Monclova, Coahuila, 26/02/26 (Más).- ¿Habrá algún empresario que en su sano juicio esté dispuesto a invertir mil 600 millones de dólares para reabrir Altos Hornos de México, en medio de su quiebra y ante la imposición de aranceles al acero mexicano desde Estados Unidos? Esa es la interrogante central que plantea el periodista Rogelio Varela al abordar la situación de la acerera, al considerar el complejo panorama financiero y legal que enfrenta la compañía.
En un artículo de opinión publicado este jueves en el periódico de circulación nacional El Sol de México, el autor sostiene que el cierre de AHMSA ha provocado una crisis sin precedentes en Monclova, con la pérdida directa de 20 mil empleos y la desaparición estimada de otros 100 mil puestos indirectos, afectando gravemente a una economía regional dependiente de la minería y el acero.
El columnista señala que, durante la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Coahuila, el tema de la siderúrgica volvió al centro del debate público, con demandas de los trabajadores, quienes —afirma— han sido los más perjudicados por la quiebra. Añade que la mandataria llevó al terreno político un principio ya contemplado tanto en la Ley de Concursos Mercantiles como en la Ley Federal del Trabajo: la prioridad en el pago a los extrabajadores en caso de remate de bienes.
Varela opina que, si bien la ley establece que los trabajadores deben ser cubiertos en primer término mediante un pago prorrateado, los montos resultarían considerablemente menores a los que corresponderían conforme a los contratos laborales. Después de cubrir esas obligaciones, explica, correspondería el turno a los acreedores financieros y posteriormente a proveedores locales, quienes, desde su perspectiva, difícilmente recuperarían sus adeudos.
En su análisis, el autor también cuestiona el papel del gobierno anterior al asegurar que se obstaculizaron intentos de rescate desde el sector privado y que existieron presiones institucionales que complicaron la viabilidad de la empresa. Asimismo, menciona que se hizo pública una instrucción dirigida a la jueza Ruth Huerta y al síndico Víctor Aguilera para priorizar el pago a trabajadores sobre otros acreedores.
El articulista subraya que, al declararse la quiebra a finales de 2024, la empresa acumulaba pasivos totales por mil 600 millones de dólares, lo que, a su juicio, convierte en una apuesta de alto riesgo cualquier intento por reflotar la acerera, más aún en un entorno internacional adverso para el acero mexicano.
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