Prohibido el paso: convierten el Zócalo en propiedad privada del gobierno

A más de un año de haber sido declarada peatonal, la Plaza de la Constitución permanece cercada por vallas que impiden el libre tránsito, pese a la inversión de 50 millones de pesos destinada a priorizar a los peatones. Las restricciones, instaladas de forma recurrente en accesos clave del Centro Histórico, obligan a visitantes y trabajadores a rodear varias cuadras

Redacción Más

En la que debería ser la plaza pública más importante del país está prohibido el paso. A más de un año de que el Gobierno capitalino invirtiera 50 millones de pesos para convertir la Plaza de la Constitución en un corredor 100 por ciento peatonal, el Zócalo permanece cercado por vallas metálicas que impiden el libre tránsito y obligan a visitantes y trabajadores a rodear varias cuadras para llegar a sus destinos.

De acuerdo con una publicación de Animal Político, la cantidad de barreras instaladas en el primer cuadro de la ciudad ha transformado la experiencia peatonal en una ruta de obstáculos. Las estructuras, de poco más de un metro de altura, se colocan y retiran según movilizaciones o eventos oficiales, pero en la práctica mantienen restringido el acceso tanto a la plancha del Zócalo como a los carriles que fueron peatonalizados hace casi dos años.

El cerco también alcanza el corredor frente al Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde despacha la jefa de Gobierno, Clara Brugada. En esa zona, antes de libre acceso, ahora hay vigilancia policiaca permanente y personal gubernamental que impide el paso.

Como consecuencia, personas de todas las edades, incluso con discapacidad o con maletas y carriolas, deben rodear tres o más cuadras para cruzar por el Centro Histórico o dirigirse a la estación del Metro. “Es una arbitrariedad, de plano esto no se vale”, reclamó Carlos Rodríguez al portal. “Nos hacen caminar tres cuadras para poder rodear lo que se puede hacer directamente; (el Zócalo) no es peatonal, es para el gobierno, para los fines que al gobierno le convengan; que se pongan en los zapatos de los peatones”, recalcó.

En los accesos por Pino Suárez, 20 de Noviembre, 16 de Septiembre, Madero y 5 de Mayo, la constante es la misma: “¡No hay paso!”, repiten trabajadores con chalecos guindas que custodian las entradas. En algunos puntos apenas queda una rendija por donde las personas intentan entrar o salir entre empujones y maniobras con bicicletas, bultos o incluso motocicletas.

De acuerdo con la publicación, el docente Juan Manuel Covarrubias cuestionó que el primer cuadro se transformara para reducir el tránsito vehicular y favorecer la movilidad segura, pero que en la práctica se limite el acceso peatonal. “Seguido está cerrado y no se entiende, entonces, realmente cuál es la función. El primer cuadro se ha ido transformando precisamente para que haya menos carros, para que se transite seguro”, señaló.

En enero de 2024, el entonces jefe de Gobierno, Martí Batres, publicó en la Gaceta Oficial el acuerdo para clasificar como peatonal el Circuito Plaza de la Constitución. Al presentar la medida, afirmó: “Es un hecho relevante, histórico porque le estamos dando a este espacio, que es el principal espacio público del país, una connotación especial. Es una conquista de los peatones que están en la cúspide de la pirámide de la movilidad. (…) Es una reconquista de apropiación social y cultural de la gente y tiene mucha relevancia histórica para nuestra ciudad”.

El objetivo, según el documento oficial, era garantizar el libre tránsito, priorizar a peatones sobre vehículos motorizados y revitalizar el uso social y cultural del espacio. Para ello se colocaron más de 13 mil metros cúbicos de concreto hidráulico, más de 5 mil metros cuadrados de asfalto, se retiraron semáforos y se realizaron diversas adecuaciones urbanas.

Sin embargo, el mobiliario urbano instalado tras una consulta ciudadana –mesas, jardineras, árboles y flores– fue retirado y permanece en resguardo. A 21 meses de su inauguración formal, realizada el 12 de mayo de 2024, la peatonalización del Zócalo no cumple con la promesa de libre tránsito y, en los hechos, mantiene a la Plaza de la Constitución como un espacio controlado y restringido por el propio gobierno capitalino.