Ciudad de México, ene 6.- Un megaproyecto que la empresa de cruceros Royal Caribbean busca construir en la última playa pública de Cozumel, en Quintana Roo, podría causar daños ambientales permanentes en ese espacio costero, advirtieron organizaciones ambientalistas a partir de la información contenida en la Manifestación de Impacto Ambiental y documentos oficiales analizados por el portal Animal Político. El desarrollo proyectado contempla áreas recreativas y de acceso a la playa que, según los propios estudios presentados, ocasionarían impactos ecológicos severos e irreversibles si la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autoriza su construcción.
El proyecto, denominado Royal Beach Club Cozumel, fue presentado por la naviera ante la autoridad ambiental federal en noviembre de 2025 e ingresó formalmente al proceso de evaluación el 17 de diciembre pasado. La iniciativa prevé recibir hasta 4 mil visitantes diarios y ocupar una superficie total de 17.42 hectáreas en lo que hoy es una playa de acceso público al oeste de la isla, con infraestructura como albercas, restaurantes, áreas comerciales, servicios sanitarios y accesos directos al litoral, sin contemplar hospedaje nocturno.
De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad regional, al menos seis componentes ambientales presentarían afectaciones severas. Entre los principales impactos señalados se encuentran la reducción de la cobertura vegetal, que incluye selva mediana y vegetación costera, el daño directo a manglares y la pérdida irreversible de flora nativa. También se prevé una disminución permanente del hábitat de fauna silvestre y el desplazamiento de diversas especies.
Organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace México, han advertido que el proyecto incrementaría riesgos como la sedimentación, la contaminación y el estrés ecológico en arrecifes y manglares, ecosistemas considerados estratégicos para la protección de la isla frente al cambio climático y que cuentan con distintos niveles de protección legal. Las organizaciones sostienen que estos ecosistemas no pueden ser compensados ni reubicados sin consecuencias graves.
La empresa promotora argumenta que parte del terreno ya cuenta con uso turístico previo, con presencia de restaurantes, museos y muelles autorizados, y que el nuevo club de playa no implica la construcción de un hotel. Sin embargo, especialistas y colectivos locales alertan que la transformación de este espacio en un complejo turístico de acceso controlado podría restringir el uso social de la playa y limitar el acceso libre de la población.
El proyecto contempla distintas zonas internas, como área de llegada, alberca principal, mercado, playa norte y sur, villa sur y áreas de servicios. De las 17.42 hectáreas totales, alrededor de 1.1 hectáreas corresponden a la Zona Federal Marítimo Terrestre, destinadas a instalaciones semipermanentes, mientras que 4.29 hectáreas se localizan en zona terrestre privada donde se concentraría la infraestructura principal.
Ante este escenario, organizaciones ambientales y ciudadanos han exhortado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a negar la autorización del proyecto. A través de campañas de difusión y recolección de firmas, han señalado que el desarrollo representa un riesgo para la biodiversidad de Cozumel y para el derecho de acceso público a la playa, al tiempo que denuncian una posible privatización de un espacio natural clave para la isla.
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