Evidencian patrones reiterados de violaciones graves como militarización, violencia sexual contra mujeres e impunidad persistente. Muestran la responsabilidad del Estado y ordenan reparaciones integrales, entre otras acciones
Ciudad de México, 23/12/25 (Más).- México ha sido condenado en al menos 16 ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones graves a derechos humanos, una serie de sentencias que exhiben patrones reiterados como la participación de fuerzas militares, la violencia sexual contra mujeres y la persistente impunidad dentro del sistema de justicia, de acuerdo con especialistas en la materia.
La información fue documentada por el portal Animal Político, que da cuenta de que el más reciente fallo, emitido el 16 de diciembre, responsabiliza al Estado mexicano por la violación y tortura de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl de 73 años, agredida por miembros del Ejército en 2007 y quien falleció a causa de las lesiones y la falta de atención médica adecuada.
Aunque los hechos ocurrieron hace 18 años, la Corte IDH ordenó al gobierno mexicano implementar medidas de reparación integral y garantías de no repetición. Tras conocerse la sentencia, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su administración cumplirá con el fallo y subrayó que los hechos ocurrieron durante un gobierno anterior. Sin embargo, de los 16 casos contenciosos en los que México ha sido condenado, 9 fueron resueltos durante administraciones emanadas de Morena.
Especialistas como Santiago Aguirre Espinosa, exdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, advierten que las violaciones no pueden considerarse un asunto del pasado, ya que responden a problemas estructurales que persisten, entre ellos la militarización y las deficiencias del sistema jurídico. Señala que la recurrencia de estos casos demuestra que las agresiones continúan reproduciéndose bajo condiciones similares.
La Corte IDH, como tribunal regional, tiene la facultad de emitir sentencias definitivas e inapelables cuando determina que un Estado ha violado derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En sus resoluciones, no solo establece la responsabilidad internacional del Estado, sino que ordena indemnizaciones, atención médica, actos públicos de reconocimiento y reformas legales o institucionales para evitar la repetición de los hechos. México forma parte de este sistema desde 1981 y está obligado a acatar sus fallos.
Entre las sentencias dictadas contra el país destacan varios casos relacionados con violencia de género. Además del de Ernestina Ascencio, sobresale el de las mujeres víctimas de tortura sexual en San Salvador Atenco, quienes fueron detenidas arbitrariamente y agredidas por policías en 2006. En 2018, la Corte determinó que la violencia sexual fue utilizada como método de castigo e investigación y ordenó medidas de reparación, al concluir que las investigaciones internas fueron deficientes.
Otros fallos responsabilizan al Estado mexicano por feminicidios, como el de Lilia Alejandra García Andrade en Ciudad Juárez, así como por la falta de protección a familiares que han buscado justicia.
Para especialistas, aunque estas sentencias llegan de manera tardía, siguen siendo necesarias porque reconocen la lucha de las víctimas frente a procesos judiciales marcados por la revictimización y el descrédito.
La Corte IDH también ha condenado a México por el uso automático de la prisión preventiva oficiosa, al considerar que esta figura es incompatible con la Convención Americana al impedir un análisis judicial individualizado. Casos como los de Tzompaxtle Tecpile y García Rodríguez evidencian detenciones arbitrarias, tortura y violaciones a la libertad personal, en contraste con la postura de los gobiernos recientes que han defendido esta medida como herramienta central de seguridad pública.
En materia de desapariciones, el tribunal interamericano ha emitido sentencias por casos ocurridos en distintas entidades del país, desde Chiapas hasta Chihuahua, señalando la responsabilidad del Estado por desapariciones forzadas y por la falta de investigación efectiva. Aunque varios de estos expedientes son antiguos, la problemática continúa vigente, con cifras récord de personas desaparecidas durante el actual sexenio. De acuerdo con organizaciones civiles, esta deuda histórica que se arrastra de un gobierno a otro confirma que las sentencias de la Corte IDH no solo miran al pasado, sino que funcionan como un recordatorio de las obligaciones pendientes del Estado mexicano para garantizar justicia, verdad y reparación a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos.
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