Ciudad de México, 15/01/26 (Más).- A pesar de estar ligada a una empresa inhabilitada por corrupción, la firma Servicios Empresariales Blanroj ha recibido contratos públicos por casi 350 millones de pesos durante el segundo semestre de 2025, gracias a más de 90 adjudicaciones del gobierno federal, principalmente por el suministro de insumos médicos y uniformes.
Esto, a pesar de compartir socios y representantes legales con Biomics Lab de México, empresa sancionada por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno por sobreprecios y falsificación de documentos en la fallida Compra Consolidada de Medicamentos 2025-2026.
La información, revelada por el diario El País, indica que mientras Biomics Lab fue excluida de toda contratación pública por 15 meses –como lo publicó el Diario Oficial de la Federación en abril de 2025–, su red de socios reapareció rápidamente a través de Blanroj, una empresa que originalmente se dedicaba a servicios audiovisuales y que, hacia finales del año pasado, modificó su objeto social para incluir la fabricación de medicamentos.
En el centro del vínculo entre ambas empresas están personajes como Felipe García Rocha, socio en Blanroj y también en Biomics Lab, así como Marlón Jair Flores Pérez, representante legal en Blanroj y accionista en la otra firma.
Otro nombre recurrente es el de Moisés Pérez Guzmán, quien ha registrado actos notariales para ambas sociedades. Además, en una tercera empresa aparecen juntos García Rocha y Mario Piña Hernández, también socio en Blanroj. Ninguno de ellos respondió a las solicitudes de información sobre estas conexiones.
La inhabilitación de Biomics Lab se dio tras descubrirse un sobrecosto estimado en 13 mil millones de pesos en la compra consolidada de medicamentos, proceso que terminó siendo cancelado. Sin embargo, con la apertura a adjudicaciones directas tras dicha cancelación, Servicios Empresariales Blanroj comenzó a recibir contratos con rapidez y bajo justificaciones que hacían referencia precisamente al fracaso de aquel procedimiento.
De 2020 a 2024, Biomics Lab había tenido una presencia discreta en el mercado público con apenas 76 millones de pesos en contratos. Pero en 2025 se le asignaron adquisiciones por más de 1,500 millones de pesos antes de ser sancionada. El relevo inmediato en las contrataciones, con montos similares y rubros prácticamente idénticos, recayó en Blanroj.
Desde 2019, el sistema de abasto de medicamentos en México ha enfrentado crisis recurrentes, luego de que la administración de Andrés Manuel López Obrador transfiriera las compras al control de la Secretaría de Hacienda, dejando de lado al Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, se vetaron a las principales distribuidoras del país, acusadas de prácticas monopólicas, y se intentaron sin éxito esquemas como la intervención de la ONU o la implementación de la Megafarmacia del Bienestar.
La Compra Consolidada 2025-2026 representaba un intento de retomar el modelo anterior, pero se lanzó tarde y con múltiples fallas. Al cancelarse, abrió la puerta a nuevas adjudicaciones directas, entre ellas las que ahora benefician a una empresa que, según documentos y registros notariales, está estrechamente relacionada con la compañía previamente sancionada. Hasta el momento, ni la Secretaría de Salud ni la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno han ofrecido una respuesta a los señalamientos ni han aclarado si habrá consecuencias por estas aparentes violaciones a la restricción legal de contratar con firmas sancionadas directa o indirectamente.
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