Saltillo, Coahuila, 05/12/25 (Más).- La figura de Enrique Flores Ruiz, actual director de Notarías en Coahuila, se encuentra bajo creciente escrutinio público debido a cuestionamientos sobre su patrimonio y su desempeño como funcionario.
Desde su llegada al cargo en 2019, Flores Ruiz ha sostenido que no posee empresas ni participaciones privadas y que percibe un ingreso neto mensual de aproximadamente 47 mil pesos. Sin embargo, esa cifra contrasta con la propiedad de cinco bienes inmuebles, lo que ha generado sospechas en torno a la coherencia entre su salario y su nivel de vida.
De acuerdo con una columna de Hiroshi Takahashi publicada en El Sol de México, el funcionario reporta en su declaración patrimonial dos propiedades adquiridas mediante créditos –una por 2.2 millones de pesos en 2019 y otra por 1.1 millones–, además de tres inmuebles más obtenidos por donación en 1983 y 1995.
“Si bien la adquisición vía crédito podría explicarse con recursos legítimos”, escribe el articulista, “el hecho de contar con cinco bienes raíces –más aún, tres heredados o donados– ha despertado dudas sobre el origen y eventual significado de dichas donaciones, así como sobre la posibilidad de que exista patrimonio no declarado o vínculos económicos no informados”.
En particular, la columna llama la atención sobre el posible trasfondo de las propiedades recibidas hace décadas: “La ciudadanía tiene derecho a conocer si las donaciones reportadas en su declaración patrimonial corresponden a bienes heredados desde hace décadas, o si, por el contrario, podrían representar actos de favorecimiento, complicidades registrales o transferencias bajo condiciones ‘especiales’”, agrega.
Los cuestionamientos surgen en un contexto de tensión dentro del sistema notarial coahuilense, donde se han registrado clausuras y expedientes abiertos contra fedatarios en varios municipios como Sabinas, Morelos, Torreón y Arteaga. Aunque oficialmente se trata de una estrategia de supervisión, las medidas han desatado críticas por su aparente discrecionalidad y falta de criterios uniformes.
Hiroshi Takahashi explica que en visitas recientes a ciudadanos afectados por operaciones inmobiliarias fallidas –casos en los que compradores nunca recibieron escrituras debido a conflictos legales sobre los predios–, Flores Ruiz ha sido interpelado directamente para que aclare el origen exacto de las donaciones de 1983 y 1995, así como los mecanismos de financiamiento utilizados para las adquisiciones de 2019 y presente un desglose de ingresos y ahorros que permita demostrar la coherencia entre sus ingresos declarados y su patrimonio.
También se le ha exigido confirmar públicamente que no existan empresas, fideicomisos o participaciones privadas que no haya declarado, ante la sospecha de que podría existir un patrimonio no reportado. “No olvidemos que a Ruiz lo persigue el mal sabor de boca que dejó su gestión como coordinador jurídico de la Secretaría de Educación de Coahuila, donde reportó la baja de más de 50 docentes por diversas faltas, y el emblemático caso de una agresión cometida por una maestra, en donde la opinión pública lo tachó de lavarse las manos”, señala el articulista de El Sol de México.
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