Saltillo, Coahuila, 17/12/25 (Más).- Coahuila permanece como una de las ocho entidades del país que no han firmado el convenio de colaboración con la Federación para la universalización de la Pensión para Personas con Discapacidad, lo que limita el acceso a este apoyo para un amplio sector de la población de entre 30 y 64 años que no reside en comunidades indígenas, afromexicanas o con altos niveles de marginación.
El portal Programas para el Bienestar confirma que los estados firmantes del convenio –como Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Chiapas y Puebla– ya otorgan la pensión de forma universal a personas de 0 a 64 años.
En contraste, Coahuila, junto con Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, mantiene una cobertura restringida y solo contempla al grupo de 30 a 64 años cuando reside en zonas de alta marginación o con población indígena o afromexicana.
El pasado 10 de octubre, Cecilia Torres, encargada de programas del Bienestar en Saltillo, explicó que hasta ese momento no se había concretado el acuerdo con la Federación, lo cual ha impedido ampliar la cobertura del programa, como ya ocurre en 24 entidades del país.
Desde la estructura regional de Bienestar en La Laguna se ha señalado que más del 50% de las personas con discapacidad en Coahuila quedan fuera del padrón actual por ser mayores de 30 años y no vivir en zonas con los criterios especiales establecidos.
Con base en datos del Censo 2020 del INEGI, en Coahuila hay al menos 134,816 personas con discapacidad, lo que permite estimar que decenas de miles no reciben este apoyo económico debido a la falta de adhesión estatal al esquema federal.
La firma del convenio permitiría al estado participar en un mecanismo de coinversión con la Federación, aportando recursos propios que se transferirían al Fideicomiso para el Bienestar. En otras entidades donde este acuerdo ya opera, se aplica una lógica de financiamiento compartido –50% la Federación y 50% el Estado–, y se da seguimiento con informes trimestrales sobre el uso del recurso y la ampliación del padrón de beneficiarios.
También en octubre pasado, el diputado local Alberto Hurtado Vera informó que la legisladora Delia Hernández presentó un exhorto en el Congreso de Coahuila para que el Ejecutivo estatal firmara el convenio. No obstante, la propuesta fue rechazada por la mayoría integrada por los partidos PRI y PAN, bajo argumentos que no fueron detallados públicamente.
La falta de este convenio tiene efectos directos en la vida de las personas adultas con discapacidad, quienes permanecen excluidas de un derecho que en otras entidades ya se reconoce como parte de una política pública universal. Activistas, beneficiarios y familias han señalado que esta omisión vulnera derechos fundamentales y refleja una falta de voluntad política para coordinar con la Federación en la protección social de los sectores más vulnerables.
Mientras tanto, la diferencia en la aplicación del programa entre estados deja a Coahuila rezagado en el acceso equitativo a los programas del Bienestar, afectando a miles de personas con discapacidad que hoy siguen esperando una respuesta institucional.
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