Astillero
Julio Hernández López
Sinaloa es un delicado asunto de seguridad nacional. En primera y evidente lectura, por la guerra que libran las dos facciones ( Chapitos contra Mayitos) que formaron parte del poderoso cártel antaño unificado bajo el mando de Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García. Pero, particularmente, porque esa emblemática entidad está bajo la ansiosa (¿y operativa?) revisión del trumpismo que se remueve en abierta escalada de descalificación, desestabilización y amedrentamiento contra México.
La realidad sinaloense disuelve cualquier estadística o retórica con pretensiones de optimismo. El índice delictivo cotidiano, la evidencia directa, los sucesos constantes imposibilitan que la sociedad de ese estado pudiera encaminarse a alguna forma actual de normalización de lo trágico.
La “normalidad” anterior, la de la pax narca “garantizada” por los jefes del cártel nativo, fue rota el 25 de julio de 2024 mediante una operación tan densa que a la fecha el gobierno mexicano (antes, López Obrador; ahora, Sheinbaum) no se atreve a dar información puntual de lo sucedido y sigue usando la coartada de pedir al de Estados Unidos que le explique y documente lo que sucedió en suelo mexicano: el secuestro de Zambada, conocido como El Mayo, con un hijo del Chapo Guzmán como ejecutor traicionero y autoridades gringas esperando en su territorio el arribo del vuelo concertado.
En Sinaloa quedó un damnificado, Rubén Rocha Moya, gobernador morenista cuyo nombre fue usado por los convocantes a una reunión cumbre que abordaría temas políticos, en específico relacionados con el principal opositor a Rocha Moya, Héctor Melesio Cuén Ojeda, jefe político de la universidad pública local y diputado federal electo a nombre del PRI. Cuén Ojeda fue asesinado en esa reunión y la fiscalía estatal, bajo mando político de Rocha Moya, urdió una impostura de pésima factura para tratar de deslizar el crimen hacia un intento de asalto.
Rocha Moya es el símbolo mayor de la colusión o subordinación de los poderes políticos estatales con los del crimen organizado. Lamentable liderazgo en una competencia que cuenta con muchos participantes afamados: el de Tamaulipas, Américo Villarreal, tal vez el más cercano. Gobernadores de la 4T, aunque los entendimientos oscuros abarcan a todas las siglas partidistas, que como candidatos aceptaron el financiamiento de los cárteles (con parte de esos billetes sucios luego destinados a las cuentas personales y familiares) y ya en el poder tienen que cumplir con los compromisos adquiridos.
La enorme fuerza electoral e institucional del proceso 4T no está siendo suficiente para enfrentar o mitigar el embate de la Casa Blanca y sus agencias intervencionistas, porque desde allá se blanden presuntos o reales expedientes de contubernio que pueden ser potenciados en próximos procesos judiciales.
En ese contexto, los disparos heridores contra dos diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán sirven a la Casa Blanca y sus bocinas para reforzar la pretensión de intervenir directamente contra cárteles mexicanos y para exigir a Palacio Nacional la acción judicial contra personajes políticos.
Washington va avanzando en su agenda 2026: ya instaló las versiones oficiales (FBI, Departamento de Justicia, abogado de Wedding) de que un grupo de élite de la FBI actuó en territorio mexicano; ya ha logrado que, por lo pronto, la entrega pautada de petróleo mexicano a Cuba se haya retrasado, con visos de suspensión, y sigue presionando para que la 4T acepte ofrendar fichas políticas simbólicas.
Y, mientras Morena festeja la continuidad de su alianza con el chantajista negocio de las cuatro mentiras, el Partido Verde Ecologista de México, y con el Partido del Trabajo, ¡hasta mañana, con el secretario de Economía de Sinaloa, Feliciano Castro, anunciando que la planta productora de amoniaco en la Bahía de Ohuira lleva 80 por ciento de avance, así que en febrero de 2027 iniciará tres meses de ensayos y en mayo de 2027 comenzará actividades (mientras Semarnat y Palacio Nacional “analizan” si aprueban esa tóxica planta)!
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