Muerte, contaminación y sufrimiento; el legado de “El Mencho”

La influencia de Nemesio Oseguera Cervantes no solo se mide en violencia, sino en el impacto ambiental y económico que dejó la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación en sectores como la tala ilegal, la minería, la pesca y el robo de combustibles. Investigaciones periodísticas y académicas advierten que el grupo operó como una red de franquicias criminales, infiltrando cadenas productivas

Redacción Más

Muerte, contaminación y control territorial marcaron el legado de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuya expansión criminal dejó impactos no solo en materia de violencia, sino también en ecosistemas, economías legales y comunidades indígenas a lo largo del país. Durante más de una década, la organización consolidó presencia nacional y operaciones en más de 40 países, infiltrándose en actividades extractivas, agrícolas, pesqueras y energéticas.

De acuerdo con información publicada por Animal Político, con base en testimonios recabados por Mongabay Latam y análisis de especialistas, el grupo criminal extendió su influencia a sectores como la tala ilegal, la minería clandestina, el monocultivo de aguacate, la pesca y el robo de combustibles, generando severos impactos socioambientales. Esta diversificación permitió al CJNG ampliar sus fuentes de financiamiento más allá del narcotráfico, mediante esquemas de extorsión, cooptación de mafias locales y control de cadenas productivas.

En la comunidad purépecha de Cherán, en Michoacán, el asesinato en julio de 2025 de dos integrantes de la guardia comunal evidenció la presión constante de grupos criminales por recuperar el control de territorios boscosos. Pedro Chávez Sánchez, maestro y exintegrante del Consejo Mayor de Gobierno Comunal, advirtió que el CJNG opera de la misma manera, extorsionando productores, estando detrás de la tala ilegal de los bosques. Antes del levantamiento comunitario, solo en Cherán se perdieron 10 mil hectáreas de bosque por explotación ilegal.

Especialistas como David Saucedo explican que la expansión del CJNG en industrias como el aguacate o la explotación forestal no implicó crear estructuras propias desde cero, sino funcionar como inversionista y coordinador de grupos locales que ya operaban en esas actividades. “No es que el Cártel de Jalisco tenga una división de tala o de minería. Viene como un gran inversor que mete mucho dinero y recurso a actividades que ya existían y eran controladas por mafias locales”, señaló.

Rubén Ortega Montes, académico de la Universidad de Guadalajara, coincide en que el esquema operó como una red de franquicias criminales subordinadas a una estructura mayor, fortalecida por la violencia extrema y el músculo financiero del cártel.

En las costas del Pacífico, la organización también ha sido señalada por controlar actividades pesqueras, imponer cobros a embarcaciones e incluso obligar a rebasar límites de captura establecidos por autoridades como la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. Testimonios recogidos por Mongabay Latam refieren que pescadores ribereños han sido forzados a colaborar en el traslado de drogas y armas ante la precariedad económica.

La minería ilegal es otro de los frentes que dejó huella ambiental. Una investigación de Environmental Investigation Agency documentó que al menos 19 minas artesanales de mercurio en la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda de Querétaro estaban bajo control del CJNG. El metal, altamente tóxico y utilizado en la minería ilegal de oro en la Amazonía, fue comercializado con sobreprecios de hasta 400 %, generando ganancias millonarias a costa de ecosistemas protegidos.

La producción de drogas sintéticas también provocó daños ambientales. Los narcolaboratorios, instalados en sierras y zonas apartadas, liberan vapores tóxicos y residuos químicos que se infiltran en el subsuelo, afectando la fertilidad de la tierra y contaminando mantos freáticos. Investigaciones periodísticas han documentado un crecimiento exponencial de estos centros clandestinos en los últimos años, muchos de ellos ubicados en manglares y regiones de alta biodiversidad.

A ello se suma el robo de combustibles –huachicol–, actividad que implica perforación de ductos y genera fugas que contaminan suelos y acuíferos. Ortega advierte que estas prácticas deterioran tierras agrícolas y fuentes de agua en comunidades rurales, ampliando el impacto social del crimen organizado.

Tras la muerte de Oseguera Cervantes en un operativo militar el pasado 22 de febrero, especialistas consideran que el Estado enfrenta la oportunidad de desarticular no solo la estructura armada del CJNG, sino también su base financiera y social. “Es la coyuntura para que el Estado, con inteligencia y con logística, desarticule la base social, financiera y la capacidad de fuego que vimos el domingo”, sostuvo Ortega.

En materia ambiental, Saucedo recordó que existen planes de manejo y legislación para atender estos daños, pero subrayó que “ya hay mecanismos, planes de manejo y legislación». «Lo que hace falta es recurso e implementación».

Mientras tanto, en comunidades como Cherán persiste la alerta ante posibles reacomodos del grupo criminal. “Nosotros nos preguntamos cómo adquieren tanto poderío. Pareciera que esto no tuviera fin; esperemos no sea así y que tampoco merme la organización de nuestras comunidades”, expresó Sánchez, reflejando la incertidumbre que permanece tras la caída del líder criminal.