Por Leslie Zamora
Saltillo, Coahuila, 02/03/2026 (Más).- La legislación electoral en Coahuila es competencia del Congreso del Estado y no del órgano administrativo encargado de organizar las elecciones, afirmó el consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, al referirse a posibles vacíos en la norma y al blindaje del proceso frente al crimen organizado. “Hay un vacío, sí, claro”, admitió, y añadió: “En el tema de la ley es un tema que le corresponde al Congreso del Estado de Coahuila. Lo que ellos decidan tenemos que acatarlo como órgano electoral”.
La declaración se dio al ser cuestionado sobre si el marco legal actual es suficiente para garantizar la equidad interna en los partidos y evitar riesgos externos en el proceso electoral. Aunque reconoció que la norma puede presentar lagunas, sostuvo que cualquier reforma corresponde al Congreso del Estado, sin adelantar si el Instituto impulsará alguna propuesta técnica para atender esos vacíos.
En el caso específico de las precampañas, explicó que “teóricamente son para que las candidaturas dentro del propio partido puedan competir ante su militancia”, aunque reconoció que existen escenarios en los que solo participa un aspirante. Si bien mencionó que hay criterios jurisdiccionales que avalan esas situaciones, no detalló si el organismo promoverá algún planteamiento técnico para precisar la regulación.
Sobre el blindaje electoral, aseguró que en Coahuila no se han detectado riesgos vinculados con el crimen organizado. “No hemos detectado un problema directamente en las elecciones derivado del crimen organizado”, afirmó, al sostener que la entidad se mantiene como una de las más seguras del país.
No obstante, durante la entrevista no se especificaron diagnósticos propios del Instituto, protocolos adicionales ni mecanismos extraordinarios de prevención ante posibles escenarios de presión o infiltración en candidaturas, más allá de los procedimientos ordinarios contemplados en la ley.
El presidente del IEC reiteró que la intervención del organismo en actos de precampaña o campaña depende de la presentación de denuncias formales a través del procedimiento sancionador, lo que implica que su actuación frente a posibles irregularidades se activa principalmente a partir de quejas ciudadanas o de actores políticos.
Aunque expresó confianza en que el proceso electoral se desarrollará en condiciones de paz y tranquilidad, la admisión de un vacío legal y la ausencia de anuncios sobre eventuales ajustes normativos mantienen abierta la discusión sobre si el blindaje electoral descansa únicamente en el contexto de seguridad estatal o también en la fortaleza del marco jurídico vigente.
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