El Golfo de México se ha convertido en un foco crítico de piratería en América Latina, con ataques a plataformas petroleras y embarcaciones comerciales vinculados a cárteles del narcotráfico. Las agresiones, que no incluyen secuestros, buscan evitar respuestas militares y se alimentan de la marginación en comunidades costeras
Redacción Más
El Golfo de México se ha convertido en una de las principales zonas de actividad pirata en América Latina, donde plataformas petroleras y embarcaciones comerciales han sido objeto de ataques protagonizados por grupos criminales vinculados al narcotráfico. Esta modalidad delictiva, en aumento a nivel global, ha tomado fuerza en las costas mexicanas, especialmente en áreas cercanas a infraestructura estratégica, como lo han documentado organizaciones especializadas en crimen organizado.
De acuerdo con el portal Infobae, durante el primer semestre de 2025 la piratería marítima global aumentó más de un 50% respecto al mismo periodo del año anterior, registrando su mayor crecimiento desde 2020. En este contexto, América Latina concentra entre el 10% y 15% de los incidentes reportados, destacando el Golfo de México como una de las regiones más afectadas, junto al Caribe venezolano y colombiano, y la costa del Pacífico entre Ecuador y Perú.
En el caso mexicano, las operaciones de piratas se han concentrado en torno a plataformas petroleras, donde operan con rapidez y en embarcaciones pequeñas.
Según Insight Crime, estas células delictivas cuentan con nexos con cárteles como el de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo, quienes también controlan redes de pesca ilegal, tráfico de drogas y robo de combustible. Las comunidades pesqueras locales son frecuentemente objeto de extorsiones para proporcionar información estratégica a los grupos criminales.
La violencia con la que se llevan a cabo estos actos distingue a la piratería mexicana de otras regiones del mundo. Los atacantes emplean machetes, cuchillos y palos para intimidar a las tripulaciones y robar insumos como motores, combustible, alimentos o pescados, sin recurrir al secuestro o toma de rehenes. Este patrón de violencia tiene el objetivo de maximizar el botín sin provocar una respuesta estatal desproporcionada.
Uno de los principales obstáculos para dimensionar el problema es la falta de reportes oficiales. Muchas víctimas prefieren guardar silencio por temor a represalias o al incremento en costos operativos, mientras que las autoridades suelen clasificar los ataques como “robos armados” por ocurrir en aguas territoriales mexicanas, lo que contribuye a un subregistro importante. “El mismo hecho se cataloga diferente porque ocurre a menos de 12 millas náuticas de la costa”, explicó Brandon Prins, investigador de la Universidad de Tennessee-Knoxville.
Por su parte, Cyrus Mody, de la Cámara de Comercio Internacional, advirtió que muchos Estados niegan la existencia de piratería en sus aguas, aunque los hechos tengan las mismas características. Esto impide que se tomen medidas adecuadas frente a un fenómeno que, en el caso de México, se ve agravado por la corrupción institucional y la débil presencia del Estado en zonas costeras vulnerables.
El perfil de los piratas mexicanos suele estar ligado a comunidades marginadas con pocas oportunidades económicas. En esas regiones, la piratería comparte rutas y redes logísticas con otras economías ilegales, mientras que el miedo y las amenazas silencian a las víctimas. Según Insight Crime, esta convergencia delictiva representa un desafío para las autoridades mexicanas, que enfrentan la expansión de redes criminales con alto grado de impunidad y sofisticación operativa.
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