catalán, publicó en 1990 un estudio con el título de este artículo que fue una revelación en la academia iberoamericana porque sostuvo que la política no funciona, principalmente, por la imposición o la fuerza, sino por la capacidad de los actores políticos para estructurar unas reglas del juego democrático.

La “manipulación”, entonces, no se refiere a un engaño premeditado, a un acto de maldad política, sino al diseño estratégico de instituciones procedimientos y agendas que condicionan el comportamiento electoral de los ciudadanos. Expone con evidencia empírica cómo los actores políticos llevaron al llamado Pacto de la Moncloa que derivó en una nueva Constitución y una ley electoral que, vía acuerdos y elecciones, facilitó la transición desde la dictadura franquista a la democracia parlamentaria con dos grandes partidos: CDS-Popular y el Socialista Obrero Español, además, una friolera de partidos ideológicos, confesionales y regionales.

Hoy, ese libro nos da la pauta para entender, desde la teoría, lo que está sucediendo en sentido inverso: ¿el desmantelamiento de una democracia pluralista con todas sus imperfecciones a un sistema político con pretensiones autocráticas que podrían derivar en un nuevo partido de Estado?

Vamos, ¿esa reversa buscaría imponer una serie de reformas que deriven en un sistema político hegemónico con una oposición testimonial y que, prácticamente, haga imposible la alternancia en el poder?

La presentación ejecutiva del proyecto de Reforma Electoral que ha circulado esta semana para el consumo de las fracciones parlamentarias, los medios de comunicación y el público, en general, pretende a simple vista acomodar la ley de manera que Morena amplie sus posibilidades de éxito y disminuya el riesgo de perder elecciones en la federación y los estados.

Primero, nos diría Colomer, que el poder decisivo no está en ganar bajo unas reglas electorales, sino en diseñarlas y eso, en México, ya ha traducido en captura o debilitamiento en los órganos autónomos, cambios en las fiscalías, tribunales y el control de congresos mediante mayorías inducidas.

Así, nos dirá Colomer, que cuando las reglas se modifican para reducir la competencia real se produce una autocratización incremental; es decir, no una ruptura abierta, sino reconfiguración progresiva del campo de juego.

Segundo, cuando el poder político concentra reglas y reduce contrapesos, la violencia criminal puede convertirse (ojo) en un instrumento de gobernabilidad informal a través de la reducción del pluralismo institucional, el debilitamiento de la transparencia y rendición de cuentas y actores criminales operando como mecanismos de cohesión territorial, control electoral informal y aliados tácticos en economías ilícitas.

Tercero, si la manipulación se combina con contextos de violencia organizada, el resultado puede ser un mayor autoritarismo electoral, una gobernabilidad híbrida y la coexistencia entre legalidad formal y poder fáctico.

Cuarto, una violencia criminal persistente aumenta también los incentivos para manipular las reglas institucionales y aumentar la incertidumbre electoral cuando se percibe cómo amenaza y acelera los procesos de autocratización.

Pero Colomer no reflexiona a partir de contextos violentos ni de ánimos conspirativos como los que escuchamos frecuentemente en México, sino desde un debate democrático, y eso hace la diferencia. Su esquema de análisis está inspirado en teoría de juegos y acción racional; es decir, desde el cálculo político.

México inició el proceso de transición del sistema autoritario priista a un sistema democrático hace casi 50 años e hizo lo que el también politólogo Mauricio Merino llama “transición democrática vía reformas electorales” y qué, con la que está en curso, serían nueve desde 1978.

Sin embargo, la llegada de López Obrador y la continuación con Claudia Sheinbaum en la Presidencia de la República significó un giro de 180° que provocó el rediseño unilateral del árbitro electoral (INE), la estructura del Congreso y la representación proporcional.

Y para ello, se utiliza el argumento de la austeridad por considerar que tenemos la “democracia más cara del mundo” y desde ahí se ofrece, paradójicamente, “una verdadera democracia”, una “democracia del pueblo”.

El argumento estratégico no es el tema de la austeridad o la democratización, sino buscar reducir la incertidumbre y maximizar ventajas institucionales. Y eso, lo estamos viendo cuando se plantea un cambio en la forma de elegir a consejeros electorales, asignar curules o financiar la política.

Este juego racional no es necesariamente ilegítimo, pero sí profundamente estratégico y antidemocrático porque, como se dice, no es producto del Congreso para emparejar la cancha, sino de las necesidades de la élite en el poder.

Esto en un país convulsionado por la violencia criminal, podría derivar en una concentración del poder bajo el argumento de “ser más eficaz en la lucha contra actores criminales”, y eso termina reduciendo los contrapesos “para garantizar la seguridad nacional”.

La erosión democrática está visto ahora no empieza con tanques en la calle o aprehensión de líderes políticos, sino con reformas técnicas, legales, administrativas, silenciosas; y es cuando el rediseño institucional es un arma silenciosa.

Así, siguiendo la lógica colomeriana, la pregunta no es si es buena o mala la reforma, sino quién gana estructuralmente con estas nuevas reglas, ¿quién pierde capacidad de veto? O ¿cómo se reduce el pluralismo o la incertidumbre competitiva?

Y entonces estamos ante una paradoja fascinante: la manipulación institucional puede ser perfectamente legal y aprobada por mayorías, porque la democracia pluralista puede modificar sus propias reglas de forma estratégica sin dejar de ser formalmente democracia.

El dilema son los límites entre racionalidad estratégica y deriva autocrática, que no es moral, es estructural.

Vamos, en México, cada reforma electoral importante ha sido una respuesta a conflictos de poder, muchos de ellos promovidos por el propio obradorismo, y eso es racionalidad de actores políticos. Nada es neutro, todo es cálculo, nos diría Colomer.

En definitiva, la perspectiva del profesor Colomer no es conspirativa, no habla de maldad, habla de incentivos. La política, concluye, no es un drama shakesperiano; es una partida de teoría de juegos con actores que intentan reducir riesgos futuros dónde, hoy, son los obradoristas y antes, lo fueron los priistas y panistas, sólo que con una gran diferencia: los priistas y panistas construían instituciones y acuerdos dentro de la lucha por el poder; los obradoristas, en cambio, lo hacen no en la arena legislativa sino a través de una comisión de funcionarios obradoristas buscando reducir la incertidumbre y aumentar las posibilidades de éxito electoral de su partido.

En definitiva, ¿la disputa por el diseño electoral terminara ganándola el obradorismo o la oposición ampliada?